¿Alguien quiere sacar al gerente de Transmilenio?

Una particular indagación preliminar, abierta por la Personería distrital, y la decisión del alcalde Samuel Moreno, conocida en exclusiva por El Espectador, de encargar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) de la millonaria licitación para el recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), evidenciarían que algo se está tejiendo alrededor del gerente de Transmilenio S. A., Fernando Páez Mendieta. Con los dos hechos, ocurridos en el transcurso de los últimos cinco meses, el funcionario queda bajo la lupa del ente de control que investiga presuntas irregularidades en su gestión y prácticamente por fuera de un proceso que por ley tendría que haber encabezado.

Se trata de dos acontecimientos aparentemente aislados que, sin embargo, no dejan de generar suspicacias, pues involucran a uno de los miembros de la actual administración local más destacados por su “impecable labor”, como lo reconocen incluso concejales de oposición como Ángela Benedetti.

El primero data exactamente del 30 de septiembre de 2009. Ese día el director de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá, Héctor Enrique Ferrer Leal, firmó el auto de apertura de indagación preliminar 031, en el que se ordenan las “actuaciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar”, relacionadas con la prórroga que, tres meses antes, el gerente de Transmilenio había firmado con Angelcom S. A., una de las dos empresas encargadas del recaudo en ese sistema de transporte.

Páez convino con Angelcom, el operador que recoge los dineros de los tiquetes en la calle 80, en la Avenida Caracas y en la Autopista Norte, ampliar por cuatro años la concesión —hasta 2015, originalmente el contrato iba hasta enero del año entrante— argumentando que esa licitación tendría altos costos para la ciudad. Especialmente, dijo, teniendo en cuenta la inminente llegada del SITP, que integrará el recaudo de Transmilenio con el del metro y el de los buses de servicio público. El funcionario explicó que el hecho de que los actuales contratistas manejen una tecnología de “protocolos cerrados” hubiese obligado al nuevo adjudicatario a realizar una labor de “empate” que, eventualmente, “habría generado un caos en el sistema de recaudo en la ciudad”.

“Además de la compatibilidad o no de otro software, tuve en cuenta el alto costo de una licitación para adjudicar un contrato por apenas cuatro años. Con mi equipo concluimos que era muy caro y decidimos buscar el mecanismo de la prórroga hasta 2015, año en el que también termina el contrato de la Unión Temporal Fase II, el otro recaudador”.

Para definir la prórroga, Páez se asesoró de los reconocidos expertos Juan Carlos Echeverry, economista, y Gabriel de Vega Pinzón, abogado, quienes la avalaron. En el concepto que sobre el tema presentó a Transmilenio S. A., el primero aseguró: “Estas modificaciones representan unas ventajas para el sistema Transmilenio y para la adopción del SITP”.

Pero a pesar de la aparente solidez de esos argumentos a favor de la prórroga, el 16 de septiembre de 2009 la Personería realizó una primera visita a las oficinas de Transmilenio anunciando el comienzo de un proceso de veeduría. La inspección se repitió un mes después, el 22 de octubre, en cabeza del asesor de la personería delegada para asuntos presupuestales, Luis Eduardo Ruiz, quien solicitó a esa empresa los conceptos de Juan Carlos Echeverry y Gabriel de Vega Pinzón.

Una tercera visita por parte del ente de control se llevó a cabo el 7 de diciembre. Los asesores de la personería delegada para investigaciones especiales, Diego Alberto Zuleta y Édgar Pinzón Gaona, llevaron a Transmilenio S. A. la resolución por la cual el personero (e) Marco Ricardo Mariño Fajardo los comisiona para adelantar la indagación preliminar en lo que tiene que ver con la prórroga a Angelcom. También entregaron el auto de apertura de investigación “contra indeterminados funcionarios en averiguación”. Lo curioso es que ambos documentos tienen fecha del 30 de septiembre y que los delegados solicitaron los antecedentes laborales y personales del gerente.

¿Mano invisible?

Pese a que la Personería de Bogotá justifica su labor en este caso, asegurando que “actuó de oficio” —ver entrevista anexa— y que la investigación se ha llevado a cabo conforme a las normas y no es en contra de Fernando Páez específicamente, en entrevista con varios concejales y funcionarios que pidieron que se omitieran sus nombres por seguridad, El Espectador pudo establecer que detrás de este episodio se tejen toda clase de versiones. La que más se repite es que la prórroga a la empresa recaudadora habría causado malestar en un sector muy cercano al alcalde, Samuel Moreno, con intereses en el negocio, y que este mismo grupo fue el que impulsó el proceso disciplinario.

Al respecto, el gerente de Transmilenio manifestó: “no tengo  ni idea” de los rumores. El funcionario defendió su gestión de más de un año al frente de esa entidad y dijo que “siempre he actuado respetando la ley. Me asesoré bien y procedí pensando en lo mejor para la capital. Llevo 23 años en el sector público y es la primera vez que cuestionan mi accionar”.

A la pregunta de si alguien quiere sacarlo del cargo, y por qué, Páez contestó: “No sé si esa intención existe por parte de alguna persona, pero en todo caso el único que tendría esa potestad sería el señor Alcalde”.

ETB, a cargo de licitación

Además de la investigación preliminar que por una decisión suya abrió la Personería, un inesperado cambio en las reglas de juego del proyecto del SITP tendría en ascuas al gerente de Transmilenio S. A. Recientemente, el alcalde Samuel Moreno les propuso a los funcionarios encargados de ese sistema tener en cuenta a la ETB para que esta entidad adjudique el contrato del recaudo, que debería entregarse en marzo de este año.

Un negocio que generará $8.000 millones diarios, pues la empresa que se lo gane quedaría encargada de recoger los dineros que produzcan el metro, Transmilenio, los buses de servicio público y, probablemente, también el tren de cercanías, en el marco del Sirci (Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario).

Esta licitación, no obstante, tendría que encabezarla Transmilenio S. A. Al menos, eso señalan los decretos que determinan las funciones de esa entidad. Por ejemplo, el 486 de 2006 establece que la Empresa de Transporte del Tercer Milenio deberá: “Adelantar los procesos de selección necesarios para poner en marcha la integración del transporte público masivo con el actual sistema de transporte colectivo”.

¿Por qué, entonces, quiere el Alcalde encargar de tan importante proceso a la ETB y sacar a Transmilenio? El secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, contesta que “lo de la ETB se está estudiando, pero no es una decisión tomada”, y dice que, por ahora, no declarará nada más. “El día que concretemos el asunto seguramente daremos una rueda de prensa explicando por qué lo hicimos”. El funcionario reconoce que por ser ente gestor, de manera natural esta licitación la tiene que entregar la empresa de transporte.

Decisión de Personería, en 15 días

Héctor Enrique Ferrer Leal, director de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá, habla de la indagación preliminar por la prórroga a un concesionario de Transmilenio.

¿Qué motiva el proceso?

Actuamos de oficio. Estamos examinando si la prórroga está acorde con la normatividad y evaluando las pruebas a ver si hay mérito para abrir una investigación formal.

¿En qué consistirían las presuntas irregularidades?

Se examina si todo se hizo respetando los principios de la contratación administrativa, especialmente el de transparencia.

¿Qué camino le señalan las pruebas y cuándo tomaría una decisión?

Estamos en reserva sumarial. La decisión de si se abre o no una investigación formal podría darse en una o dos semanas. El plazo máximo es hasta marzo.

¿Por qué entregan una notificación de indagación el 7 de diciembre, con fecha de 30 de septiembre?

Porque el auto es contra funcionarios indeterminados y no hay obligación de notificar. Es sólo para que en la entidad estén enterados.