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El secretario Privado de la Alcaldía de Bogotá, Jorge Rojas, manifestó que lo sucedido este miércoles en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició como una visita administrativa y terminó en un procedimiento de policía judicial, sin orden de ningún juez.
"Hubo una visita administrativa al Acueducto, esa visita derivó en un procedimiento de policía judicial y sin orden de ningún juez. Primero para recoger unas actas que vamos a entregar como corresponde, y después para recoger información de los borradores de actas que no corresponden a documentos oficiales, y después para meterse en los correos y comunicaciones personales del alcalde de Bogotá y el gerente del Acueducto, es decir, una extralimitación de funciones", aseguró Rojas.
El funcionario indicó que esa extralimitación de funciones llevó a que el alcalde Gustavo Petro hiciera presencia en la empresa para defender los intereses públicos de la ciudad.
"Sólo tenemos evidencias de que se metieron en los correos privados del alcalde Mayor de Bogotá, que entre otras cosas, el alcalde tiene medidas cautelares justamente porque en el anterior Gobierno fue objeto de acciones arbitrarias e ilegales, de las cuales vuelve a ser víctima", afirmó el secretario Privado.
Reiteró que la Administración Distrital va a pedir nulidad de la diligencia de la Superintendencia de Industria y Comercio porque no corresponde al procedimiento legal, “además el Distrito va a considerar las acciones penales que correspondan por la violación al derecho a la intimidad”.
"Se anunció como visita administrativa, no como procedimiento de investigación, lo que se anunció de una forma se realizó de otra. Tenemos preguntas para el señor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, ¿quién fue la persona o las personas que interpusieron la queja en la Superintendencia que derivó en la visita administrativa? ¿Por qué no lo respondieron los funcionarios?, entonces estamos hablando de anónimos y la propia reglamentación de la Superintendencia indica que con anónimos no se puede desarrollar este tipo de acciones”, agregó Rojas.
El secretario Privado también se preguntó “en ¿qué acto administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio interviene una empresa que no tiene nada que ver ni con la libre competencia ni con la competencia desleal?”.
Finalmente, se cuestionó “en qué prejuicios y disposiciones interviene una Superintendencia cuando aquí apenas estamos desarrollando una política que va hasta el final, que es la política de defensa de lo público y del pleno acatamiento del Auto 275 de la Corte Constitucional que le ordena al alcalde las políticas que está adoptando en el tema de aseo y basuras".