Antenas en parques de Bogotá: ¿qué hay detrás?

La Agencia Nacional del Espectro es la encargada de medir los niveles de radiación de las antenas. / Jorge Londoño

La instalación de antenas en el espacio público viene incomodando a más de un barrio en Bogotá. En enero fue la comunidad del barrio El Moral (Suba) la que rechazó la instalación de una estructura en un parque y en abril fueron los vecinos de Modelo Norte (Barrios Unidos). El último fue en Chicó II, donde los habitantes también se opusieron.

A diferencia de los primeros casos, allí la Procuraduría pidió suspender los trabajos el jueves. El organismo señaló que los suelos de los parques están conformados por depósitos lagunares, lo cual los hace susceptibles a la erosión y, por ende, no aptos para instalar una antena en la mitad del terreno.

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“Además, no socializaron con los que usan el parque. La norma dice que tienen que hacerlo solo con los predios colindantes, que en este caso son un edificio y la Embajada de Polonia. No tuvieron en cuenta a los vecinos”, asegura María Victoria Iannini, edilesa de Usaquén.

Detrás de las polémicas hay unos antecedentes. Hace dos años el Distrito reglamentó la instalación de antenas, en cumplimiento de las normas nacionales que la obligan a fomentar el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones y garantizar a los ciudadanos el acceso a las tecnologías de la información.

En la capital, según la propia Alcaldía, existían trabas para cumplir ese objetivo, como lo evidencia un oficio del Ministerio de las TIC y la Procuraduría en 2015 y otro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que en 2016 pidió al Distrito armonizar las normas locales con las nacionales.

Por ello, en agosto de 2017, la Secretaría de Planeación expidió un decreto que regula el despliegue ordenado de la infraestructura, minimizando los impactos. La norma permite la instalación de antenas en zonas de protección, inmuebles públicos y privados, predios de interés cultural y en el espacio público.

El trámite

Según el documento, que apunta a legalizar todas las antenas, en el caso de las nuevas obras, se prioriza la redistribución eficiente del espacio público, el menor impacto paisajístico y la masificación de la conectividad. Bajo esas condiciones, el interesado debe surtir varios trámites, como la solicitud de un estudio de factibilidad y la socialización con comunidades.

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Superado esto, tiene dos meses para pedir el permiso. En caso de querer hacerlo en espacio público, como las antenas que generaron polémica, la petición debe ir con documentos detallados sobre la intervención. Si se logra el permiso, antes de comenzar, debe tramitar las licencias para intervenir y pagar la retribución por uso al IDU, IDRD o el Dadep (según el sitio).

“El decreto contempla un cobro mensual por aprovechamiento del espacio público, que se tasa según las características de la antena. Este pago puede ser hasta de $6 millones mensuales. Teniendo en cuenta la cantidad de antenas y las que podrían instalar, eso representaría un nuevo ingreso cercano a los $300.000 millones anuales”, dijo Eduardo Nates, director de Servicios Públicos de Planeación.

Temor

Aunque el permiso se expide por cinco años, depende de un papel adicional: antes de los dos años el operador debe entregar certificado de medición de exposición a campos electromagnéticos, hecho por la Agencia Nacional del Espectro (ANE). “Como Distrito no regulamos las ondas ni el espectro. Lo hace la ANE, que certifica que están cumpliendo con parámetros de radiación. Por esta coyuntura, harán las mediciones una vez instalen las antenas”, agregó Nates.

Este es uno de los puntos que generan temor entre los habitantes de las zonas donde están instalando antenas. Creen que la radiación podría generar efectos en la salud. En el caso del Chicó II, “se radicó una acción popular que ya aceptó un juez, quien pidió pruebas técnicas que prueben que las antenas representan un daño”, dice Iannini.

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Según Planeación, tanto el Distrito como la nación se basan en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que no hay evidencia de que las estaciones radioeléctricas incidan en la salud. “Esas ondas son no ionizantes, por lo que no afectan la estructura molecular de los seres vivos”, dijo el secretario Andrés Ortiz.

Si bien la Procuraduría ordenó la suspensión de las obras en Chicó II y la Personería Distrital alertó que en la ciudad solo el 6 % de las antenas son legales, el Distrito asegura que eso cambiará con este decreto, bajo el cual se han dado 97 permisos de instalación, mientras que 783 se encuentran en trámite.

Mientras avanza este proceso, que según el Distrito apunta a mejorar la conectividad y el acceso a nuevas tecnologías, los choques con la comunidad se mantendrán. No solo porque las antenas serán un nuevo mueble de los parques, sino por la incertidumbre alrededor de si la radiación afectará o no la salud. Por ahora, lo único que podrán hacer los inconformes será acudir a entes de control o a la CRC, entidad llamada a resolver las controversias.