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Una de las propuestas que más ha repetido el presidente Gustavo Petro desde que estaba en campaña es que hará que Colombia sea una sociedad “movida por el sol, el viento y el agua”. Su gobierno, indicó en una sección de su plan, sentará las bases para la transición energética. En ese documento señaló a La Guajira como el epicentro para las energías renovables.
Por su ubicación, este departamento tiene unas condiciones privilegiadas frente a la presencia de vientos y radiación solar. Según el Ministerio de Minas y Energía, la velocidad del viento es el doble que el promedio mundial y la radiación solar puede ser hasta 60 % mayor que en otras partes del mundo.
Para 2025, 16 parques entrarían en funcionamiento, pero el impacto de casi la mitad de ellos depende del éxito de otro proyecto: Colectora, que servirá para “sacar” la energía generada por siete parques para el SIN. El proyecto incluye líneas de transmisión (que transportan energía) y la construcción de una nueva subestación, así como la ampliación de otras dos. Estas sirven para bajar la tensión de la energía y distribuirla, sin inconvenientes, a los centros de consumo. (También puede leer: Transición energética: ¿qué sabemos entre tantos mensajes confusos?)
Aunque inicialmente se tenía contemplado que el proyecto empezara a funcionar en noviembre del año pasado, la fecha de entrega de Colectora se ha ido aplazando, y ahora se espera que sea hacia finales de 2025, aunque es posible que tarde más tiempo, informó el Grupo Energía Bogotá (GEB), encargado de la iniciativa. Un extenso proceso de consulta previa con más de 200 comunidades indígenas y afrocolombianas -que aún sigue en camino- ha extendido los tiempos y deja entrever las complejidades de adelantar proyectos de energías renovables en la Alta y Media Guajira.
Los retrasos del proyecto que llevará la mitad de la energía eólica al país
Emprender el viaje a uno de los puntos donde estará una parte del proyecto Colectora toma varias horas desde Riohacha y requiere la guía de expertos navegando por la región. Después de andar por la vía Uribia-Puerto Bolívar hay que pasar por encima de la línea del tren de Cerrejón, para desviar por el kilómetro 108. Este es un camino abierto por los pobladores locales, rodeado de hierbas a ras de piso, cactus y chivos.
Cada cierto tiempo se ven pequeñas señalizaciones que marcan las entradas a distintas comunidades wayuus. “Bienvenido a comunidad Alemazain”, se lee en una placa de acero. Entre 45 minutos y una hora, después de entrar por el kilómetro 108, se ve la que indica la llegada a la comunidad Mashalerain. En Google Maps aparece con un nombre equivocado, Masharrerain. Es un terreno de unos 10 km2, donde viven menos de 150 personas y está lleno de grupos de chivos pequeños que juegan con los niños.
Allí estará la nueva subestación Colectora, el primer lugar donde llegará la generación de energía de siete parques eólicos en La Guajira, dos de Enel, uno de EPM y cuatro de Jemeiwaa Ka’l. Entre estos sumarían una capacidad de 1.050 megavatios. “¿Será que ahora quedaremos metidos bajo telarañas?”, se pregunta un líder local que pidió no ser identificado.
La energía de los parques se transportará por medio de dos líneas de transmisión de 110 km cada una hasta la subestación Cuestecitas, en el municipio de Albania. De ahí, la energía saldrá hasta la subestación La Loma, en El Paso (Cesar). Las líneas de transmisión recorrerán, en total, 470 km entre los dos departamentos.
Pero ahora, ni en Mashalerain ni en las otras comunidades cercanas se ven rastros del proyecto, pues la construcción no ha podido iniciar. En el lugar donde quedará la subestación Colectora, de un área de 4,42 km2, solo se ve trupillo, hierbas y cactus. Ya se hizo el inventario forestal de la zona, pero falta que el GEB entregue el estudio de impacto ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que esta, a su vez, lo apruebe para empezar a construir.
Todo esto depende de que terminen las consultas previas, la etapa del proyecto Colectora que ha retrasado todo el proceso, junto con algunos otros factores. Inicialmente se iba a entregar en noviembre del año pasado, pero ahora las estimaciones de la empresa indican que el tramo entre la subestación Colectora y Cuestecitas estará en operación hacia el segundo semestre de 2025. Pero esta fecha tampoco está escrita en piedra.
Como explica Diego García, gerente del proyecto, “al no haberse cerrado las consultas previas, la fecha finalmente va a correr la radicación del estudio de impacto ambiental. Lo más lógico es que la entrega se aplace. Podríamos estar hablando de finales de 2025, pero tendríamos que esperar a que se cierren las consultas previas”.
De esta entrada en operación depende la funcionalidad de los parques eólicos. Es decir, si los siete parques que conectará Colectora están listos el siguiente año, por ejemplo, la energía que produzcan no podrá ser llevada al resto del país.
¿Por qué se han extendido tanto las consultas previas? Hay varias razones. Primera, el proceso se tuvo que realizar con 233 comunidades, que abarcan 14 municipios y casi 65 veredas. Son 219 comunidades wayuus, cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuatro consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas y seis resguardos del pueblo yukpa.
La cantidad de comunidades implica, necesariamente, un reto logístico. La cuestión se complica porque la “negociación” con cada uno de estos grupos es bastante diferente, desde el tiempo que toma llegar a una concertación hasta las mismas peticiones para compensaciones. La diversidad es, incluso, muy notoria dentro de las mismas comunidades wayuus.
Basta con reconstruir el recorrido de salida de Mashalerain para empezar a dimensionar solo una parte del lío. Al salir por el kilómetro 97 se ven unas seis comunidades por la zona. Por algunas de ellas pasarán líneas de transmisión del proyecto, mientras que en otras se tendrá que otorgar permisos al Grupo Energía Bogotá para que construya, opere y haga mantenimiento a las torres para las líneas.
Estas diferencias, explica Diego Abella, líder social de la Regional Norte de la empresa, implican topes distintos en los recursos de inversión para las compensaciones. Además, las peticiones de cada comunidad pueden variar mucho. Una de ellas, con la que aún no se ha terminado la consulta previa, indica Abella, tiene una “alta expectativa de compensación económica”, que está por encima de la realidad económica del proyecto y lo concertado con otras comunidades.
Sobre el proceso de consulta previa existen varias dudas. En 2019, Camilo González Posso y Joanna Barney, de Indepaz, publicaron un estudio titulado “El viento del este llega con revoluciones. Multinacionales y transición con energía eólica en territorio wayuu”. En el texto alertaban sobre la aparente falta de participación de comunidades locales en algunos procesos de consulta.
Esto sucede porque, en ocasiones, las comunidades no tienen información para “poder discernir sobre los impactos que tiene un proyecto o negociar posibles paquetes de compensaciones”, explica José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI).
A esto se le suma que, aunque la Corte Constitucional ha dicho que las comunidades tienen derecho a contar con asesoría externa en estos procesos, en la práctica muchas veces no sucede, indica Vega.
La ONG Nación Wayuu, creada por más de 600 autoridades tradicionales, ha actuado como asesora de unos 10 procesos de consulta previa para proyectos como el de Colectora. A partir de esta experiencia, y lo que ha visto en otros casos, José Silva, director de esta organización, opina que en La Guajira no existen buenos procesos de consulta previa y se pueden cometer muchos errores, por ejemplo al identificar a “los dueños ancestrales del territorio”.
¿Cómo evitar estas equivocaciones? Vega señala que, en el fondo, a los procesos de consulta previa les hace falta una especie de “árbitro” que se encargue de monitorearlos. “Hay algunos vacíos sobre cuál es el estándar o mínimo frente a los acuerdos que se pueden alcanzar con distintas comunidades que sufrirán impactos similares”
La sal, el gas y ahora el viento
Históricamente, La Guajira ha sido el escenario de bonanzas, que no siempre han traído beneficiosas para las comunidades indígenas que allí habitan, escriben González y Barney en el estudio de Indepaz. Durante los primeros siglos de la conquista española, tuvo lugar la extracción de perlas del Caribe y, en los inicios de la República, “hubo una explotación desmedida del palo de Brasil”, anota el texto.
De las ideas de alcanzar un “desarrollo”, agregan, se desprendieron algunas guerras claniles entre 1965 y 1975. Durante esos años, y específicamente desde la década del 70, se presentaron las llamadas “guerras del gas”, donde algunas comunidades wayuus se enfrentaron para controlar más territorio. (Le puede interesar: Las razones de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Transición Energética)
Por una parte, indican los investigadores, apuntaron a hacer negocios con las empresas, especialmente las que extraían gas, al tener más área para cederles, y, por otra, asegurar los “supuestos beneficios económicos que vendrían con la construcción del gasoducto de Chuchupa-Ballenas, cerca de las costas de Mayapo y El Pájaro”. Chuchupa y Ballenas son dos campos de gas natural. Ambos iniciaron su operación durante la década de 1970.
Otra forma en la que los clanes garantizaron capacidad económica durante estas guerras fue a través del mestizaje, indica el libro “Sutchiin Wakuaipa. Fortaleciendo el derecho propio del pueblo Wayuu”. La llegada de las empresas del gas durante esos años dejó entrever una de las razones principales del enfrentamiento entre clanes: el control de áreas territoriales y los recursos que allí hay, según explica el antropólogo Weilder Guerra.
Hay otro ejemplo de esta dinámica: las Salinas de Manaure. Desde la década de 1920 empezaron a proyectarse como el frente salinero nacional más importante. La creación de la industria por parte del Estado fue de la mano de cambios ecosistémicos y desterritorialización de comunidades wayuus, indicó el sociólogo Hernán Darío en una síntesis de varios de sus trabajos sobre el tema.
Hoy Leyjill Hanna González Ipuana, mujer wayuu de la comunidad de Chimorrotchi, en la jurisdicción de Uribia, cuenta una historia similar a la de aquellos conflictos. “Antes de que la empresa llegara no teníamos divisiones, enemistades, nunca nos habíamos visto involucrados en conflictos que no se pudieran manejar”, dice.
Su comunidad es vecina de Jaika Kalinchón, que forma parte del área de influencia del parque eólico Windpeshi, de la empresa Enel. Desde que empezó a concertar con ellos, denuncia González Ipuana, empezaron a llegar amenazas a su comunidad para que se fueran del territorio. El motivo, apunta, es que en su área hay un potrero “que es el más grande entre esas comunidades; son más de 100 hectáreas de tierra, dentro de un alambrado. No es montañoso y es lo que más buscan los vecinos”. (Puede leer: El plan para que más de 1,5 millones de hogares colombianos dejen de cocinar con leña)
¿Para qué? Para negociar el territorio a las empresas. “Ya vieron el dinero que traen, y ahora todo el mundo quiere más terreno a costillas de los demás”, opina González. Las amenazas empezaron hace ocho meses, pero desde finales del año pasado la situación se recrudeció. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023 la mamá de González resultó herida después de un tiroteo, mientras que su tía murió después de otro ataque armado.
“Están atacando a las mujeres porque, según la ley wayuu, aquí la tierra pasa de mujer a mujer. Después del ataque a mi tía, decidimos irnos de ahí porque no voy a terminar de regalar mi vida por un pedazo de tierra; quiero que nuestros niños tengan un futuro”, indica. Junto con González, un grupo de unos 30 desplazados de esa comunidad llegó a Riohacha a inicios de febrero con la petición de que los reubiquen, sin obtener respuesta todavía.
Enel, por su parte, respondió que “rechaza vehemente” esta información, también divulgada en redes sociales, indicando que las declaraciones dadas en las denuncias “no son ciertas, carecen de fundamento y, además, no solo hacen daño al buen nombre de la compañía, sino que afectan a las mismas comunidades indígenas, profundizando las diferencias o luchas históricas entre clanes”. La compañía agregó que reiteran su apertura y disposición para dialogar con todos los actores que tengan interés en participar en el desarrollo del proyecto eólico. “Se continuará participando de los espacios de diálogos sociales para tratar todas las inquietudes, preocupaciones, peticiones e inconformidades de las comunidades”, puntualizó la compañía.
¿Qué significa ser la cuna de la transición energética?
Hay una gran pregunta de fondo detrás de las denuncias de vulneraciones de derechos humanos en medio de la llegada de más proyectos renovables: ¿cuál debería ser el rol de las comunidades wayuus en la transición energética? Es un cuestionamiento que no puede ser respondido en un par de líneas. Pero dos cosas parecen ser claras: debe haber una mayor participación por parte de las comunidades y no se pueden repetir los errores que ocurrieron con proyectos extractivistas del pasado.
“La bonanza eólica es una oportunidad que va a estar por los próximos 30 o 40 años. ¿Por qué no vincular a las comunidades con los mismos proyectos? Pero ahora solo vienen, instalan, se van y manejan todo desde Bogotá. Las empresas se apoderan del territorio”, afirma Silva.
Se le ocurre, por ejemplo, que las empresas pueden convertir a las comunidades en socios, para que perciban alguna utilidad anual del proyecto. “O incluso pueden ofrecer empleos directos a los jóvenes wayuu dentro de los parques eólicos”, agrega. (También puede leer: Las recomendaciones de la exdirectora de Greenpeace para la transición energética en Colombia)
Aunque los proyectos de renovables no son tan intensivos en empleo, pues requieren personal, principalmente, durante la etapa de construcción y ensamblaje, que puede durar un poco más de un año, sí hay que indagar por las capacidades que se deben fortalecer y desarrollar para impulsar la transición energética, señala Marlon Bastidas, ingeniero químico y director del grupo de Desarrollo de Estudios y Tecnologías Ambientales del Carbono (Destacar) de la Universidad de La Guajira.
“Hemos vivido muchas bonanzas en el departamento, y aprovechar las renovables ahora tiene que ver con el desarrollo de capacidades, de conocer el tema, de apropiarnos de nuestros recursos. Tenemos que ser gestores de nuestro propio desarrollo”, apunta.
“Hay que fomentar una cultura de la transición energética, que desde los colegios haya una cátedra del tema”, opina Bastidas, quien agrega que la formación también debe extenderse a programas técnicos, tecnológicos y pregrados. Dice que se pueden crear ingenierías en energías renovables o fortalecer maestrías en gestión del cambio climático. Otra área de oportunidad es aprender a adelantar negociaciones e inversiones del “negocio de la energía” en La Guajira.
Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) han estado hablando con empresas extranjeras que tienen interés de desarrollar proyectos eólicos en la región, “para saber a qué le apuntan y si hay, posiblemente, oportunidades laborales para vincularnos en la manufactura de aerogeneradores”, cuenta Ígor Díaz, quien ha sido presidente del sindicato en dos ocasiones.
La idea, agrega Bastidas, es que en el futuro “podamos pensar que la transición energética nació en La Guajira, la avanzamos nosotros y es para el desarrollo de nuestro territorio”.
