Petro sanciona el tratado de Escazú: ya es ley de la República

El presidente sanciona el Acuerdo de Escazú. /Twitter Gustavo Petro

Foto: Twitter Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro sancionó este sábado el Acuerdo de Escazú, casi un mes después de que el Congreso aprobara el proyecto. “Poder a la ciudadanía para defender la Vida y la Naturaleza”, escribió Petro en el tuit en el que dio a conocer la sanción presidencial. La Corte Constitucional tendrá que realizar un examen de sí Escazú es acorde a los mandatos de la constitución.

Escazú tiene tres objetivos principales: el acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales; la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales; y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

Sobre este último punto, vale la pena recordar que el último informe de la ONG Global Witness advirtió que en 2021 asesinaron a 33 líderes ambientales en el país. A nivel mundial, los países más inseguros para los defensores ambientales son México, Colombia y Brasil, de los cuales, solo falta Brasil por ratificarlo. Colombia es el país número 14 en ratificar el Acuerdo de Escazú, entre los 24 que lo firmaron.

¿Cómo se implementaría?

La pregunta del millón es cómo se aterrizará Escazú en el país teniendo en cuenta las políticas ambientales que ya tiene Colombia. Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que cada país debe implementar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su aparato institucional y sus conflictos ambientales. Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, detalla lo que se hará es “tomar la reglamentación de Escazú, tomar la reglamentación que existe en Colombia y hacer un vínculo: cuál es más garantista y cómo fortalecemos”.

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Sierra explica que tras la ratificación están previstas unas mesas de diálogo “para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación” y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.

Hasta la fecha el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile y Colombia.