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Hace 11 años Colombia demostró su compromiso frente al manejo de residuos sólidos con la formulación de una reglamentación robusta. En 2002, mediante decreto, se regularon el uso y el transporte de mercancías de alto riesgo por carretera. Y más adelante, en 2005, se empezó a hablar de la importancia que tiene el tratamiento de los desechos para la protección de la salud humana y el ambiente. A la fecha, más de 10 leyes, 15 decretos y 20 resoluciones se han expedido sobre el tema. Sin embargo, aún falta vigilancia para velar que la legislación existente se cumpla a cabalidad.
El país produjo, según el Ideam, 176.887 toneladas de residuos peligrosos en 2009, 141.735 en 2010, y 174.419 en 2011, año en el que la extracción de petróleo crudo y de gas natural fue la actividad productiva, que más aportó a la generación de estos desechos con el 42,5%, seguida de las industrias básicas del hierro y del acero, con el 8,3%, y las actividades de las instituciones generadoras de salud, con un 6,5%.
Por sus características corrosivas, explosivas, tóxicas, infecciosas o radiactivas, estas sustancias pueden causar la contaminación a cuerpos hídricos y alteración de suelos, fauna y flora, además de enfermedades respiratorias, cancerígenas, dermatológicas y mutaciones en los seres humanos.
De ahí la preocupación cada vez mayor por generar iniciativas para controlar estos residuos. Julián Duque, gerente regional de Tecniamsa, empresa dedicada a la gestión de estos desechos de tipo industrial y biomédico, asegura que “los residuos peligrosos y especiales (Respel) son un problema de salud pública nacional, ya que si no se les da el manejo adecuado disminuirá la calidad de vida, por la contaminación de las fuentes de agua y el incremento de enfermedades”.
Por su parte, el Gobierno se ha interesado por afianzar e inculcar al sector empresarial la importancia de la correcta disposición de los residuos. Por eso creó el año pasado la Unidad de Delitos Ambientales, constituida por 150 profesionales, con el apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Minas y Energía, el DAS, entre otros actores, para hacer más eficaces los procesos sancionatorios.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de las sanciones penales, pago de multas o suspensión de actividades para aquellos que infrinjan la ley, la falta de vigilancia y auditorías debilitan los alcances legislativos, según Duque.