Bogotá respaldó el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

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La Alcaldía de Bogotá se pronunció sobre el reciente informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que ha sido centro de debate por estos días debido al rechazo del documento por parte del Gobierno Nacional. Pues bien, el Distrito sentó su posición sobre el tema y, desde la Secretaría de Gobierno, afirmó que Bogotá respeta y valora ese informe.

“Si bien, Naciones Unidas recoge una indiscutible problemática de índole nacional, desde el Distrito se acogerán las recomendaciones, en las que por competencia nos corresponden, en particular aquellas sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de los líderes y lideresas sociales y la garantía del derecho a la movilización pacífica”, indicó la entidad a través de un comunicado.

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En el documento, el Distrito manifestó su compromiso para trabajar por la paz y por la garantía de los derechos humanos en Colombia.

Para empezar, afirman que el Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, presentado la semana pasada por la alcaldesa Claudia López, le apuesta a convertir a Bogotá en epicentro nacional de paz y reconciliación. “Junto a los departamentos de la región central del país estamos diseñando una estrategia de integración territorial que busca cerrar las brechas entre la población rural y urbana de esta zona del país”, señaló el documento.

Agregan que el informe de la ONU insta a que los gobiernos locales incluyan y destinen recursos en su Plan de Desarrollo para la proyección de líderes sociales y la estructuración de medidas de prevención colectiva.

“Por ello (en Bogotá) se incluyeron los mecanismos de prevención colectiva como una necesidad indispensable en la ruta implementada por la Secretaría de Gobierno, entidad que adelantará estrategias diferenciadas en las veinte localidades e incluso por Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ- de la ciudad”.

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Otro punto que tocó la entidad distrital fue el de la movilización pacífica pues, en el informe, Naciones Unidas hace un llamado a respetar estas protestas y a tener un manejo proporcional de la fuerza de Policía que garantice los derechos humanos.

“Desde la implementación del Protocolo Distrital se ha subrayado que las movilizaciones sociales no son un asunto de orden público, sino el ejercicio de un derecho fundamental; razón en la que se fundamenta el dialogo con los diferentes actores y la prohibición del uso de armas letales por parte del Esmad. El mejor servicio que se presta a la movilización social en Bogotá es la individualización de quienes actúan de manera violenta y vulneran los derechos humanos de los manifiestan por sus causas, así como de los miembros de la Policía”, afirmó el Distrito.

Finalmente, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, expresó que la defensa de los líderes sociales y de sus causas no es una estadística, sino ¡el primer deber del Estado!

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El pasado miércoles 4 de marzo la canciller colombiana, Claudia Blum, en representación del Gobierno Nacional, respondió al informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator de esa organización en la materia, Michel Forst, en el que entregó detalles delicados sobre la situación que viven los líderes sociales en Colombia. Blum planteó, entre otras críticas, seis objeciones al informe, que incluyen la negación de las supuestas amenazas por parte de empresarios contra los líderes sociales y las críticas al modelo de desarrollo del país.

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