Bogotá: entre la retórica y la realidad

Ad portas de iniciar su tercer año de gobierno, Claudia López se prepara para dejar atrás los desafíos urbanos que planteó una pandemia, donde no había libreto ni mucho menos referencias de gestión pública para afrontar una crisis sanitaria a escala global.

En términos de política social, se respondió con planes de choque dirigidos a la población más vulnerable, a tal punto que muchas de esas iniciativas para atender la crisis social y económica se convirtieron en acuerdo de ciudad, en donde el Concejo le dio un fuerte espaldarazo presupuestal.

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Sin embargo, será en 2022 cuando se podrá evaluar qué tanto impacto tuvieron dichas apuestas en los indicadores sociales, a la luz de los resultados en pobreza, educación, salud, seguridad ciudadana, crecimiento económico, entre otros sectores claves que determinan la calidad de vida de los bogotanos.

Lo cierto es que 2021 no fue el mejor año de la alcaldesa, y salvo algunos resultados en sectores específicos, la ciudadanía mantiene una imagen desfavorable de la actual administración, según las últimas encuestas, como es el caso de aquella que realiza el programa Bogotá Cómo Vamos, donde solo un 19 % calificó como buena la gestión de Claudia López.

No obstante, es importante resaltar los logros en vacunación y en la ejecución de la primera línea del metro, la puesta en marcha del cobro por parqueo en vía, la renovación de la flota de Transmilenio y el desmonte del SITP provisional, la incorporación de más de 1.500 policías a la ciudad, la estrategia de cielo abierto, los subsidios de renta básica y los apoyos económicos para que jóvenes sin recursos puedan ingresar a la educación superior.

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A pesar de lo anterior, hay temas que ocupan la atención de la agenda ciudadana, frente a los cuales los resultados no son los mejores. En seguridad se ha probado de todo para reducir los hurtos a personas y el homicidio, pero las cifras siguen preocupando.

A noviembre, ya contabilizábamos 1.029 homicidios, 100 más que en 2020, o 106 más si se compara con 2019. Muy seguramente 2021 marcará un registro histórico en este sentido. Lo lamentable de todo esto es que, hoy en día, un bogotano pierda la vida por un simple celular o una bicicleta.

El hurto a personas sigue creciendo: ya superamos las 95.000 denuncias, 28 % más de los registrados en 2020, indicador que puede tener un alto subregistro, pues de acuerdo con los estudios más recientes, menos de la mitad de las víctimas denuncian el hecho. El celular sigue siendo el objeto más hurtado.

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Además, viene creciendo, de manera considerable, el hurto de automotores y motocicletas, 6,4 y 34,6 %, respectivamente. Afortunadamente, se logró bajar el hurto de bicicletas (12 %), pero no por ello deja de ser preocupante que al mes se reporten, en promedio, 800 hurtos. Detrás de las cifras de seguridad es evidente que los delincuentes utilizan cada vez más la violencia y la intimidación como el recurso más efectivo para hurtar a los ciudadanos, quienes acceden muy fácilmente en los mercados negros a armas de fuego o armas traumáticas.

Allí es donde hay que concentrar los esfuerzos: en romper las cadenas criminales que hay detrás de los delitos de mayor rentabilidad económica. Y aunque las estadísticas de la Secretaría de Seguridad se empeñan en mostrar resultados en desarticulación de bandas, no se puede pasar por alto que la mayoría de ellas están asociadas a microtráfico, un tema bastante complejo y con dinámicas que requieren otro tipo de abordaje.

En seguridad y convivencia la ciudad también fue testigo, durante 2021, de hechos vandálicos que afectaron un porcentaje considerable de la infraestructura pública de transporte. Con una agravante: la dificultad para ejercer autoridad en los portales de Suba y Kennedy, donde permanentemente se ven hechos de violencia que terminan perjudicando a los residentes del sector. Esta realidad no se puede pasar por alto y por ningún motivo se puede normalizar la violencia como una expresión de inconformismo.

En movilidad los problemas que ya teníamos de tiempo atrás no se resolvieron en 2021, al contrario, se exacerbaron. Tal es el caso del desbalance financiero en Transmilenio, donde aún seguimos sin encontrar una solución sostenible al hueco fiscal e insistimos con la misma receta, en un momento donde los sistemas de transporte público evidencian una caída en la demanda, mientras el parque automotor no para de crecer. En cinco años aumentó más del 20 %, a tal punto que, en promedio, cada día entran a las calles 183 carros. A ese ritmo no hay infraestructura de movilidad que soporte esa demanda.

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Y a medida que regresamos a la “normalidad”, los ciudadanos somos testigos de trancones monumentales, independientemente de que se movilice en su carro, moto o bus público. Todos sufrimos por la congestión vehicular, que se complica por una malla vial deteriorada y por la ineficiencia de la Policía de Tránsito para atender choques simples.

Y me atrevo a afirmar que la congestión vehicular se va a complicar aún más en los primeros meses de 2022, sobre todo a la luz de obras de infraestructura que entrarán a regir y del incremento de la venta de carros usados, un fenómeno al que poca atención se le ha prestado y en donde deberíamos preguntarnos qué motiva a un ciudadano a bajarse del bus o la bicicleta para optar por un carro o una moto, a pesar de los trancones.

En la misma línea hay que preguntarse por qué se incrementó la accidentalidad vial en Bogotá. Las cifras a noviembre evidenciaban un incremento del 26 %, comparado con 2020. Lo peor de todo es que hoy son los motociclistas quienes más fallecen en siniestros viales, con una variación de más del 37 %, seguido de los peatones (+36 %) y los ciclistas (+17 %). Lástima que los resultados positivos que, en su momento, registró la estrategia Visión Cero se estén perdiendo, y no precisamente por falta de recursos.

Y para completar el escenario, la principal apuesta que tenía la ciudad en términos de planeación de usos de suelo y localización de infraestructura, a mediano y largo plazo, no se logró concertar en el Concejo, como consecuencia de diferentes maniobras disuasorias que impidieron el debate público del proyecto, lo que generó que la Alcaldía aprobara el POT por decreto.

Independiente de esto, es evidente que se requieren hacer ajustes en temas sensibles, como la ALO Norte, la localización de actividades de gran impacto en zonas residenciales, el crecimiento en altura y la renovación urbana en sectores con dificultades de acceso y movilidad o la supresión y creación de nuevas localidades en los próximos años, por citar solo algunos ejemplos.

Gobernar Bogotá no es un asunto sencillo, pero es posible hacerlo bien si se apuesta por un modelo de gobernanza basado en el diálogo y la concertación. Hoy la ciudad necesita volver a confiar en quienes tienen la responsabilidad de formular políticas públicas, y más aún cuando se tienen muchas apuestas de infraestructura que requieren ser financiadas por los contribuyentes.

Para el tercer año de gobierno, es el momento de hacer cambios, de evaluar los resultados obtenidos por cada secretaría y hacer ajustes para superar muchas de las dificultades que hoy tenemos, empezando por la ejecución presupuestal, en donde varias entidades no superan el 60 %.

Hay temas críticos que demandan resultados y menos retórica en una ciudad donde hay un exceso de estudios y una dificultad considerable para materializar los cambios y cumplir las promesas de campaña.

A esto habrá que sumarle los retos que se vienen en términos de ciudad-región con la reciente reglamentación de la ley y que no estará ajena a debates frente a los mecanismos financieros para soportar la carga burocrática que la acompaña, en momentos en que la reactivación económica apenas comienza a dar frutos y donde las relaciones con el Concejo de la ciudad no son las mejores, y más aún durante el tercer año de gobierno, cuando la ciudadanía y los actores estratégicos de la ciudad comenzarán a exigir resultados tangibles de política pública, más allá de la gestión para atender la pandemia.

* Director de Futuros Urbanos.

Ad portas de iniciar su tercer año de gobierno, Claudia López se prepara para dejar atrás los desafíos urbanos que planteó una pandemia, donde no había libreto ni mucho menos referencias de gestión pública para afrontar una crisis sanitaria a escala global.

En términos de política social, se respondió con planes de choque dirigidos a la población más vulnerable, a tal punto que muchas de esas iniciativas para atender la crisis social y económica se convirtieron en acuerdo de ciudad, en donde el Concejo le dio un fuerte espaldarazo presupuestal.

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Sin embargo, será en 2022 cuando se podrá evaluar qué tanto impacto tuvieron dichas apuestas en los indicadores sociales, a la luz de los resultados en pobreza, educación, salud, seguridad ciudadana, crecimiento económico, entre otros sectores claves que determinan la calidad de vida de los bogotanos.

Lo cierto es que 2021 no fue el mejor año de la alcaldesa, y salvo algunos resultados en sectores específicos, la ciudadanía mantiene una imagen desfavorable de la actual administración, según las últimas encuestas, como es el caso de aquella que realiza el programa Bogotá Cómo Vamos, donde solo un 19 % calificó como buena la gestión de Claudia López.

No obstante, es importante resaltar los logros en vacunación y en la ejecución de la primera línea del metro, la puesta en marcha del cobro por parqueo en vía, la renovación de la flota de Transmilenio y el desmonte del SITP provisional, la incorporación de más de 1.500 policías a la ciudad, la estrategia de cielo abierto, los subsidios de renta básica y los apoyos económicos para que jóvenes sin recursos puedan ingresar a la educación superior.

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A pesar de lo anterior, hay temas que ocupan la atención de la agenda ciudadana, frente a los cuales los resultados no son los mejores. En seguridad se ha probado de todo para reducir los hurtos a personas y el homicidio, pero las cifras siguen preocupando.

A noviembre, ya contabilizábamos 1.029 homicidios, 100 más que en 2020, o 106 más si se compara con 2019. Muy seguramente 2021 marcará un registro histórico en este sentido. Lo lamentable de todo esto es que, hoy en día, un bogotano pierda la vida por un simple celular o una bicicleta.

El hurto a personas sigue creciendo: ya superamos las 95.000 denuncias, 28 % más de los registrados en 2020, indicador que puede tener un alto subregistro, pues de acuerdo con los estudios más recientes, menos de la mitad de las víctimas denuncian el hecho. El celular sigue siendo el objeto más hurtado.

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Además, viene creciendo, de manera considerable, el hurto de automotores y motocicletas, 6,4 y 34,6 %, respectivamente. Afortunadamente, se logró bajar el hurto de bicicletas (12 %), pero no por ello deja de ser preocupante que al mes se reporten, en promedio, 800 hurtos. Detrás de las cifras de seguridad es evidente que los delincuentes utilizan cada vez más la violencia y la intimidación como el recurso más efectivo para hurtar a los ciudadanos, quienes acceden muy fácilmente en los mercados negros a armas de fuego o armas traumáticas.

Allí es donde hay que concentrar los esfuerzos: en romper las cadenas criminales que hay detrás de los delitos de mayor rentabilidad económica. Y aunque las estadísticas de la Secretaría de Seguridad se empeñan en mostrar resultados en desarticulación de bandas, no se puede pasar por alto que la mayoría de ellas están asociadas a microtráfico, un tema bastante complejo y con dinámicas que requieren otro tipo de abordaje.

En seguridad y convivencia la ciudad también fue testigo, durante 2021, de hechos vandálicos que afectaron un porcentaje considerable de la infraestructura pública de transporte. Con una agravante: la dificultad para ejercer autoridad en los portales de Suba y Kennedy, donde permanentemente se ven hechos de violencia que terminan perjudicando a los residentes del sector. Esta realidad no se puede pasar por alto y por ningún motivo se puede normalizar la violencia como una expresión de inconformismo.

En movilidad los problemas que ya teníamos de tiempo atrás no se resolvieron en 2021, al contrario, se exacerbaron. Tal es el caso del desbalance financiero en Transmilenio, donde aún seguimos sin encontrar una solución sostenible al hueco fiscal e insistimos con la misma receta, en un momento donde los sistemas de transporte público evidencian una caída en la demanda, mientras el parque automotor no para de crecer. En cinco años aumentó más del 20 %, a tal punto que, en promedio, cada día entran a las calles 183 carros. A ese ritmo no hay infraestructura de movilidad que soporte esa demanda.

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Y a medida que regresamos a la “normalidad”, los ciudadanos somos testigos de trancones monumentales, independientemente de que se movilice en su carro, moto o bus público. Todos sufrimos por la congestión vehicular, que se complica por una malla vial deteriorada y por la ineficiencia de la Policía de Tránsito para atender choques simples.

Y me atrevo a afirmar que la congestión vehicular se va a complicar aún más en los primeros meses de 2022, sobre todo a la luz de obras de infraestructura que entrarán a regir y del incremento de la venta de carros usados, un fenómeno al que poca atención se le ha prestado y en donde deberíamos preguntarnos qué motiva a un ciudadano a bajarse del bus o la bicicleta para optar por un carro o una moto, a pesar de los trancones.

En la misma línea hay que preguntarse por qué se incrementó la accidentalidad vial en Bogotá. Las cifras a noviembre evidenciaban un incremento del 26 %, comparado con 2020. Lo peor de todo es que hoy son los motociclistas quienes más fallecen en siniestros viales, con una variación de más del 37 %, seguido de los peatones (+36 %) y los ciclistas (+17 %). Lástima que los resultados positivos que, en su momento, registró la estrategia Visión Cero se estén perdiendo, y no precisamente por falta de recursos.

Y para completar el escenario, la principal apuesta que tenía la ciudad en términos de planeación de usos de suelo y localización de infraestructura, a mediano y largo plazo, no se logró concertar en el Concejo, como consecuencia de diferentes maniobras disuasorias que impidieron el debate público del proyecto, lo que generó que la Alcaldía aprobara el POT por decreto.

Independiente de esto, es evidente que se requieren hacer ajustes en temas sensibles, como la ALO Norte, la localización de actividades de gran impacto en zonas residenciales, el crecimiento en altura y la renovación urbana en sectores con dificultades de acceso y movilidad o la supresión y creación de nuevas localidades en los próximos años, por citar solo algunos ejemplos.

Gobernar Bogotá no es un asunto sencillo, pero es posible hacerlo bien si se apuesta por un modelo de gobernanza basado en el diálogo y la concertación. Hoy la ciudad necesita volver a confiar en quienes tienen la responsabilidad de formular políticas públicas, y más aún cuando se tienen muchas apuestas de infraestructura que requieren ser financiadas por los contribuyentes.

Para el tercer año de gobierno, es el momento de hacer cambios, de evaluar los resultados obtenidos por cada secretaría y hacer ajustes para superar muchas de las dificultades que hoy tenemos, empezando por la ejecución presupuestal, en donde varias entidades no superan el 60 %.

Hay temas críticos que demandan resultados y menos retórica en una ciudad donde hay un exceso de estudios y una dificultad considerable para materializar los cambios y cumplir las promesas de campaña.

A esto habrá que sumarle los retos que se vienen en términos de ciudad-región con la reciente reglamentación de la ley y que no estará ajena a debates frente a los mecanismos financieros para soportar la carga burocrática que la acompaña, en momentos en que la reactivación económica apenas comienza a dar frutos y donde las relaciones con el Concejo de la ciudad no son las mejores, y más aún durante el tercer año de gobierno, cuando la ciudadanía y los actores estratégicos de la ciudad comenzarán a exigir resultados tangibles de política pública, más allá de la gestión para atender la pandemia.

* Director de Futuros Urbanos.