La población indígena asentada en Bogotá continúa viviendo en condiciones precarias y con altos riesgos para su salud que, lamentablemente, en los casos más extremos, siguen derivando en muertes como la de una mujer de 25 años, que residía en La Rioja, ocurrida el domingo 21 de abril, como pudo conocer El Espectador. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, con corte en el mes de marzo, en Bogotá hay cerca de 2.700 indígenas asentados, la gran mayoría llegaron desplazados de sus territorios a causa del conflicto armado que allí se vive.
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Y es que entre más se dilaten las soluciones y las comunidades continúen sin poder regresar a sus territorios, la gravedad de la crisis seguirá aumentando. De acuerdo con Jairo Montañez, coordinador de las autoridades indígenas de Bakata, desde 2021, a la fecha, 46 personas de las comunidades indígenas asentadas en la capital, 35 menores y 11 adultos, han fallecido. Aunque las condiciones en los albergues afectan la situación de salud de quienes allí se alojan, “en este caso no se ha establecer la causa de la muerte, ni su relación con las condiciones del alojamiento”, según indicó la Secretaría de Salud.
El caso más reciente ocurrió el pasado domingo 21 de abril. Según Montañez, una joven indígena de 25 años, perteneciente al grupo de indígenas asentados en la UPI de La Rioja, falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas a cabalidad por las autoridades.
Se sabe que el lunes 22 de abril la Secretaría de Salud estaba adelantando los procesos necesarios para establecer la causa puntual del deceso y las posibles complicaciones de salud de esta mujer.
En La Rioja, hay un estimado de 1.101 indígenas, en La Florida, 851, 561 en el Parque Nacional y 124 que llegaron recientemente al Buen Samaritano. Todos piden al Gobierno Nacional soluciones efectivas a temas fundamentales para su bienestar como son la seguridad, la vivienda digna, acceso a salud y educación y un retorno a sus territorios, con la garantía de no repetición de las situaciones que los llevaron a desplazarse. La situación refleja el fracaso de las autoridades para encontrar una salida definitiva a la problemática.
¿Qué dice el Distrito?
De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud, fechado el 23 de abril de 2024, la mujer hoy fallecida había sido atendida por personal de la entidad en varias ocasiones, desde junio de 2022, hasta diciembre de 2023. Dice la entidad que desde la última valoración que le realizaron, la mujer no presentaba signos de alarma que comprometieran su salud.
No obstante, indica el documento, que la mujer se negó a recibir atención médica durante las últimas jornadas que la Secretaría de Salud realizó en La Rioja. “Desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, no se permitió la atención por parte de los equipos extramurales en salud para algunas familias Emberás ubicadas en la UPI La Rioja. Situación que se encuentra documentada”, anunció la entidad.
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Y además aclara que, “durante las jornadas de actualización en salud que se realizaron entre el 2 y el 3 de abril de 2024, ni en días posteriores, la mujer no permitió la atención de los equipos de salud”. La pregunta que ronda en el aire y que aún continúa sin respuesta es, ¿por qué la mujer, y varias familias Emberás, se han negado en varias oportunidades a recibir atención médica?
Por otro lado, señala el Distrito que, entre el 27 mayo de 2022 y el 14 de abril de 2024, la Secretaría de Salud a través de los equipos extramurales de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, ha realizado 11.221 atenciones a la población Emberá en 15 servicios de salud, así mismo, ha hecho 1.598 valoraciones por ambulancia, ha atendido 1.385 niños y niñas en la Unidad de Atención Integral Comunitaria y ha realizado seguimiento a 258 gestantes.
Si bien las acciones de salud en La Rioja se han intensificado, y las atenciones de medicina general, medicina especializada, salud oral y vacunación, entre otras, han mejorado notablemente, las dudas de por qué siguen presentándose muertes de este tipo generan incertidumbre.
Cabe recordar que apenas durante los primeros días del mes de marzo, aproximadamente 120 familias de indígenas, la mayoría del pueblo Emberá, se ubicaron, a modo de protesta, frente al ministerio de Vivienda, en La Candelaria, para exigir soluciones prontas pensadas a largo plazo en cuanto a seguridad, vivienda, educación y salud se refiere.
La historia de estas comunidades se repite, es circular en la gran mayoría de los casos. Salieron de sus territorios por la violencia o la minería ilegal, llegaron a la ciudad buscando oportunidades. Luego se instalaron en pagadiarios, pero al no tener la manera de pagar el hospedaje, se fueron las Unidades de Protección Integral UPI de La Rioja o de La Florida y finalmente, por las condiciones que allí se viven, decenas de familias decidieron asentarse en el Parque Nacional.
Entre 2020 a 2024, la alcaldía ha destinado casi $18.000 millones en atenciones en salud, educación y paquetes sociales, así como el sostenimiento de La Rioja y La Florida, y $1.050 millones en alimentación y aseo por parte de la Unidad de Víctimas. Pero, la falta de reglas claras lleva a que la ciudad y los indígenas sigan esperando soluciones concretas.
La petición de las comunidades sigue siendo la misma desde que llegaron: garantías para retornar a sus territorios y acceso a salud, educación y vivienda digna. Mientras no se establezcan estrategias efectivas, el éxodo continuará y las etnias indígenas continuarán llegando masivamente a malvivir en las calles de Bogotá.
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