6 Apr 2017 - 2:47 a. m.

Si se sabía hace 9 meses lo de Mocoa, ¿por qué pasó?

Cada año, en promedio, en Colombia se presentan 2.399 emergencias. Prevenir la próxima tragedia y actuar a tiempo tal vez sea más difícil de lo que muchos creen.

PABLO CORREA

En la noche del 31 de marzo el Ideam emitió un boletín meteorológico en el que alertó sobre la intensa lluvia en algunas regiones de Colombia. Entre ellas estaba el departamento del Putumayo. Horas más tarde, mientras los equipos de rescate se movilizaban hacia su capital, Mocoa, para auxiliar a cientos de personas afectadas por el desbordamiento de tres quebradas, el director de Corpoamazonía aseguró que sus técnicos lo habían advertido nueve meses atrás. Un par de días más tarde de la tragedia, la Universidad Nacional se sumó al grupo de “yo se los dije” recordando que existe 385 cabeceras municipales en riesgo y lo mismo hizo el Instituto Sinchi reclamando que lleva años rogando que no se siga deforestando la Amazonía, según ellos, la principal causa del problema.

¿Si era tan claro que ocurriría una tragedia en Mocoa, y sus causas estaban nítidas, por qué no fue posible evitarla? Es fácil acusar a diestra y siniestra, reclamar que se podía prevenir. Pero el riesgo de desastres asociados a eventos naturales en Colombia parece un asunto un poco más complejo que una alerta escondida en un papel. 

La tercera parte del país en riesgo

Puede ser que tanto el Ideam y Corpoamazonía hayan advertido del peligro en Mocoa. Pero esa advertencia equivale a una aguja en un pajar de información. El Ideam emite boletines informativos cada cuatro a seis horas durante 365 días al año y para todo el país. Para un ciudadano, una comunidad o un mandatario local es muy difícil conectar cada uno de esos boletines con un riesgo real y saber exactamente cuándo actuar. La mayoría de alertas no terminan en dolorosas tragedias.

 Así como Corpoamazonía apuntó en un informe los riesgos de la región, en decenas de instituciones o informes están consignados los riesgos que acechan en Colombia, existen centenares de documentos con los que fácilmente se pueden construir mapas de riesgo. Lo problemático radica en que ese riesgo está latente en casi todo el país. “Desastre de Mocoa se puede repetir en otros 385 municipios” decía el comunicado de prensa emitido por la Universidad Nacional, “Si no se toman las medidas efectivas correspondientes, el lamentable hecho ocurrido en Mocoa se puede repetir en 385 municipios ubicados en zona de influencia de ríos”. Si se reformula un poco la advertencia podría traducirse en: “es necesario reconstruir la tercera parte de Colombia”.

Actuar sobre la tercera parte de Colombia, volver a planearla tomaría muchos años, millones y millones de recursos mientras los fenómenos climáticos se presentan semana tras semana, mes tras mes, año tras año. En el país, entre 2006 y 2014 se reportaron 21.594 emergencias generadas por eventos de origen natural, de los cuales 14.853 correspondieron a eventos hidrometeorológicos. La principal causa de ellos son las inundaciones y los deslizamientos. Puestas las cifras de otra manera, cada año los colombianos se enfrentan a una peligrosa lotería: ocurren 2.399 emergencias.

 Un análisis de Planeación Nacional de ese período concluyó que, de 48.203.405 habitantes colombianos, la cuarta parte (12.298.849) ha resultado damnificada por desastres de origen natural.  Es decir, el equivalente al 26% de la población nacional. ¿Qué tan fácil es predecir una tragedia con esos dados sobre la mesa? No tan fácil.  

Replantear todos los barrios y municipios en riesgo resulta un poco irrealista. Si tomó siete años reconstruir apenas el 69% de un pequeño pueblo como Gramalote (5.000 habitantes) y se les cayó un puente a los ingenieros militares para conectar la Escuela Superior de Guerra y las viviendas fiscales de los militares, parece difícil soñar con remendar en un tiempo razonable la tercera parte de un país que creció sobre una geografía inestable, con montañas por las que chorrean centenares de ríos y quebradas, vulnerable al cambio climático.

 Un informe internacional sitúa a Colombia en el puesto 82 de riesgo entre 171 países. A media tabla entre Vanuatu, cuyos habitantes prácticamente deben abandonar la isla, hasta Qatar, en el último puesto, el lugar más seguro del planeta.

 

¿Para qué eran los POT?

“Cualquier experto que mire la situación de Mocoa sabe que algo podía pasar ahí”, dice Germán Vargas Cuervo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional quien dedicó su tesis de doctorado a estudiar deslizamientos en Los Andes y es experto en uso de sensores remotos para prevenir riesgos. Mocoa, como muchas otras poblaciones colombianas, creció al lado de “ríos del piedemonte”. Este tipo de ríos bajan encajonados por las cordilleras y antes de tocar un área plana, un valle, generan un abanico donde descargan toda su energía extra en temporadas de fuertes lluvias.

En opinión del profesor Vargas, un primer problema es que la información que permite tomar decisiones tiene muchas deficiencias. La más importante: la mayoría de mapas en Colombia están a escala 1:100.000 mientras en países desarrollados el nivel de resolución llega a 1:10.000.

El siguiente problema para Vargas son los Planes de Ordenamiento Territorial. El instrumento que debería guiar la planeación muchas veces se realiza mal. “A los municipios se les dan recursos importantes para sacar adelante los planes de ordenamiento. Ellos deben contratar estudios detallados. Pero lo que uno ve es que contratan los estudios para cumplir”, apunta Vargas, “las instituciones se vuelven burócratas y no operativas”.

No le falta razón. Otro informe de Planeación Nacional señala que, para finales de 2016, un total de 916 municipios (de 1.102 que existen en el país) tenían Planes de Ordenamiento Territorial obsoletos frente a las nuevas condiciones ambientales y sólo el tres por ciento de los municipios tiene estudios sobre amenazas y riesgos naturales.

 “Los municipios no tienen los recursos ni la capacidad técnica para adelantar la actualización del POT”. Es más, muchos ni siquiera tienen las capacidades para acceder a la información necesaria para cumplir con la actualización”, señaló Planeación Nacional en uno de sus informes.

 

No le echen la culpa a la naturaleza

 Gustavo Wilches Chaux, a quien le gusta decir que es "exalumno del terremoto de Popayán y exalumno del terremoto de Tierradentro, con un postgrado en el terremoto del Eje Cafetero", dice que “hay una complejidad muy grande en casos como el de Mocoa. No es hacer un decreto y todo se soluciona. Hay décadas de problemas acumulados”.

Frente al costoso y difícil proceso de reubicar poblaciones, dice que la respuesta son los “sistemas de alerta temprana”. Pero esa solución necesita coordinación, buena voluntad política, participación de la comunidad, algunos recursos y, sobretodo, la persistencia en el tiempo. Chaux recuerda que en el terremoto de Paez, en 1984, murieron cerca de1.200 personas. En 2008 se repitió una avalancha y sólo fallecieron 10 personas. Además de la reubicación de un número importante, también funcionó el sistema de alerta temprana construido con esfuerzo por muchos años.

“¿Qué me frustra en todo esto? Que la gente siga hablando de desastre natural. Cuando le echan la culpa a la naturaleza se pierde la relación causa efecto con el comportamiento del hombre. Me frustra que la gestión del riesgo sigue siendo accesoria, misteriosa, una tarea de técnicos y no de entender el desarrollo”, dice Wilches.

Pero suponiendo que la información de riesgo fuera precisa y completa y que los Planes de Ordenamiento Territorial estuvieran actualizados y no los hubiera hecho el amigo del alcalde, hay otra barrera para minimizar las tragedias.

Si el búho canta, es porque algo va a pasar

Yolanda Hernández, profesora de la maestría de desarrollo y gestión ambiental de la Universidad Distrital, la llama “la vulnerabilidad inocente”, es decir, que las personas que se instalan en un territorio muchas veces lo hacen consientes de los riesgos, pero están allí porque le sacan algún provecho.

Hernández lleva muchos años estudiando un aspecto interesante de este problema: ¿Cómo miden el riesgo las personas de acuerdo a su cultura? “Los humanos percibimos el riesgo de forma distinta. Un técnico construye mapas y análisis desde su perspectiva, pero los que viven en los territorios han hecho un análisis del nivel de riesgo que puede soportar de otra manera”, dice.

Luego de visitar comunidades que viven cerca de volcanes, que conviven con montañas a punto de deslizarse sobre sus cabezas, en regiones afectadas previamente por terremotos y en otras donde las inundaciones, como en el canal del Dique, son cosa de todos los días, aprendió que “la gente genera unas narrativas sobre esos riesgos y genera unos acuerdos. Y hasta explicaciones míticas”.

 Recuerda el caso de comunidades andinas en las que sí “el búho canta, es porque anuncia algo malo”, y en casos de comunidades urbanas ha encontrado personas que atribuyen problemas a que “la tierra se despereza”. También ha aprendido que las personas que viven en zonas de deslizamiento lo saben, pero creen que tienen “calibrado el problema”.

Antes de investigar esta dimensión del problema, cuando era funcionaria del Ministerio de Desarrollo, justo después de que se promulgó la ley que ordenaba crear Planes de Ordenamiento Territorial, Hernández tuvo que recorrer el país socializando la ley.

“Iba de ciudad en ciudad socializando la ley y había mucha resistencia. El espíritu de la ley era decirles a todos, actores privados, alcalde, consejo, pongámonos de acuerdo en el objetivo del territorio. Pero la gente la mayoría de las veces no es capaz de ver más allá de su interés particular. Dejar de lado esa visión tan individual y construir un objetivo común es muy difícil”.

La ley del más fuerte

 Carmenza Saldías, ex directora de Planeación Distrital durante la alcaldía de Antanas Mockus y una de las urbanistas más respetadas del país, cree que la mejor gestión del riesgo es la planeación. Pero el principal ingrediente para lograrlo es bastante escaso en Colombia: voluntad política.

En Colombia, dice, la planeación por lo general depende “del querer del más fuerte” y eso muchas veces significa intereses privados de un político, de un especulador de tierras, constructoras, de políticas nacionales que pasan por encima de los intereses de un municipio.  

“Si la planeación se hace con seriedad los riesgos no se eliminan, pero las probabilidades de que ocurran o su impacto se reducen. El problema es que nadie lo felicita a uno por eso, por evitar la muerte de personas”, dice.

Ella cree que hay una brecha muy grande de información y capacidad de gestión entre el nivel nacional y el local. Mientras el Departamento de Planeación Nacional trabajan varios cientos de funcionarios, bien pagos, con la mejor educación y un acceso a información de primer nivel, “la precariedad de los aparatos públicos territoriales, con excepciones, es brutal”.

Y le añade otra arista al asunto: “En Colombia no ha habido descentralización completa”.  En su opinión, el Gobierno Nacional sigue tomando decisiones que muchas veces van en contravía de las necesidades territoriales. Carreteras, proyectos mineros, son decididos a nivel central y los alcaldes son sólo espectadores de piedra. En esa puja de poder, es difícil hacer una planeación territorial efectiva.

Políticos y científicos por orillas distintas

¿Por qué con tanta información no se han llevado a cabo las acciones apropiadas?, se pregunta José Daniel Pabó, meteorólogo, ex subdirector del Ideam y profesor de la U. Nacional, “la conexión entre la ciencia y la política está rota. Tenemos que analizar nuestras culpas. La ciencia no se ha podido conectar con la política”.

Mientras unos dicen “yo lo dije” y la Fiscalía junto a la Procuraduría ya ordenaron sendas investigaciones - sin que todavía hayan revelado las que comenzaron con la sequía de Casanare, la Ola Invernal de 2010 o la de Salgar en Antioquia, Medicina Legal sigue contando muertos: en su último reporte, cuatro días después de la avalancha en Mocoa, anotó 301.

 

 

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