Pescadores presentan tutela en defensa de la Ciénaga Grande de Santa Marta

La Sala Quinta del Tribunal Superior de Santa Marta decidió dar trámite a la acción de tutela. Durante los próximos días los pescadores deberán recibir una respuesta oficial.

Redacción Medio Ambiente
21 de noviembre de 2016 - 05:32 p. m.
Tatiana Pardo
Tatiana Pardo

Desde hace varios meses ambientalistas, lugareños y medios de comunicación vienen denunciando la crisis por la que atraviesa la Ciénaga Grande de Santa Marta, un ecosistema estratégico compuesto por un conjunto de lagunas y humedales costeros, declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO y protegido por la Convención RAMSAR.

El aumento de la salinidad en el complejo de humedales como consecuencia de la deficiencia en el dragado de caños, la sedimentación de los ríos, la quema de bosques, la construcción no autorizada de diques, la ganadería y obras de infraestructura, son algunas de las actividades que ponen en vilo la salud de la Ciénaga y la economía local dada la mortandad de peces que se ha venido presentando en la zona.

Por esta razón, dos voceros de grupos de pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ayudados por Dejusticia y el Grupo de Litigio Estratégico y de Interés Público de la Universidad del Norte, presentaron una acción de tutela el pasado 10 de noviembre en defensa de los derechos fundamentales al medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo y a la libertad de oficio, a la alimentación y al agua de las comunidades que habitan esta región.

Dentro de las solicitudes presentadas en la tutela se encuentran: la adopción de un plan estratégico para superar las condiciones de deterioro ambiental del ecosistema; el diseño e implementación del plan de manejo ambiental y zonificación para el humedal RAMSAR; realizar el mantenimiento adecuado a los caños y ríos que nutren de agua dulce al ecosistema; y que se ordene a las autoridades ambientales y organismos de control realizar las investigaciones pertinentes para definir eventuales responsabilidades de funcionarios y particulares en relación con la crisis ambiental que afronta la región.

La acción judicial se interpuso contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, El Ministerio de Agricultura–Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG–, Parques Nacionales Naturales, el Departamento del Magdalena, las alcaldías de catorce municipios de la zona, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y tres contratistas del Estado.

Por Redacción Medio Ambiente

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