El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Francisco Rojas Birry, Personero de Bogotá, y Nelsy Cárdenas Mora, Personera Delegada para Infraestructura.
Los hechos materia de investigación tienen que ver con una comunicación recibida el pasado 9 de marzo de 2011 por parte de la presidencia del Concejo de Bogotá, según la cual, en un documento remitido al cabildo distrital, Guido Alberto Nule, solicitó la intervención de esa corporación con el fin de “verificar el incremento patrimonial injustificado en los años 2009 y 2010 de Nelsy Cárdenas Mora, Personera Delegada para Infraestructura”, dice el informe de prensa de la entidad de control.
Se afirma en el documento que dicha funcionaria “les hizo exigencias de dinero para que el Ministerio Público de Bogotá no se pronunciara sobre los atrasos en el contrato de la calle 26…”
Al mismo tiempo, cuestiona en la misiva “si esa exigencia tenía que ver con el despacho del Dr. Rojas Birry, actual Personero o se actuó de forma aislada”.
De esta manera, el Procurador General de la Nación dio instrucciones para que se lleve a cabo la práctica de pruebas que permita esclarecer si estos funcionarios públicos incurrieron o no en falta disciplinaria.
Contratistas de la Secretaría General
Igualmente el ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra José Leonardo Echeverri González y Andrés Rojas Franco, en su condición de contratistas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por hechos relacionados con un presunto incremento patrimonial injustificado.
Explica el informe de prensa que se investiga la conducta de los citados servidores, quienes para la época de los hechos prestaron sus servicios profesionales para fortalecer y apoyar la gestión del despacho del Alcalde de Bogotá y liderar los procesos de comunicación para informar de forma eficiente y eficaz al ciudadano sobre los programas metas y servicios con los que cuenta la alcaldía.
Esta actuación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
Dentro de la apertura de investigación se ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para lo cual se ha comisionado a servidores adscritos a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, precisa el informe de prensa de la procuraduría General.