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El Tribunal Administrativo de Bolívar decretó medidas cautelares para prevenir nuevas afectaciones ambientales y proteger la Ciénaga de la Virgen y los sectores del margen derecho de La Boquilla, en Cartagena. En concreto, el tribunal ordenó al distrito, así como a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y a la Dirección General Marítima (DIMAR) ejecutar acciones de prevención, inspección y control e investigación frente a nuevas ocupaciones, rellenos y tala de árboles.
También pidió adelantar dichas acciones frente a la afectación del manglar e intervenciones en zonas de bajamar, playas, cuerpos de agua y otras áreas ambientalmente protegidas del margen derecho de La Boquilla. El tribunal, además, les ordenó elaborar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, una matriz conjunta de protección y control para identificar áreas priorizadas, su estado actual, las actividades de monitoreo, autoridades competentes, cronogramas, indicadores de cumplimiento y acciones que se deberán activar cuando se detecten ños daños.
De igual manera, el Distrito de Cartagena, CARDIQUE y la DIMAR tendrán que, dentro del próximo mes, realizar un «diagnóstico técnico actualizado de las áreas priorizadas, que permita establecer la localización y naturaleza de las nuevas intervenciones, las afectaciones al manglar, cuerpos de agua, zonas de bajamar y playas, los riesgos de agravamiento y las medidas de contención, control, restauración o recuperación que resulten procedentes», según comunicó la Procuraduría.
La directriz, adoptada a través del Auto No. 222 del 7 de septiembre de 2026, llegó tras una la acción popular promovida por la Personería Distrital de Cartagena, un proceso en el que la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena participó como coadyuvante.
El Ministerio Público advirtió construcciones en zonas de bajamar de la Ciénaga de la Virgen y los riesgos que implica la transformación progresiva del territorio, con daños que, antes de que se profiriera la decisión judicial, podrían haber sido imposibles de reparar. La Procuraduría, entonces, pidió adoptar acciones urgentes de contención, vigilancia, coordinación institucional y protección ambiental, sin promover desalojos masivos.
El tribunal encontró que, en efecto, actualmente existe una amenaza derivada de las continuas ocupaciones, los rellenos y las talas. Concluyó que, a pesar de que las autoridades han adelantado distintas acciones, han estado dispersas y no han contado con un esquema verificable de coordinación, actualización, seguimiento y reacción. «Para el Tribunal, el riesgo de que nuevas intervenciones consoliden daños de difícil reparación satisface el presupuesto de urgencia requerido para adoptar medidas cautelares», apuntó el Ministerio Público.
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Jairo(af67w)•Hace 1 horaActúan cuando ya han ocurrido los hechos.Politequeria Barata.