Tumaco sigue a la espera, más de un año después del histórico derrame petrolero

El 26 de febrero de 1996, la Bahía de Tumaco (Nariño) se tragó 1.500 barriles de petróleo derramados durante la carga del buque griego Daedalus. El pescador Juan Carlos Angulo, que vive en la vereda La Playa, del municipio Francisco Pizarro, a 20 kilómetros de Tumaco, vio cómo la mancha llegó hasta el mar de su caserío y se volvió una alfombra negra que en algunos puntos alcanzó los cinco centímetros de espesor. Los peces murieron en plena subienda y, según quedó registrado en procesos judiciales posteriores, la falta de alimento desencadenó la desnutrición de 32 niños tan solo en su pueblo. 

Así empezó su carrera como líder comunitario: la tragedia lo llevó a conformar una organización de pescadores para reclamar por lo perdido. Una brega que mantiene porque los derrames de crudo no han parado. El más reciente fue hace un año y cuatro meses, cuando las Farc atentaron contra el oleoducto Trasandino y 410.000 galones de crudo se adueñaron de las aguas del río Mira y llegaron, una vez más, al océano. “Fue doloroso ver a los niños empantanados, a los señores jugando con ese veneno. Ver que la gente no podía salir a pescar porque sus canoas estaban manchadas. Mirar las redes. Mirar el alimento tirado allí porque se murió. Fue doloroso proyectar el hambre”. 

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Su trajín lo ha vuelto un pesimista contenido. Se queja de las demoras del Gobierno, de la corrupción, del exceso de trámites que han hecho que, más de un año después, la gente pobre que vive de la Bahía aún siga rebuscándose agua y alimentos. Y, sin embargo, dice estar siempre dispuesto a escuchar las propuestas que las autoridades lanzan. Por eso llegó hace una semana a Tumaco, para escuchar el anuncio del Ministerio de Ambiente de invertir $5.000 millones para comenzar el plan de rehabilitación de la Bahía. Porque la plata para atender las hondas consecuencias de esta tragedia, un año y cuatro meses después, apenas comienza a fluir. 

Bahía de derrames 

Los derrames petroleros han sido un flagelo histórico para la bahía de Tumaco después de instalado el oleoducto Trasandino en 1969, un tubo a cargo de Ecopetrol que transporta crudo hasta este municipio en un recorrido vertiginoso de 306 kilómetros desde Orito (Putumayo). La ensenada sirve entonces como una zona de abastecimiento para barcos de todas partes, con los riesgos que eso implica. 

El 4 de febrero de 1976, por ejemplo, se hundió allí el buque tanquero Saint Peter, de bandera liberiana, con 33.000 toneladas de petróleo. La tragedia afectó, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, un área de 1.300 kilómetros cuadrados, equivalente al 10% del Pacífico colombiano. 

Dos décadas después ocurrió la tragedia que marcó a Juan Carlos. El accidente en la carga del Daedalus, en febrero de 1996, ocasionó un daño ambiental en 350 hectáreas. Pasaron dos años para que el mar volviera a teñirse de negro. Ya no fue por un accidente naval, sino por un daño en el oleoducto Transecuatoriano, de ese país vecino. El 3 de julio de 1998 los 18.000 barriles perdidos comenzaron a esparcirse hasta llegar, tres días después, a aguas nariñenses. Allí lo recuerdan como el derrame de Petroecuador, nombre de la empresa a cargo del tubo averiado, a la que aún le piden que responda por los daños. 

La catástrofe más notoria antes de que, en junio del año pasado, la mancha negra se apoderara una vez más del océano, ocurrió el 18 de febrero de 2000, cuando la manipulación indebida de una válvula del oleoducto Transandino provocó un derrame de 3.500 barriles en el río Rosario, que desemboca en la bahía de Tumaco. 

Más de un año después del último infortunio, el Gobierno comienza a actuar con miras a la recuperación a largo plazo, aunque se prevé un proceso lento. Los $5.000 millones que anunció el Minambiente son para hacer un diagnóstico sobre el estado del ecosistema y definirá una estrategia para rehabilitarlo que cuesta, en total, unos $12.000 millones que aún no están asegurados. 

Los pescadores, mientras tanto, pasan afugias. “El crudo no se ha terminado de ir”, advierte Juan Carlos. “Hay épocas de lluvia intensa, de gran marea, en las que los esteros se ven impregnados de crudo. La producción de alimentos, en lo que tiene que ver con los recursos pesqueros en los esteros y en la Bahía, ha disminuido. Eso hace que la gente tenga que dedicarse a rebuscar, sea con artes de pesca o dejando de pescar porque la producción no le alcanza para subsistir. O simplemente tiene que cambiar la dieta porque no tiene cómo abastecerse de lo que tradicionalmente le ha servido para alimentarse. Si no está la base de la proteína nuestra (la jaiba, el camarón, el pescado) la gente tiene que encontrar la manera de venir a Tumaco a conseguir carne. Algunos compañeros están a hora y media”. 

Otros líos 

Tumaco ha acumulado un mar de problemas que no se limitan a los efectos del petróleo en sus aguas. Solo la falta de acueducto para la mayoría de sus 200.000 habitantes es una penuria que impide hablar de verdadera calidad de vida. Fallas estructurales que se han mezclado con el orden impuesto por la guerra y el narcotráfico. El domingo pasado, por ejemplo, cuando el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, volaron hasta el puerto a dar a conocer los nuevos planes para la Bahía en compañía de una delegación internacional, la Armada celebraba la reciente interceptación en altamar de un semisumergible diseñado especialmente para llevar cocaína. Tenía capacidad para tres toneladas. El muelle de guardacostas sirve, de hecho, como una suerte de cementerio de esos submarinos construidos en medio de los manglares con madera y fibra de vidrio. 

El municipio, según el más reciente informe de la ONU, es el que tiene mayor superficie de coca sembrada en Colombia: 16.960 hectáreas. Tiene una de cada cinco hectáreas. Casi tanta como en Bolivia, resalta Pardo. Por eso allí, como se hizo recientemente en municipios de Vichada, comenzarán a firmarse acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos. En anteriores ocasiones, recuerda el funcionario, estos programas han fracasado, entre otras, por la férrea oposición de las Farc, pero tras el proceso de La Habana esa guerrilla le hizo un guiño a esta política, lo que despeja en buena parte el panorama. 

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Las familias que se acojan se comprometen a sustituir voluntariamente la coca por productos legales (cacao y coco, por ejemplo), a no resembrarla y a no involucrarse en ningún otro eslabón de la cadena narcotraficante. A cambio, el Gobierno les ofrece un millón de pesos mensuales por un año. De las 12.000 familias metidas en los cultivos ilícitos en el municipio, el gobierno calcula que unas 3.000 pueden hacer parte del proyecto. 

Es una forma de ir aterrizando los acuerdos en un municipio donde arrasó el Sí en el plebiscito, mientras el país sale de la incertidumbre en que lo sumió el triunfo general del No.

*El periodista viajó a Tumaco por invitación del Ministerio de Ambiente.