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A poco menos de 20 días para que Bogotá entre a un nuevo modelo de aseo que abría la puerta a la libre competencia, la ciudad tiene la opción de renovar el modelo actual. No obstante, deberá cumplir con un régimen de transición que proteja a los recicladores capitalinos. Esto, con el fin de que la ciudad cumpla la sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual ordenó incluir a esta población en los procesos contractuales que tienen que ver con el aseo de la ciudad.
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¿Qué pasa?
Bogotá estaba al borde de cambiar su modelo de recolección de basuras. Desde el año pasado se conoció que la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) falló, dos veces, al estructurar los estudios destinados para renovar el actual modelo de basuras, que funciona por Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), estudios que revisó y desestimó la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento) por carecer de sustentos técnicos. Lo anterior, incluso, le costó el puesto a la primera gerente de la UAESP de la alcaldía de Carlos Fernando Galán.
En este contexto, la capital quedó a merced de una posible modelo de libre competencia que arrancaría el próximo 12 de febrero, fecha en la que se vencerán los contratos para seguir con las ASE. Aunque la UAESP le dijo a este diario que se movían en un terreno incierto, la nueva resolución de la CRA, permitirá que la transición o incluso renovación de las ASE, sea ahora posible.
La resolución de la CRA y la sentencia
En el 20023, la Corte Constitucional amparó a los recicladores que demandaban inclusión en el proceso de contratación que desarrolló a finales de los 90. El gremio argumentó que los requisitos de la licitación estaban diseñados para favorecer a grandes operadores y excluirlos de competir, sin contemplar acciones afirmativas que facilitaran su participación y la continuidad de su actividad de reciclaje como medio de subsistencia.
Los argumentos fueron acogidos por la Corte, que expidió la sentencia T-724 de 2003. Ahora, en medio del contexto actual de Bogotá, esta sentencia volvió a tomar relevancia ya que los cambios que vendrían con un nuevo modelo de aseo, podrían afectar la labor de los miles de recicladores de la capital, derechos protegidos por la Corte.
Para no ir en contravía con esa sentencia, la CRA anunció la Resolución CRA 1027 de 2026, mediante la cual se expide un régimen transitorio, excepcional y exclusivo para Bogotá, en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 proferido por la Sala Quinta de Revisión de la honorable Corte Constitucional, dentro del seguimiento a la sentencia T-724 de 2003.
¿Qué significa para la ciudad?
El régimen transitorio, anunciado por la CRA, permitiría ampliar el plazo de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) y mantener el servicio tal y como está actualmente, por un término superior a los ocho años inicialmente contratados. Esto, como medida para mantener las acciones afirmativas dirigidas a garantizar el acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables.
Adicional, se busca sostener la remuneración oportuna de la actividad de aprovechamiento en pro del fortalecimiento de la población recicladora de oficio.
¿Qué sigue?
El alcalde Carlos Fernando Galán, explicó en Caracol Radio, que las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), vigentes desde 2018, finalizan el próximo 12 de febrero y que para renovarlas o crear nuevas se requería una autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). “La CRA está construyendo un nuevo marco tarifario nacional, lo que dejó a Bogotá en un escenario de transición mientras se redefine el modelo”, indicó.
En ese contexto, Galán señaló que la Corte Constitucional ordenó garantizar los derechos de los recicladores de oficio, especialmente su acceso continuo al material aprovechable, durante el periodo de transición. Tras la decisión, el alcalde indicó que la UAESP ya venía preparándose y que ahora se abrirá un diálogo con los operadores actuales para evaluar en qué condiciones se podría aplicar la prórroga y qué ajustes son necesarios.
“El objetivo es garantizar simultáneamente la prestación del servicio de aseo y los derechos de los recicladores, tal como lo ordenó la Corte”, señaló el mandatario.
Finalmente, Galán afirmó que esta transición también implica retos operativos, como fortalecer la vigilancia del cumplimiento contractual, mejorar el manejo de residuos especiales (escombros, muebles) y optimizar la relación entre ciudadanos y horarios de recolección. Por último, destacó el fortalecimiento de Aguas de Bogotá, que aumentará significativamente su capacidad de recolección, como parte del plan para mejorar el manejo de basuras en la ciudad una vez termine el esquema actual.
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Por Redacción Bogotá
