La Alcaldía de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán objetaron el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, aprobado recientemente por el Concejo, al considerar que presenta posibles vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad.
La iniciativa, avalada el pasado 5 de febrero de 2026, proponía la creación de una “Ruta por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y a la vida por nacer”, con el propósito —según sus promotores— de fortalecer la atención integral durante el ciclo reproductivo. No obstante, distintos sectores advirtieron que el contenido del proyecto podría interferir con derechos ya reconocidos por la jurisprudencia.
Organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, como Profamilia y Causa Justa, alertaron que la propuesta contradecía precedentes de la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y podía generar nuevas barreras en el acceso a este servicio de salud esencial.
Desde la administración distrital también se señaló que el proyecto excedía las competencias del Concejo. La Secretaría Distrital de Salud explicó que las rutas de atención en salud son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social y que ya están reguladas por normas vigentes que incluyen la atención en casos de IVE.
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Según la Alcaldía, la aprobación del acuerdo podría generar conflictos normativos dentro del sistema de salud y afectar derechos fundamentales, como el acceso oportuno, seguro y sin obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo.
En el documento de objeciones, la administración advirtió que, más allá de la intención declarada del proyecto, su aplicación podría dar lugar a interpretaciones restrictivas que no se ajustan al marco constitucional actual.
Entre tanto, organizaciones sociales y sectores defensores de los derechos reproductivos reiteraron que cualquier política pública en esta materia debe respetar la jurisprudencia vigente y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para las mujeres en la ciudad.
La respuesta de la autora del proyecto
La concejal Clara Lucía Sandoval, autora de la iniciativa, rechazó las objeciones presentadas por el alcalde Carlos Fernando Galán y las calificó como carentes de rigor técnico y jurídico.
Según explicó, una de las principales objeciones parte de una premisa equivocada: que el Concejo estaría regulando la atención en salud de mujeres embarazadas. “Eso es falso. La Ruta por la Vida no regula aspectos clínicos, sanitarios ni epidemiológicos, ni modifica el aseguramiento. Es un programa de acompañamiento psicosocial e intersectorial, competencia del Concejo”, afirmó.
Frente al argumento de que ya existe una Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, Sandoval señaló que esta es de carácter sanitario y técnico, mientras que su propuesta se enfoca en el acompañamiento en salud mental y el apoyo integral. “Si lo existente fuera suficiente, no tendríamos mujeres y profesionales de la salud señalando que el sistema ofrece el aborto repetidamente sin alternativas reales de acompañamiento”, sostuvo.
La cabildante también se refirió a los indicadores en salud mental, al advertir un aumento del 47 % en conductas suicidas en mujeres embarazadas. “Cuando algo no está funcionando, se mejora; no se bloquea”, enfatizó.
Asimismo, rechazó que el aborto deba entenderse como un derecho absoluto. Recordó que fue despenalizado, pero no es un derecho constitucional ilimitado, y cuestionó que durante el embarazo se ofrezca de manera reiterada esta opción, mientras el acompañamiento psicológico sea limitado.
“La discusión debe ser técnica, no ideológica. En una ciudad con la natalidad más baja de su historia, bloquear políticas de acompañamiento no es progreso, es irresponsabilidad”, afirmó.
Finalmente, reiteró que la Ruta por la Vida busca proteger integralmente a las mujeres embarazadas y garantizar información completa y apoyo real. “Defender la vida y la salud mental no puede convertirse en motivo de objeción”, concluyó.
Con esta decisión, el proyecto regresó al Concejo de Bogotá para su revisión. Ahora, los cabildantes deberán evaluar las objeciones presentadas por el Distrito y definir si insisten en la iniciativa, la modifican o la archivan.
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Por Redacción Bogotá
