23 Nov 2018 - 5:05 p. m.

Radican proyecto de ley para la reducir la deforestación

El proyecto de ley involucra Alcaldías, Gobernaciones, Corporaciones, Ministerios y al Ideam, con el fin de que realicen un trabajo en conjunto, que permita reducir de manera significativa en Colombia las cifras de deforestación.

- Redacción Vivir

Colombia es el décimo país más deforestado del mundo, en los últimos 8 años perdió 1,3 millones de hectáreas de bosque. De acuerdo con el del Ministerio de Medio Ambiente, el último año se dispararon las cifras de deforestación respecto a los seis anteriores. En 2017 el país perdió 219.973 hectáreas de bosque, aumentó en un 23% respecto al 2016.

Por otro lado, en los últimos 50 años, la temperatura promedio global aumentó 170 veces más que la tasa de referencia. El 20% de la Amazonía desaparecido en solo 50 años. El Ideam confirmó que los bosques ya no ocupan la mitad del país, en los últimos ocho años, Colombia ha perdido más de 2 millones de hectáreas boscosas, un panorama que sigue creciendo.

El Representante a la Cámara, José Caicedo (que también es Ingeniero Forestal) radicó el primer proyecto de ley que pretende brindarle al gobierno las herramientas que se requieren para  atender efectivamente y controlar el grave problema de la deforestación del país.

“Por primera vez se radicó un proyecto de ley que exige estructurar e implementar un sistema de cadena de custodia de los productos forestales que se produzcan o se comercialicen en el país, con el fin de que se asegure la procedencia legal de la madera que es utilizada en productos forestales como muebles, papel, estivas, entre otros. Esa exigencia se le hará al Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Caicedo.

Uno de los puntos más importantes es que se exige hacer un inventario de todos los bosques en predios públicos, privados y en los baldíos nacionales para poder tener una contabilidad de las áreas boscosas que se tienen.

Igualmente, se le solicita al Ideam que oficialice, implemente y mantenga a disposición del público el sistema de monitoreo de la deforestación y el carbono que viene implementando, y que además que acompañarse de unas acciones adicionales a las que se están implementando en la actualidad (aunque esto parece una repetición de lo que ha hecho la entidad desde hace cinco años). 

Se le exige a esta misma entidad la implementación de un modelo de riesgo de deforestación, que identifique con diferentes variables cuáles zonas tienen mayor riesgo de seguir siendo deforestadas, y al gobierno nacional que con base en el modelo de riesgo se estructure la inversión de los recursos que se van a destinar al control de la deforestación, para orientarlos a zonas que son importantes por los servicios que ofrecen y que pueden estar en alto riesgo de deforestación. (Deforestación se duplicó en la Amazonía)

Respecto al tema agrícola, se le prohíbe al Ministerio de Agricultura entregar subsidios, incentivos, o apoyos gubernamentales a actividades agrícolas y ganaderas que se vayan a desarrollar por parte de personas o en predios que hayan sido investigadas por deforestación u objeto de deforestación.

En el proyecto se le exige a las Corporaciones Autónomas Regionales,  Gobernaciones y a las Alcaldías, que con el apoyo de la policía implementen acciones de control efectivas al tráfico ilegal de maderas y otros productos forestales haciendo control en las carreteras nacionales, departamentales o veredales, en viveros, en plantaciones forestales o establecimientos de aprovechamiento, transformación, distribución o comercialización de productos forestales.

Y se le exige a la Contraloría en su informe anual sobre el estado de los recursos naturales, incluir un capítulo específico, en relación con la situación de la deforestación y se le pide al min de ambiente entregar anualmente un informe al Congreso también en esta materia.

Las competencias que hasta hoy ha tenido el ICA en materia de plantaciones forestales para expedir permisos y salvo conductos, se le deben pasar nuevamente a las Corporaciones Autónomas Regionales, para que sea una sola autoridad la que controle todo lo que es el aprovechamiento natural, ya sea de bosque nativo o bosque plantado.

Se propone crear una inversión forzosa para todo aquel que sea beneficiario de un permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural primario o secundario, que asciende a un valor equivalente al costo de las hectáreas de bosque que sean aprovechadas, para ser dirigidas efectivamente a desarrollar acciones de control a la deforestación de acuerdo con una reglamentación que expedirá el gobierno nacional.

Se le ordena a las autoridades que dentro de los planes de ordenación forestal POF, que incluyan acciones a desarrollar para el control de la deforestación, porque en esos planes de ordenación forestal solo se hacen zonificaciones, pero no se determinan acciones en este sentido. De este modo también se le pide al Ministerio de Medio Ambiente revisar y actualizar anualmente el listado de las especies que puedan verse afectadas por deforestación.

Se imponen mayores controles a la información que se registra en el libro de operación de las empresas forestales, y se plantea que cualquier información errada o falsa que se incluya por parte de estas empresas en el libro de operaciones, la cual será sancionada no solamente como infracción administrativa ambiental en virtud de el régimen sancionatorio ambiental, sino también penalmente como un delito de falsedad en documento público.

Se prohíbe otorgar certificados de incentivo forestal a personas que hayan sido investigadas o sancionadas por hechos de deforestación, o para beneficio de predios que hayan sido previamente deforestados.

Se exige que dentro del pago por servicios ambientales se estructuren esquemas orientados a generar un incentivo económico, a los propietarios de predios que posean bosque nativo con el fin de evitar que en ellos se realicen actos de deforestación.

También se le exige al Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo del Ministerio de Ambiente, que coordine con sus autoridades homólogas de los países vecinos el establecimiento de mesas técnicas para implementar acciones conjuntas de control a la deforestación y al tráfico internacional de productos forestales.

Se propone que los gobernadores y alcaldes tengan la obligación de brindar apoyo y hacer acciones efectivas de control a la deforestación en sus respectivos territorios.

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