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Una obra vial contratada en dos oportunidades, que todavía permanece inconclusa, y recursos destinados a vivienda que siguen pendientes de recuperación dejaron dos hallazgos con posible incidencia fiscal por más de $1.007 millones, en una auditoría de la Contraloría de Bogotá, a la Secretaría Distrital del Hábitat.
El organismo de control revisó la gestión de la entidad durante la vigencia 2025 y encontró, en total, 12 hallazgos administrativos, nueve con presunta incidencia disciplinaria y dos con incidencia fiscal.
El caso de mayor cuantía está en Los Alpes, en Ciudad Bolívar, donde cuatro segmentos viales y espacios públicos fueron intervenidos a través de dos contratos.
Más de COP 977 millones y las obras siguen sin terminar
Según la Contraloría, la intervención fue contratada inicialmente en 2021. Como las obras no lograron culminarse, en 2023 se celebró un nuevo contrato para avanzar en los trabajos pendientes.
Sin embargo, el segundo intento tampoco consiguió terminar completamente la intervención.
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El ente de control estableció que se realizaron pagos superiores a COP 977 millones, pese a que persistieron frentes inconclusos y no se alcanzó el propósito para el cual habían sido contratadas las obras.
“Más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional”, señaló Steffi Rosbenisa Acevedo Sánchez, directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá.
Además del posible impacto sobre los recursos públicos, la Contraloría advirtió que las obras sin terminar mantienen condiciones que pueden representar riesgos para los habitantes del sector.
Más de COP 30 millones para vivienda Emberá siguen pendientes
El segundo hallazgo está relacionado con recursos destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares de la comunidad Emberá.
Aunque una parte del dinero regresó a la Tesorería Distrital después de la liquidación del convenio, más de COP 30 millones todavía están pendientes de recuperación.
Según el organismo de control, el retorno de esos recursos depende actualmente de acciones judiciales, por lo que el dinero no está disponible de manera inmediata para financiar otras necesidades de la ciudad.
Con ambos casos, la auditoría calculó más de COP 1.007 millones en presuntas afectaciones al patrimonio público.
Ahora serán las actuaciones correspondientes las que determinen las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Contraloría anunció que mantendrá seguimiento sobre el uso de los recursos destinados a vivienda, infraestructura y mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos.
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Por Redacción Bogotá
