Este martes, durante la sesión plenaria, el Concejo de Bogotá se solidarizó con las cientos de víctimas fallecidas, heridas y desaparecidas, producto del terremoto registrado el lunes 10 de agosto en horas de la mañana.
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La catástrofe que tiene en alerta roja a la red hospitalaria y que desde el Gobierno Nacional declararán la emergencia económica para atender a los damnificados, empujó a la bancada del Partido Mira a solicitar formalmente al Distrito retirar la reforma tributaria 2.0 que presentó el pasado 3 de agosto.
Para el concejal Samir Bedoya Piraquive, “las circunstancias económicas y sociales necesitan reevaluar la conveniencia de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza”.
Por lo tanto, comunicó que envió una carta al alcalde Carlos Fernando Galán, solicitándole respetuosamente que estudie retirar el proyecto de acuerdo.
“Revisen esta nueva realidad del país y consideren si es el momento adecuado para continuar con una reforma tributaria cuando los ciudadanos de Bogotá, en su mayoría, se están movilizando económicamente para atender a los damnificados”, puntualizó.
El segundo intento de reforma tributaria para la ciudad pretende recaudar COP 1,2 billones para financiar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. La propuesta contempla una sobretasa al impuesto predial; modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA); alivios para contribuyentes en mora e incentivos tributarios para promover nuevas inversiones.
El proyecto del Distrito lo refuerza una situación: el aumento del salario mínimo en 2026 que, según el concejal Juan David Quintero, generó un impacto de COP 1,69 billones sobre las finanzas de Bogotá, los cuales no se contemplaron el año pasado cuando se aprobó el presupuesto. Este cálculo supera incluso la advertencia que hizo en febrero la propia Secretaría de Hacienda, quien estimó el déficit en COP 1,45 billones.
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De acuerdo con Quintero, el mayor impacto ha recaído sobre el sector movilidad, donde la presión presupuestal superaría los COP 755.000 millones. De ese monto, COP 654.734 millones corresponderían al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de buena parte de las obras de infraestructura en la capital.
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