Soraida López vio a su padre convertirse en minero. Hace más de 30 años, cuando se empezó a explotar carbón en Paipa, Boyacá, él fue una de las personas que vio en la minería “una oportunidad para obtener dinero”, recuerda López. “Todo se hacía muy manual”. Al principio, se abrieron pocos túneles para extraer el mineral del suelo, pero, con el tiempo, la actividad empezó a expandirse.
A lo largo de toda Paipa, la minería está presente. Desde su casa, Vicente Salcedo escucha varias veces al día el golpe del malacate, una especie de ascensor que sube el carbón hacia la superficie. El ruido viene de la mina más cercana, a unos 200 metros de donde toma tinto en las mañanas. Desde allí, puede contar varios túneles más de otras minas que se camuflan entre la vegetación.
La mayoría del carbón que se extrae en el municipio va a la Termoeléctrica de Paipa, una de las 14 generadoras de energía que aún utilizan este combustible en Colombia. De plantas como estas proviene cerca del 9% de la capacidad eléctrica del país y suelen utilizarse como respaldo de la generación hidroeléctrica, que abarca el 74%.
El rol que cumple el carbón en la generación de energía eléctrica en el país ha llevado a que cada vez más familias en Paipa dependan de su producción. La situación es la misma desde hace 15 años, cuando la extracción de carbón empezó a tecnificarse. “Todo el mundo quiere dedicarse a la minería”, señala Salcedo, “porque es una forma más fácil de adquirir dinero. La agricultura ya no produce tanto”.
Sin embargo, durante los últimos años, mineros, trabajadores y campesinos han escuchado lo mismo: deben prepararse para el cierre de la termoeléctrica y, como consecuencia, de muchas de las minas de carbón que la abastecen. Este sector representa el 30% de los recursos de Paipa, según la Alcaldía municipal, y todavía no está muy claro cómo compensarían su cierre.
Una apuesta por dejar el carbón
“Aquí hemos escuchado hablar desde hace varios años sobre transición energética”, dice Adriana Torres, trabajadora de Termopaipa y parte del Sindicato de Trabajadores de la Energía en Colombia (Sintraelecol). Las menciones a la transición energética, durante el gobierno de Gustavo Petro, vinieron acompañadas desde un principio de la idea de empezar a apagar las centrales térmicas de carbón para reemplazarlas por energías renovables.
La Hoja de Ruta para la Transición Energética que se publicó en 2023 estableció que, como parte de los compromisos de Colombia para reducir sus emisiones contaminantes, era necesario dejar de generar energía con carbón. Uno de los escenarios que previó ese documento planteaba que en 2026 se iniciaría la transición de las centrales térmicas de capital público hacia las energías renovables. Pero, hasta hoy, los planes para apagar la central termoeléctrica de Paipa no tienen fecha clara.
“La pregunta que siempre nos hemos hecho es ¿qué va a pasar con los trabajadores y las familias mineras que dependen del carbón?”, añade Torres. Las empresas públicas que administran las generadoras térmicas del país, como Gensa y Gecelca, empezaron a trazar planes para producir energía renovable y, en algunos casos, anunciaron sus primeras inversiones.
Sin embargo, la hoja de ruta para la transición energética también dejó clara la importancia de hacer una reconversión laboral y económica en las empresas, para mitigar los impactos sociales y financieros en las regiones que dependen de la economía del carbón, como Paipa.
“Desde un principio hemos dicho que se necesita una transición que piense en que las renovables entren a complementar y no a sustituir de tajo, porque no podemos apagar las térmicas de la noche a la mañana”, señala Pedro Antonio Rojas, presidente de la seccional Paipa de Sintraelecol. Su principal temor tiene que ver con el futuro laboral de los más de 200 trabajadores que hoy pertenecen a la central.
Para Termopaipa, eso significó hacer un plan de transición que incluía proyectos de inversión en plantas solares, un parque eólico y el desarrollo de la energía geotérmica en el municipio. También, en una idea para sostener la transición de sus empleados a otros sectores económicos y la de las familias mineras que proveen el combustible para la central. A pesar de las promesas, ninguno de estos planes muestra avances claros.
Del carbón a la geotermia
Desde hace cerca de 100 años, en Paipa se utilizan las aguas termales en terapias o como forma de recreación. El calor que calienta las aguas del Pozo Azul, del que dependen las piscinas del Instituto Termal del municipio, es el mismo que impulsaría la generación de energía renovable. El Servicio Geológico Colombiano estableció que Paipa es uno de los lugares con potencial para aprovechar esa energía y ahora una empresa quiere construir el primer proyecto que lo haga.
El Ministerio de Minas y Energía, en febrero de 2026, le entregó a la compañía estadounidense Dewhurst Group (DG) un permiso para explorar el potencial de energía geotérmica que hay en Paipa. Su proyecto, Condor, quiere empezar a generar 20 megavatios de energía eléctrica suficientes para abastecer a unos 20.000 hogares, a partir del calor que genera la actividad volcánica bajo tierra. Pero estructurar el proyecto no ha sido un camino fácil
En la región, muchas fincas dependen del consumo de agua subterránea, que se encuentra en pozos entre 200 y 500 metros de profundidad. “Muchas veces las personas nos dicen que una perforación para hacer geotermia podría acabar con los acuíferos de agua para el consumo. Pero, la realidad es que el recurso que nosotros buscamos está mucho más profundo, a más de un kilómetro”, explica Dewhurst Group, que tiene su oficina en el centro de Paipa, aunque su proyecto se encuentra en la zona rural del municipio.
La energía geotérmica, como ha establecido la Agencia Internacional de Energía, tiene un riesgo de impacto ambiental reducido, en comparación con la extracción de hidrocarburos o la minería; sin embargo, sí requiere de estándares ambientales y técnicos para garantizar que no habrá contaminación subterránea ni sismicidad inducida, dos de las preocupaciones que aún rondan a este tipo de proyectos.
La empresa menciona que “hay que abrirle camino a este tipo de energía, que es nueva en Colombia. Para nosotros es muy importante hacer ese proceso, que la comunidad se involucre”. Con el permiso de exploración en firme, ahora deberán solicitar la licencia ambiental para empezar las perforaciones exploratorias, un trámite que puede tardar varios meses, según la compañía. Aunque el Servicio Geológico Colombiano ha estimado un potencial de 21,5 megavatios para la generación de energía geotérmica en Paipa, “la perforación exploratoria busca confirmar ese potencial, para determinar si es viable el proyecto”, explica Dewhurst Group.
Entre DG y Termopaipa se han dado conversaciones para que sea Gensa, la empresa que administra la termoeléctrica, quien financie la puesta en marcha de la primera planta de energía geotérmica de Boyacá. Estos acercamientos, sin embargo, todavía no son un acuerdo concreto, según el presidente de Gensa y las voceras de DG, sino una posibilidad de financiamiento para el proyecto. En el mejor de los escenarios, Condor Paipa entraría a funcionar en 2034 y Gensa todavía no cuenta con los recursos para hacer parte del negocio.
Apagar Termopaipa tomaría 10 años
Aunque los compromisos de Termopaipa para entregar energía en firme al sistema eléctrico nacional van hasta 2030, como explica William Sepúlveda, presidente de Gensa, el plan de transición energética trazado por la compañía para hacer una reconversión de sus fuentes de generación de energía y la reconversión laboral de sus trabajadores tomaría 10 años. “Desde la proyección que tiene la empresa, tenemos planes de transición que han avanzado de manera satisfactoria, pero que dependen de una regulación”, dice Sepúlveda.
Los proyectos de inversión de Termopaipa, además de la energía geotérmica, incluyen la instalación de parques solares en algunas minas de carbón de la región, la instalación de aerogeneradores y la producción de energía a partir de residuos (waste-to-energy, como se conoce en inglés). El plan, apunta Sepúlveda, “es reemplazar los 178 megavatios de Termopaipa por 2.400 megavatios de energías renovables”.
Para Sepúlveda es clave aclarar que los ingresos que recibe Termopaipa por la venta de energía eléctrica se utilizan en su totalidad en la operación y mantenimiento de la planta. Con las variaciones en los precios del carbón de los últimos años, “nuestra preocupación nunca ha sido que Gensa deje de pagarles a los trabajadores, porque nunca ha pasado. Pero sí nos preocupa la falta de inversión y de mantenimiento en la central para seguir funcionando”, afirma Javier Rodríguez, operador de Termopaipa y miembro del sindicato.
Para él, es fundamental pensar en que la termoeléctrica debe seguir operando, pues todavía no está claro en el plan de transición hacia las energías renovables qué va a pasar con los 230 trabajadores de la central.
“A nosotros nos gusta la idea de la geotermia, porque funciona bajo el mismo principio de la generación de energía con carbón, entonces sería viable que algunos técnicos de Termopaipa pasaran a trabajar con ese proyecto”, explica Rodríguez. Sin embargo, le preocupa que los proyectos que tiene planeados la empresa no generen la misma cantidad de empleos que la termoeléctrica. Además, añade Torres, hay más de 6.000 familias mineras que dependen de la compra de carbón por parte de la empresa.
Desde la Alcaldía, junto a la ONG Transforma - dedicada a la investigación y promoción de la transición energética en América Latina -, también se está impulsando un proyecto piloto de transición de la minería a la agricultura. En la finca de Vicente Salcedo se instaló el primer invernadero para cultivos frutales, pensando en la seguridad alimentaria de su comunidad y en la posibilidad de vender las cosechas fuera del municipio en un futuro. “Fue un trabajo de más de dos años intentando convencer a las personas de que se unieran al proyecto productivo”, cuenta Salcedo. Ahora, la idea es que se unan nuevas fincas para empezar a incrementar la capacidad de producción.
Su vereda es apenas una de las 38 del municipio en las que hay familias mineras que se preguntan de qué vivirán cuando se apague la termoeléctrica. La pregunta es de dónde saldrán los recursos para impulsar nuevos proyectos productivos para toda la región.
Los bonos de carbono para apagar Termopaipa
Todo el plan a 10 años para apagar Termopaipa está centrado en un preacuerdo que, según el presidente de Gensa, se firmó con una compañía extranjera (la cual prefirió no nombrar) que quiere comprar bonos de carbono. El negocio consiste en que, por la reducción de emisiones contaminantes que generaría apagar la central termoeléctrica, Termopaipa puede vender un bono de carbono por cada tonelada de emisiones reducida.
Desde Gensa, su presidente explica que el plan incluye un fondo de garantía salarial por USD 100 millones, que cubriría salarios, formación y financiación de emprendimientos para sus 230 trabajadores durante 20 años, incluyendo los 10 que tomaría el cierre. También, un fondo por más de USD 120 millones para apoyar la transición de las familias mineras hacia otras actividades económicas. “Así la gente puede estar tranquila de tener el tiempo suficiente para capacitarse, integrarse a nuevos proyectos y hacer la transición teniendo estabilidad”, dice Sepúlveda.
Pero ese plan todavía tiene un obstáculo: la venta de bonos de carbono hacia el exterior aún no está regulada en Colombia. En su recta final, el Gobierno está intentando dejar lista la normativa para que este mercado funcione en Colombia. Sin embargo, hay varias críticas y dudas alrededor de los borradores de decreto que publicó el Ministerio de Ambiente.
Además de eso, Fabio Arjona, designado como ministro de Ambiente del gobierno electo que se posesionará el próximo 7 de agosto, anunció que echará para atrás la regulación de los mercados de carbono que estaba planteando el actual gobierno.
Rodríguez señala que hay algo que no convence a los trabajadores del todo con la venta de bonos de carbono: “Las inversiones en energías renovables para remplazar el carbón no se harían en Paipa, muchas ni siquiera se harían en Boyacá”. Algunos parques solares, así como una pequeña central hidroeléctrica que hace parte de los proyectos de inversión, se ubicarían en Caldas, en donde está ubicada la operación principal de Gensa. “Si esos recursos se van para otro lado, ¿cómo vamos a garantizar el desarrollo económico de nuestro territorio y la sostenibilidad económica de los trabajadores a futuro?”, pregunta.
El plan del Gobierno para iniciar con la transición energética de Termopaipa en 2026 no ha comenzado, más allá de los proyectos de inversión que se tienen en el papel. Mientras tanto, los trabajadores piden que se haga una transición en la que tengan en cuenta que pasar a 230 trabajadores y 6.000 familias mineras de un sector económico a otro “no es algo que se haga de la noche a la mañana”, advierte Torres, “porque nos han hablado de una transición energética justa, pero parece que no estamos pensando en la justicia para los trabajadores”.
*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
