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En poco más de una década –entre 2005 y 2016– la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha recibido 18 demandas de ciudadanos que han caído en alcantarillas sin tapa. En 12 de esos procesos judiciales, la entidad ha sido sancionada a pagar $1.885 millones. Las demandas restantes ascienden a $1.300 millones y de resultar adversas para la entidad, implicarían el pago de un total de $3.185 millones para reparar por perjuicios morales y materiales a las víctimas.
Las estadísticas fueron reveladas este lunes en el marco de un debate de control en el Concejo de Bogotá, en el que nuevamente se prendieron las alarmas por la infraestructura urbana de la ciudad que presenta alto estado de deterioro, lo que pone en riesgo la integridad y la vida de los capitalinos en el espacio público.
Tal infraestructura comprende puentes peatonales en mal estado, hundimientos viales, alcantarillas y cajas sin tapa, ausencia o deterioro de las señales de tránsito, frentes de obra abiertos (polisombras), cables caídos, ausencia de iluminación pública, puertas y losas de Transmilenio deterioradas y puntos ciegos de vías.
Solo el año pasado, según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, nueve personas perdieron la vida por vías en mal estado – afectadas por huecos, baches o sobresaltos– así como por ausencia total o parcial de señales de tránsito. Entre 2012 y 2016, el número de víctimas mortales por estos hechos ascendió a 41. En este frente también hay demandas contra el Distrito: las pretensiones (20 en total) suman $11.245 millones.
En el caso de las alcantarillas sin tapa, el concejal Yefer Vega (Cambio Radical) llamó la atención por las bandas delincuenciales que se dedican a hurtar el mobiliario para comercializarlo en otras ciudades o para extraer materiales como hierro. “El robo de alcantarillas en Bogotá no solo afecta el equilibrio financiero de la EAAB, sino que también tiene repercusiones graves en la vida de las personas. Por eso, es una de las principales ‘trampas mortales’ en la ciudad”, advirtió, señalando que los habitantes de calle son instrumentalizados para perpetrar los hurtos: “Se las roban para extraer material reciclable y lo venden a precios entre $2.000 y $50.000”.
En lo corrido de 2016, de acuerdo con Vega, se perdieron más de $2.000 millones por el robo de tapas de alcantarillas en Bogotá. En esa línea, para evitar más víctimas no solo por la ausencia de tapas, sino por infraestructura en mal estado, el concejal instó a la Administración Distrital a realizar una política de prevención que identifique los factores de riesgo, haga monitoreo y detecte oportunamente eventuales trampas mortales.
“La ausencia de políticas públicas y de planificación en materia de seguridad vial y movilidad urbana en el que el centro de interés sea el bienestar y la calidad de vida del ciudadano, es la razón fundamental para que este tipo de peligros existan en las calles de Bogotá”, reclamó el cabildante.