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Continúan las reacciones en contra de la medida formulada por la Alcaldía de Bogotá, en la cual, a partir de 2026, los vehículos con placas que no sean de Bogotá tendrían restricción a la movilidad los sábados. Esta vez, la declaración vino del abogado Julián Prada, quien anunció en una entrevista con Blu Radio la radicación de una acción popular para impedir que la medida entre en vigencia.
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Para Prada, la norma no solo afecta a quienes viven en municipios vecinos, sino que viola principios de igualdad y movilidad regional. Considera que imponer restricciones solo por el lugar de matrícula atenta contra derechos fundamentales de quienes usan su vehículo para trabajar, estudiar o movilizarse diariamente entre Bogotá y municipios de la Sabana.
Rechazo desde Cundinamarca y municipios vecinos
A ese coro de protestas también se sumó la semana pasada Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, quien calificó la medida de “discriminatoria” y acusó al Distrito de tomar decisiones sin socializar ni dialogar con el departamento ni los municipios afectados. Según Rey, la restricción parte de “un análisis superficial y poco riguroso” del parque automotor y su tipología en la región.
Asimismo, alcaldes de municipios como Soacha y Zipaquirá también han levantado la voz contra la medida. Argumentan que penaliza a ciudadanos que viven en la región y necesitan movilizarse a Bogotá por trabajo, estudio o salud, sin ofrecer alternativas reales de transporte público o soluciones integrales de movilidad regional.
Mesa de diálogo
Frente al clima de tensión, la Personería de Bogotá instaló una mesa metropolitana con representantes de personerías de municipios como Fusagasugá, Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Subachoque. El objetivo: analizar los efectos del pico y placa los sábados —sobre movilidad, empleo, derechos ciudadanos, transporte, salud— y mantener un canal de diálogo técnico y jurídico con las autoridades.
Los personeros anunciaron que, cuando se concrete el acto administrativo, evaluarán su constitucionalidad. También revisarán si la medida vulnera derechos fundamentales de quienes viven en la región y necesitan moverse entre municipios sin estar sujetos a restricciones solo por matrícula.
¿Qué viene?
Si la acción popular prospera, la medida podría quedar suspendida o modificada antes de que se aplique. Sin embargo, en su tránsito por los tribunales, la iniciativa podría tardar un tiempo considerable en prosperar.
Mientras tanto, muchos conductores sienten incertidumbre: una norma que podría limitar su movilidad sin consenso y sin alternativas reales.
El debate puso en evidencia la tensión estructural entre la dificultad de regir la movilidad urbana sin considerar la dinámica de la Región Metropolitana, donde Bogotá y Cundinamarca funcionan como cabezas de la figura asociativa fundada en 2022.
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Por Redacción Bogotá
