Admiten demanda de nulidad contra artículo del PDD de Galán, sobre venta informal

Centenares de vendedores informales de Transmilenio se congregaron frente al Concejo de Bogotá, en protesta por el Artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo, el cual, dicen los vendedores, "criminaliza nuestro trabajo". Se espera una mesa de diálogo este viernes 7 de junio. De no haber resultados favorables para el gremio, bloquearán las troncales de Transmilenio la próxima semana.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán no quedó exento de críticas e intentos de replantear algunos puntos clave. Este es el caso del Artículo 36 del Capítulo I del Plan de Desarrollo, titulado “Prevención y atención de ventas informales en el SITP”, el cual, a los ojos de las cabildantes de la oposición y de algunos vendedores, estigmatiza y señala a los vendedores como factores de inseguridad.

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La acción de nulidad la interpuso la concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico), quien desde que se aprobó el PDD de Galán, ha estado en defensa de los derechos de los vendedores informales, quienes no la han tenido fácil en esta nueva administración. Así quedó en claro con las recientes manifestaciones del gremio de vendedores de Transmilenio, protestando a las afueras del Concejo tras la aprobación del PDD.

Adicional a esta manifestación, el gremio se ha levantado en contra de los planes del Distrito, que ha emprendido decididamente la tarea de “desocupar” los túneles de Transmilenio, empezando por Ricaurte y Jiménez, lo que desembocó en protestas en el túnel del Ricaurte la semana pasada. De esta manera, con la aceptación de la acción de nulidad de Sánchez, se viene un nuevo pulso entre vendedores ambulantes y las entidades distritales que velan por sus derechos.

Y es que el artículo polémico dicta acciones directas para intervenir a la población de vendedores informales. Este artículo está, además, enmarcado en el Capítulo I del plan, titulado, “Bogotá Avanza en Seguridad”: “En materia de prevención y atención del fenómeno de ventas informales en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), todas las entidades distritales que dentro de su misionalidad y competencia se encarguen de intervenir y atender a la población de vendedores informales, deberán acompañar las actividades que se realicen al interior de estaciones y portales, para así contribuir en la mitigación de los factores que afectan la seguridad en el sistema y reducir los riesgos en la operación del sistema, en coordinación con Transmilenio S.A., previas las directrices expedidas por dicha entidad”.

Heidy Sánchez explicó a El Espectador la naturaleza de la demanda: “este artículo vulnera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al desconocer que esta es una población vulnerable, cuyo mínimo vital depende de este trabajo. Entendemos el tema de seguridad, pero se les debe garantizar ese mínimo para vivir. Aparte, el mensaje que ha dado el Distrito, estigmatiza a esta población que, en su mayoría, no tiene ni idea sobre la oferta que ofrece la administración”.

Sobre lo que viene, la cabildante añadió: “seguirá en curso este proceso y el juzgado determinará si este artículo se anula o no, esperamos que el juez falle en derecho y se reconozcan los derechos de los vendedores y vendedoras”.

¿Cuál es la posición del Distrito frente a los vendedores informales?

Natalia Tinjacá, directora técnica de seguridad de Transmilenio, ratificó que la estrategia de desocupar los dos túneles va firme, al menos iniciando en Ricaurte, en donde trabajan cerca de 110 vendedores(as) y Jiménez, con poco más de 20. En ambos, en esta época de octubre a diciembre, hay un alto flujo de personas que vienen y van con compras que vienen de San Andresito o San Victorino.

“Los túneles en el sistema tienen mucho mayor riesgo para los usuarios que se transportan en Transmilenio. Esto porque hay alto flujo de usuarios, hay poco aire y aglomeraciones, son espacios confinados de alto riesgo. Lo que queremos es garantizar el flujo. Estamos aplicando con gran fuerza y decisión nuestro manual de usuario. También estamos moviendo los locales fijos que están en estas zonas”, dijo a El Espectador. Añade que dentro de la seguridad de este túnel se han atendido episodios como vendedores de alimentos con pipetas de gas y menores de edad.

Alejandro Rivera, exdirector del IPES apunta que, si bien el manual de Transmilenio prohíbe las condiciones de venta informal en las estaciones “los vendedores están cobijados por la Corte Constitucional. Hay un proceso para estos desalojos en los que se les brinda alternativas. Aquí hay que aplicar el diálogo y aplicar la política pública que está para los vendedores informales para los siguientes años. Uno entiende que hay inseguridad, pero los vendedores no son ladrones, son personas que han salido a buscar su sustento y les alcanza apenas para vivir, por eso están protegidos por la corte”, explicó a este diario.

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