Opinión: Bogotá cuenta con nueva regulación para avanzar a un esquema de aseo sostenible

El nuevo marco tarifario del servicio público de aseo ofrece herramientas para que Bogotá transite hacia una gestión de residuos moderna y sostenible. La Resolución CRA 1040 de 2026 reconoce el tratamiento de residuos y fortalece el aprovechamiento. Así, abre espacio para que materiales reciclables y residuos susceptibles de tratamiento sigan rutas distintas a la disposición final. La regulación, por sí sola, no construye plantas ni establece rutas selectivas: esas posibilidades dependen de las decisiones que adopte la entidad territorial.

Bogotá cuenta, además, con un segmento regulatorio propio que atiende características particulares de su operación. Esa distinción se traduce en más materiales aprovechados por Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), así como, calles y espacios públicos limpios y mejor atendidos para el disfrute de los Bogotanos.

En esa transformación, los recicladores de oficio ocupan un lugar esencial. Recuperar y aprovechar materiales les permite ejercer una labor que presta un servicio ambiental a toda la ciudad. La Corte Constitucional, en el Auto 2059 de 2025, advirtió que el cambio de esquema de aseo no puede debilitar las acciones afirmativas alcanzadas en Bogotá. Por ello ordenó preservar, entre otras garantías, su acceso cierto y seguro al material aprovechable, la remuneración por su actividad y la coordinación con los demás prestadores del servicio público de aseo, condiciones que corresponde preservar al Distrito Capital.

Por su parte, la CRA expidió un régimen transitorio para preservar las garantías de los recicladores mientras Bogotá establece su esquema definitivo de aseo, el cual se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Si el Distrito opta por establecer nuevas áreas de servicio exclusivo, deberá presentar a más tardar el 1 de noviembre de 2026 la solicitud ante la CRA, conforme al cronograma vigente de la Resolución CRA 1037 de 2026. La Comisión por su parte verificará si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 943 de 2021, y específicamente que la excepción a la libre competencia se encuentra justificada en motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos se pueda extender a las personas de menores ingresos. Esta modalidad de prestación establece áreas del Distrito Capital en las cuales solo los prestadores elegidos mediante una licitación puedan prestar el servicio de aseo en esas áreas determinadas.

El usuario también será un actor clave e influyente en el cambio del modelo de gestión de residuos, será responsable de entregar de manera separada los residuos al sistema de aseo urbano, tal acción se premiará con una menor tarifa. A su vez, tiene derecho a un servicio de calidad y a una tarifa que refleje una prestación real, eficiente y alineada con lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS). A partir de ahora, la calidad deja de ser una promesa abstracta, si el servicio no se presta en las condiciones reconocidas en la tarifa, el usuario no debe pagar como si las hubiera recibido. Sus reclamaciones, cuando son verificadas y verídicas, pueden traducirse en ajustes tarifarios que hacen visible ese derecho en la factura.

Bogotá ya cuenta con señales regulatorias para transitar hacia un modelo circular y sostenible en la gestión de residuos. La decisión que viene es cómo convertirlas en rutas selectivas, tratamiento, aprovechamiento y un servicio que proteja a los recicladores y garantice tarifas justas a los usuarios. De eso depende empezar a quitarle presión a Doña Juana.

*Por Juan Camilo Acevedo Páez, experto comisionado de la CRA