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La evacuación de la sede de Caracol Televisión, en el barrio La Floresta, la noche del sábado 7 de noviembre, terminó sin que la Policía encontrara explosivos en las instalaciones o sus alrededores. Sin embargo, la alerta que motivó el desalojo sigue bajo análisis de las autoridades. En este sentido, el CTI de la Fiscalía compartió información sobre posibles amenazas contra medios de comunicación en Bogotá y la Alcaldía activó una respuesta preventiva.
Asimismo, el Distrito informó que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó convocar de inmediato al Centro Integrado de Información e Inteligencia, CI3, para que los organismos de seguridad revisen conjuntamente la información disponible. La Policía Metropolitana también adoptó medidas preventivas, aunque la Alcaldía no detalló cuáles son ni en qué puntos se aplican.
Hasta ahora, las autoridades no han informado qué estructura ilegal estaría detrás de la advertencia, contra cuáles medios irían dirigidas las posibles acciones ni si hay personas identificadas dentro de la investigación.
¿Qué se sabe de la alerta contra medios de comunicación?
La información fue comunicada por la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, a diferentes medios y al Gobierno Distrital. Caracol Televisión confirmó que fue informado por las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, por lo que adoptó protocolos internos y evacuó preventivamente su sede.
Caracol Radio señaló que también recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación. La emisora informó que activó sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades.
La Policía Metropolitana comunicó posteriormente que “al momento no hay evidencia de explosivos” en inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión. Esa verificación descarta la presencia de un artefacto explosivo en el lugar, pero no resuelve el origen ni el alcance de la alerta de seguridad compartida por el CTI.
Bogotá convocó al CI3 para revisar la información
El Centro Integrado de Información e Inteligencia reúne a entidades encargadas de analizar información de seguridad y coordinar actuaciones frente a riesgos que requieran una respuesta conjunta.
En este caso, la decisión del Distrito busca establecer el nivel de riesgo asociado con la alerta, contrastar la información que recibió la Fiscalía y definir si se requieren nuevas medidas de protección para las sedes, los trabajadores y otros medios mencionados en la advertencia.
Por ahora, no hay un reporte oficial de personas capturadas, artefactos hallados o atentados consumados relacionados con esta situación.
Defensoría y Procuraduría pidieron esclarecer los hechos
La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y preocupante la información conocida y pidió determinar su veracidad, esclarecer el origen de la amenaza y proteger a quienes trabajan en los medios.
“Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado”, señaló Marín.
El procurador general, Gregorio Eljach, también rechazó las posibles amenazas y pidió garantías para el ejercicio periodístico. “Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia”, afirmó.
El contexto de las agresiones contra la prensa
La alerta ocurre en un año en el que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado riesgos persistentes para quienes cubren asuntos de interés público. Entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, la organización registró 150 agresiones contra la prensa en Colombia, de las cuales 46 fueron amenazas.
Bogotá concentró 33 de esos casos, asociados principalmente con estigmatización y acoso judicial, según el informe de la FLIP. Estas cifras no están vinculadas de manera directa con la alerta conocida este fin de semana, pero muestran el entorno de riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico.
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