Representantes de la sociedad civil de los países amazónicos pidieron hoy, durante el foro "Megaproyectos, desarrollo e integración de Suramérica", que se realiza en la ciudad brasileña de Belén de Pará, "más diálogo y menos retórica" sobre los asuntos de infraestructura en la región.
"Queremos más diálogo y menos retórica, pues cuando se 'integró' a la comunidad en los grandes proyectos, como (la hidroeléctrica de) Belo Monte, fuimos informados y no consultados. La comunicación era de un solo lado", señaló a Efe el profesor Fabiano de Oliveira Vitoriano, del Movimiento de Afectados de Represas de Altamira (Pará).
Para el activista, el "megaproyecto" de Belo Monte, que comenzó a ser construido en 2011 y espera entrar en operación en 2015, con un costo inicial de 3.000 millones de dólares, es un "juego político" en el que algunas esferas del Gobierno cedieron a los grandes inversores, sin tener en cuenta el "impacto social y ambiental".
La polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que se construye en la selva amazónica, será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, inundará 506 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse a entre 16.000 y 25.000 personas.
No obstante, las deficiencias en las consultas previas a los indígenas y comunidades de la región motivaron un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que solicitó en 2011 la suspensión de las obras, a lo que se opuso el Gobierno brasileño.
De Oliveira Vitoriano expuso que Altamira, con una población de 95.000 habitantes hace tres años, tiene hoy en su perímetro urbano más de 150.000 personas.
"En Altamira ya convivimos con favelas, accidentes de tráfico, prostitución desmedida, propagación de enfermedades y otros problemas que no teníamos ni conocíamos", resaltó el líder social.
La hidroeléctrica, que se levanta en el río Xingú, afluente del Amazonas, tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios, por lo que el Gobierno la considera como una obra esencial para garantizar el suministro de energía del país.
En el foro, promovido por la agencia informativa IPS y la estadounidense Fundación Mott, participan hasta el lunes académicos, especialistas, representantes de Gobiernos locales, periodistas y activistas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Italia, Estados Unidos y Brasil.
En el primer día de debates, el profesor Alfredo Wagner, coordinador del Proyecto de Cartografía Social de la Amazonía de la Universidad Federal del Amazonas (Ufam), en Manaus, cuestionó la "ambigüedad de la política ambiental" existente y subrayó que "los movimientos reaccionan de manera diferente".
En el caso de la expansión de "megaproyectos" en la región, Wagner instó a la sociedad a "organizarse y hacerse sentir más", pues a su juicio "los partidos políticos perdieron la aspiración de movilización y la manera de hacer política cambió".
"Las cosas están funcionando sólo para las empresas y la desigualdad en la región aumentó", indicó el especialista a Efe.
Para Wagner, la falta de dialogo llevó a que un proyecto como el corredor terrestre y fluvial Pacífico-Atlántico, impulsado por la Iniciativa de Integración Regional suramericana (IIRSA), "no esté alcanzando sus objetivos".
"Este eje está sirviendo para el tráfico de drogas, armas y personas, como los más de 8.000 haitianos que llegaron a Brasil por ese corredor", apuntó.
El proyecto, conocido como Eje Multimodal del Amazonas, unirá el nordeste de Brasil, en el Atlántico, pasando por su región amazónica, con el puerto colombiano de Tumaco, en el Pacífico, para promover el comercio exterior.
Un estudio divulgado el viernes por la Sociedad Brasileña para el Progreso y la Ciencia señaló que 17 de los 20 mayores proyectos desarrollados en los países amazónicos por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil tienen acciones judiciales en el Ministerio Público brasileño.
Los principales problemas, de acuerdo con el informe, identificaron denuncias en su mayoría relacionadas al impacto ambiental, abusos laborales y de falta de diálogo con las comunidades.