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En el Congreso Mundial de Áreas Protegidas, de 2014, que se celebró en Sídney, Australia, la delegación colombiana sacó pecho al demostrar que una isla como Gorgona, que en el pasado albergó una cárcel, se había recuperado y gozaba de buena salud gracias al manejo especial que se le dio desde que se declaró como parque natural, en 1986, por el presidente Belisario Betancur. (Lea: Gorgona: ¿de parque natural a base naval?)
En aquella ocasión, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza decidió incluir, en la Lista Verde, a Gorgona, ubicada 35 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano, con apenas 9 kilómetro de longitud por 2,5 kilómetros de ancho. Se trata de un recuento de las iniciativas de conservación más exitosas.
Ayer, El Espectador reveló que, a espaldas del país, el 31 de diciembre de 2015, el entonces director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui, con el visto bueno de la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, otorgó una licencia ambiental para la construcción de una base naval en el estrecho islote. De acuerdo con el plan de la Armada Nacional, allí se construirían un muelle de 163 metros de longitud y una torre metálica de 55 metros de altura, que soportará un radar de alta potencia en el cerro Trinidad, que es el punto más alto de la isla, y unas instalaciones para 28 personas. (Lea: Armada Nacional responde por la base que construirá en el Parque Gorgona)
A las voces de científicos que han trabajado en la “Isla de Ciencia”, como se le bautizó al dejar de ser una prisión, se sumaron los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Esta asociación de científicos es la encargada de estudiar la declaración de las áreas protegidas del país.
En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, los miembros de la Academia expresaron su preocupación por la decisión. “La ejecución de las obras planteadas contradice las actividades permitidas en los parques nacionales y atenta contra su integralidad ecológica”.
Los científicos consideran que esas obras “ejercen muy severos impactos ambientales a estos ecosistemas únicos” y que esta decisión “no está en armonía con la política del Gobierno en materia de ampliación de áreas protegidas”.
La carta concluye solicitando a Santos que intervenga y ordene la suspensión de las obras. Todo indica que el comienzo de la construcción, por la Armada, está prevista para este diciembre.
La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, justificó la decisión al argumentar: “La zona tiene gravísimos problemas de orden público y narcotráfico”.