Un sondeo realizado por Movilizatorio revela un amplio respaldo ciudadano a la creación de un estándar de eficiencia energética vehicular en Colombia, una regulación que busca que los nuevos vehículos que ingresen al país consuman menos energía y generen menores emisiones contaminantes. La encuesta, respondida por personas de distintas edades, regiones y contextos socioeconómicos, ofrece una radiografía de la percepción ciudadana frente a una política pública que impacta directamente la salud, el ambiente y la movilidad.
Este tipo de regulación, ya implementada en países como Chile y México, establece requisitos mínimos de eficiencia para los vehículos nuevos, lo que se traduce en un mayor rendimiento energético, menores costos de operación y una reducción significativa de la contaminación del aire. Según los resultados del sondeo, el 94 % de las personas consultadas considera que Colombia debería adoptar un estándar similar que obligue a fabricantes e importadores a incorporar mejores tecnologías vehiculares.
El respaldo resulta relevante si se tiene en cuenta que más de la mitad de los encuestados posee vehículos a combustión. Aun así, quienes apoyan la medida señalaron que la contaminación del aire afecta de forma directa la salud y que, en ciudades como Bogotá, la mala calidad del aire se percibe como un problema cotidiano. También manifestaron que muchos de los vehículos que circulan y se importan al país utilizan tecnologías rezagadas frente a otros mercados de la región.
Las principales razones para apoyar el estándar están relacionadas con beneficios ambientales y de salud pública, como la reducción de emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, así como la mejora de la calidad del aire en zonas urbanas. A esto se suman argumentos económicos y de eficiencia, entre ellos el ahorro en combustible y energía, el impulso a la innovación y la modernización del parque automotor, y su contribución a la transición energética y la sostenibilidad del país.
No obstante, el sondeo también identifica preocupaciones entre la ciudadanía. Los encuestados mencionan desafíos como la insuficiente infraestructura de carga, los altos costos iniciales de las nuevas tecnologías, las dudas sobre la vida útil y autonomía de las baterías, y el manejo de residuos asociados. Estas inquietudes, más que un rechazo, reflejan la expectativa de que las políticas públicas contemplen una transición gradual y responsable que cierre brechas sin imponer cambios abruptos.
En un contexto regional donde países como México, Chile y Brasil ya avanzan en la adopción de estándares de eficiencia, la encuesta evidencia que en Colombia existe una ciudadanía dispuesta a respaldar este tipo de regulaciones. “La pregunta que surge no es un reproche, sino una invitación a avanzar con reglas claras y orientadas al bienestar colectivo”, señaló Andrés Flechas, gerente de proyectos de Movilizatorio.
Los resultados del sondeo sugieren que existe una base social sólida para impulsar políticas de eficiencia energética vehicular, siempre que estas se comuniquen con transparencia y se enfoquen en beneficios tangibles como la salud pública, la reducción de costos para las familias y la modernización del mercado automotor. En un país donde la contaminación del aire sigue siendo un factor de riesgo, la discusión sobre vehículos más eficientes se posiciona como un tema central en la agenda ambiental y de movilidad