5 May 2020 - 2:39 a. m.

Arriendos comerciales atrasados, drama con dos caras

Miles de negocios llevan más de un mes cerrados y se enfrentan al pago del alquiler. El principio es la negociación, pero no resulta tan fácil, porque del otro lado están quienes viven de la renta.

Felipe García Altamar (fgarcia@elespectador.com)

En Bogotá hay 15.000 bares, de los que 14.490 pagan arriendo. / Óscar Pérez - El Espectador
En Bogotá hay 15.000 bares, de los que 14.490 pagan arriendo. / Óscar Pérez - El Espectador

El comercio de Bogotá está desolado. En las calles de la capital son contados los establecimientos que mantienen su operación: farmacias, panaderías, bancos, supermercados, tiendas de barrio y otros establecimientos que ofrecen servicios esenciales para afrontar el confinamiento. Los demás, que no entran en esa categoría, empezaron a cerrar sus puertas hace seis semanas, lo que significa que desde entonces no perciben ganancias.

En medio de la extensión del confinamiento crece la preocupación de los comerciantes, sobre todo para los que tienen sus locales en arriendo. No tienen ingresos, pero siguen pagando el alquiler; también la nómina y los servicios, sin contar créditos, abastecimiento de sus hogares y otros gastos. La situación es más compleja, porque del otro lado de la moneda están quienes viven del arriendo de sus bienes, pero como no hay locales abiertos, tampoco están recibiendo dinero.

El panorama de los alquileres comerciales en medio de la recesión es complejo. Para Fedelonjas, los alquileres directos, sobre todo en negocios de barrio y a veces sin firmar contrato, hacen imposible tener estadísticas claras sobre el arriendo informal. Tampoco permiten dar directrices sobre cómo proceder en una emergencia como la que atraviesa el país por cuenta de la pandemia.

Lo máximo que la entidad puede hacer es recomendar que, así como en los arriendos con inmobiliarias, se recurra a la solidaridad y ambas partes negocien hasta encontrar un equilibrio. Algo que parece no estar teniendo muchos resultados y que amaga con convertirse en una entrega masiva de inmuebles o llevar las pujas al sistema judicial.

Rostros del drama

Paola León es la directora de una empresa de soluciones tecnológicas. Tiene un local en Unilago, por el que paga $2 millones de arriendo, y una oficina cerca de allí, con un canon de $1 millón. Ambos locales están cerrados y por ahora ofrece soporte técnico a domicilio y vende computadores y accesorios por su página web. Para la oficina no fue difícil lograr un acuerdo, pero con el local, que abrió en septiembre, no tiene solución.

“El propietario de la oficina también vende tecnología y está muy afectado, así que entiende lo que sucede. Hablamos con él, cuadramos que mientras esté cerrado no se cobrará arriendo y cuando retomemos miramos cómo organizamos. Sobre el local, propusimos congelar el alquiler, pero no hemos tenido respuesta, entonces entregaremos el local”, contó.

Otro caso es el de una sociedad de siete personas que administran unas canchas sintéticas de fútbol cerca a Corferias. El local es grande, tanto que también pusieron un lavadero de motos. Pagan $14 millones de arriendo y su caso es diferente, pues median una inmobiliaria y una aseguradora, con las que avanza un acuerdo para pagar este mes el 50 %. Sin embargo, el panorama en adelante es oscuro.

Diego Durán, uno de los integrantes de la sociedad, aseguró que “el bajón económico es fuerte y no sabemos cuándo se reactivará nuestro sector, así que estamos preocupados. Apenas llevamos tres años con el negocio, para el que invertimos $500 millones, y estaba todo listo para la renovación del contrato, pero ahora será más complejo. Tenemos tres empleados y estamos llegando a acuerdos de pago, pero, con dolor, ya les dijimos que no tenemos cómo seguirlos empleando”.

En todo este problema hay un gremio especialmente afectado: los bares y establecimientos nocturnos, que fueron uno de los primeros en cerrar sus puertas y todo indica que serán los últimos en reactivarse, dada la alta interacción social que implican. Este infortunio lo personifica Oswaldo Hernández, propietario de un bar en Galerías, por el que paga un arriendo de $4,5 millones. Según afirmó, el decreto del Gobierno los pone en desventaja frente a los arrendadores y “les da toda la potestad, pues muchos no tienen en cuenta que no estamos recibiendo ingresos. Hasta junio hay plazo de llegar a acuerdos de pago, pero si el arrendador no quiere, simplemente toca pagar todo el canon. Lo más grave es que esto puede durar hasta un año”.

De acuerdo con Asobares, en la capital hay 15.000 establecimientos nocturnos, de los cuales 14.490 pagan alquiler. Por eso David Contreras, vocero de la agremiación, propone que se declare estado de emergencia económica y así expedir decretos para aliviar las actividades que han sido clausuradas. “El llamado que hacemos a los dueños de los locales es que si bien muchos dependen de esos ingresos, la idea no es que se queden con los locales vacíos, porque ¿quién los va a arrendar en estos momentos? Además, la idea es evitar que se llegue a instancias judiciales”.

La situación también es complicada para los arrendadores. Elkin Suárez es propietario de varios locales en Fontibón, donde funcionan bares, restaurantes, salones de belleza y cafeterías; todos cerrados. Y aunque ha tratado de conciliar con la mayoría de inquilinos, en muchos casos es imposible; como ejemplo pone el de un salón de belleza, en el que trabajan 25 personas. “Ya no me contestan. Entiendo que no saben qué decir”, aseguró.

Por ahora vive de ahorros, pero le preocupa lo que viene, sobre todo con el pago de impuestos. “Son altísimos. De una sola propiedad me toca pagar $30 millones de predial y en esa parte la Alcaldía debería ser más consciente y bajar los impuestos. El único alivio fue correr la fecha de pago, pero eso no es suficiente, pues no sabemos cuándo recibiremos ingresos”.

En medio de esta cadena, el presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez, hace una aclaración: el 83 % de los propietarios de los establecimientos son estrato uno, dos y tres, por lo que simplemente generar una cultura de no pago es desequilibrar la balanza. “El afán es buscar acuerdos, pero en locales de barrio, donde hay tanto contrato directo, no hay mediación ni directrices. Cada situación es distinta, se debe evaluar y no se puede beneficiar a uno en detrimento de otro”.

El otro mensaje que envía Fedelonjas, que apoyó la Secretaría de Hábitat, es que quien pueda seguir pagando el arriendo, lo haga, y que en las negociaciones deben primar la solidaridad y la comunicación. Ya como últimas instancias, Vásquez destaca los centros de conciliación de la Cámara de Comercio y la Lonja de Bogotá, que realizan audiencias virtuales para lograr consensos. “Esto no es algo que se haga en un primer momento, la gente está entendiendo que toca negociar, pero manteniendo el equilibrio. Hay muchos caminos de arreglo, pero si no se llega a un acuerdo seguirán los escenarios judiciales, que no es lo ideal, porque es desgastante”.

La crisis derivada de la pandemia está golpeando millones de hogares, y lo seguirá haciendo. Mientras se anuncia una solución estatal, la Secretaría de Hábitat resalta que depende de ambas partes encontrar soluciones, para salir adelante entre todos.

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