Arranca demolición de edificio de la Policía donde fue violada y asesinada Sandra Vásquez

En 2012 la Policía se realizó una ceremonia en el cual la Policía ofreció excusas públicas a la familia de Sandra Catalina. / Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Este miércoles, sobre las 4:00 de la tarde, la familia de Sandra Catalina Vásquez –la pequeña que con tan sólo 9 años fue abusada y asesinada en 1993 al interior de una estación de Policía del centro de Bogotá– espera dar otro paso que ayude a cerrar la herida alrededor de su crimen: arrancará la demolición del edificio de la institución donde la menor fue violentada a manos del agente Diego Fernando Valencia.

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La estructura, que fue adquirida por la Universidad de Los Andes, será demolida para dar paso a otra construcción. Hoy será el primer martillazo a la antigua estación de Policía, un hecho que para la madre de Sandra Catalina estará lleno de significado y simbolismo, todo para repudiar una vez más el crimen de la menor. El evento será un escenario también para exigir, no solo de la sociedad, sino del Estado mayores medidas y políticas para erradicar la violencia contra los niños.

La historia se remonta al domingo 28 de febrero de 1993, cuando la madre de la menor, Sandra Guzmán, se dirigió, junto con su hija, al lugar de trabajo del padre de la menor, Pedro Gustavo Vázquez, en ese entonces policía.

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“Eran las 9:00 de la mañana, mi hija creyó ver a su papá y entró a la estación (de Germania), y yo no le vi ningún problema. Pero después de 20 minutos empezó ese ‘sexto sentido’ de madre y fue cuando encontré a mi chiquita en el tercer piso violada y estrangulada en un baño. Está en mi cabeza como si hubiera pasado hace 10 minutos”, recordó Guzmán en una entrevista con El Espectador en 2013.

Inicialmente, se responsabilizó del crimen al padre de la pequeña. Sin embargo, tras tres años de investigación, las autoridades lograron establecer que el verdadero asesino era el patrullero Valencia Blandón. Las autoridades determinaron la autoría del patrullero tras una prueba de ADN practicada a los 140 agentes de la que estaban en la estación. A pesar de que lo sentenciaron a 45 años de cárcel solo pagó 10, entre 1996 y 2006, acreditando buen comportamiento y estudios al interior de la prisión.

“Su libertad se dio en condiciones irregulares, ya que fue liberado días antes de cumplir efectivamente con la sentencia y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Las investigaciones penales no continuaron para establecer la responsabilidad de otros agentes o superiores, por lo cual la familia de Sandra Catalina sigue afirmando que el caso se encuentra en la impunidad”, declaró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha hecho seguimiento al caso.

El Consejo de Estado ordenó que se pagaran $500 millones a Vásquez porque en su demanda se argumentó que estuvo preso durante 16 meses, que además de la muerte de su hija también le causaron perjuicios morales. La madre y la abuela de la niña, sin embargo, terminaron enredadas en términos jurídicos de plazos y vencimientos que les impidieron poner una demanda a tiempo para poder ser reparadas igualmente.

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