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En un operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a 23 integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, una estructura señalada de homicidios, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas en Bogotá y otras regiones del país.
El resultado, tras más de un año de investigación, que incluyó agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, análisis de bases de datos, entrevistas e inspecciones judiciales.
¿Cómo operaba la organización?
Según las autoridades, ‘El Mesa’, originario de Bello (Antioquia), incursionó en Bogotá desde 2012 y consolidó su presencia en localidades como Suba, donde operaba con una lógica de control territorial violento.
Para sostener su actividad, la organización utilizaba taxis como fachada para mover droga y armas desde Usme hacia el norte de la ciudad, arrendaba viviendas por cortos periodos para almacenar estupefacientes y rotaba a sus coordinadores cada mes para evitar ser detectados.
Desde estos puntos, distribuían droga en barrios como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao, mientras ejecutaban homicidios selectivos contra quienes intentaban disputarles el negocio.
Las capturas se lograron mediante 15 allanamientos en Suba, Soacha y Chiriguaná (Cesar), a los que se sumaron operativos en La Tebaida (Tolima) y otras zonas del país. En total, fueron detenidas 23 personas, varias de ellas con roles clave dentro de la estructura.
Entre los capturados aparecen figuras clave dentro de la organización. Alias ‘Alejo’ habría sido el encargado de coordinar las operaciones en Bogotá y de ordenar homicidios, mientras que alias ‘Nías’, identificado como jefe de sicarios, acumulaba una trayectoria criminal de más de diez años y estaría vinculado a múltiples asesinatos en distintas regiones.
La investigación también evidenció una estructura con roles definidos. Mientras algunos integrantes planeaban los ataques, otros los ejecutaban o garantizaban la logística. Alias ‘Tavo’, por ejemplo, estaría detrás de la organización de homicidios selectivos contra quienes intentaban vender droga sin autorización en zonas controladas por el grupo, y alias ‘Andrés’ facilitaba el transporte de armas y estupefacientes bajo la fachada de taxista.
En paralelo, otros miembros sostenían el funcionamiento diario de la red: distribuían droga, administraban territorios y mantenían el flujo de dinero que permitía la operación y expansión de la estructura criminal.
Las autoridades atribuyen a ‘El Mesa’ al menos seis homicidios recientes, incluidos casos registrados en marzo de 2025 en la vía Cota, donde fueron hallados cuerpos abandonados en bolsas.
Pero su alcance no se limitaba a Bogotá. La investigación evidenció una expansión hacia otras regiones del país, con presencia en departamentos como Antioquia, Bolívar y Caldas, donde la organización buscaba consolidar nuevas rutas y fortalecer su control criminal.
El dinero detrás del crimen
Con este nuevo golpe, las autoridades estiman haber afectado sus finanzas en cerca de 550 millones de pesos mensuales, recursos que, según la investigación, eran reinvertidos en armamento y logística para expandir su accionar criminal.
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Durante los operativos también fueron incautados 25 celulares, dos armas de fuego, documentos contables y cédulas falsas, elementos clave para rastrear su funcionamiento. Además, dentro del proceso judicial se incluye la imputación por el homicidio de Óscar Gilberto Ardila Zambrano, líder de transporte informal en Ciudad Bolívar.
Lo que viene
Sobre este resultado, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, advirtió que el caso pone en evidencia fallas estructurales en el sistema judicial frente a delincuentes de alta peligrosidad. Según explicó, entre los capturados había personas con antecedentes graves, incluso con medidas no intramurales, lo que reabre el debate sobre la capacidad del Estado para contener a quienes representan un riesgo reiterado para la sociedad.
Restrepo llamó la atención sobre el nivel de violencia de algunos integrantes, entre ellos uno con un historial cercano a 50 homicidios, y cuestionó cómo este tipo de perfiles logra mantenerse activo. “Estamos hablando de personas que han pasado por el sistema judicial y regresan a las calles a seguir cometiendo delitos”, advirtió.
En la misma línea, el alcalde Carlos Fernando Galán insistió en que este caso refleja una problemática de fondo: la reincidencia criminal y la falta de herramientas efectivas para excluir de la sociedad a quienes concentran altos niveles de violencia. Señaló que varios de los capturados tenían antecedentes por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y aun así continuaban operando.
Tanto el alcalde como el secretario coincidieron en que el narcotráfico sigue siendo el principal motor de estas estructuras, al financiar delitos como homicidio, extorsión y tráfico de armas, permitiendo su expansión en distintas regiones del país. “Es la droga la que está detrás de la violencia y la que hace resilientes a estas organizaciones”, enfatizó Restrepo.
Finalmente, destacaron que la solidez de la investigación permitió que 21 de los 23 capturados quedaran con medida de aseguramiento, y reiteraron que el reto ahora es garantizar que estos perfiles no regresen a las calles, mientras se avanza en una discusión más amplia sobre el sistema judicial y la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Las autoridades aseguraron que continuarán con las operaciones para desarticular completamente esta estructura e insistieron en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo.
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Por Redacción Bogotá
