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Tan sólo un mes más tarde del anuncio de la OMS, el presidente Santos dio la orden de suspender las fumigaciones aéreas. Hoy, casi un año después de esa decisión, el Consejo Nacional de Estupefacientes le devuelve a la Policía Nacional el permiso para utilizar el cuestionado herbicida, pero con algunas condiciones: sólo lo podrá hacer con fumigación directa, implementar un protocolo de seguridad, proponer un plan de manejo ambiental que tendrá que ser avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que se lleve a cabo una evaluación a la prueba piloto que realiza la Policía Antinarcóticos desde finales del año pasado en Chocó y Nariño.
La suspensión de las aspersiones aéreas nunca cayó bien en las Fuerzas Armadas. Desde hace un año los altos mandos reclamaban el derecho a usar el herbicida en su estrategia de guerra contra las drogas. Una guerra que en 2015 no iba por buen camino. De hecho, según un informe de la Casa Blanca, el año pasado las hectáreas cultivadas con coca llegaron a 159.000, una cifra que no se veía desde 2007 y que representa un aumento del 42 % con respecto a los cultivos registrados en 2014.
Para analistas como Daniel Rico, exasesor de Política Antinarcóticos del Mindefensa y miembro de la Fundación Ideas para la Paz, la nueva estrategia que aprobó el Gobierno no es eficiente por los costos económicos y humanos que puede llegar a tener. Según él, el riesgo que corren los soldados encargados de llevarla a cabo es muy alto, porque estarán expuestos a minas antipersonales y a disparos. Además, el precio de tener en funcionamiento un helicóptero que desplace la tropa ronda los $18 millones por hora.
Al menos seis meses tomaría a la Policía Nacional cumplir con estos requisitos y regresar con su batallón de fumigadores.