Caen policías que “hackearon” bases de datos para ubicar y sobornar otros agentes

El CTI y la Dijin materializaron siete órdenes de captura en Bogotá, contra uniformados activos y en retiro.

Foto: Archivo Particular

Ante un juez de control de garantías fueron presentados dos intendentes (uno de ellos en retiro), tres subintendentes, un patrullero y una técnica de la Policía Nacional, señalados de incurrir en delitos informáticos. La Fiscalía los acusó de acceder a dos bases de datos con el fin de conocer las identidades y los números de contacto de los uniformados que tenían asignado un caso de contrabando.

De acuerdo con el ente investigador los procesados pertenecían a la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca y a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). A todos los capturaron miembros del CTI y la Dijín, en cumplimiento de órdenes de captura, como lo informó la Fiscalía en un informe.

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“Se pudo verificar que estarían haciendo accesos a diferentes sistemas informáticos, de carácter misional, es decir institucional de la Policía Nacional, con el fin de consultar datos personales de otros policiales, y terminaron por obtener datos personales como nombres, cédulas, fotos entre otros datos que se encontraban consignados en esas bases de datos”, explicó la Fiscal durante las audiencias preliminares.

Las bases de datos a las que habrían accedido los uniformados fueron el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano y al Sistema de Información para la Gestión de Equipos Automotores. Luego de acceder a la información de sus colegas, los procesados los habrían contactado y ofrecido dinero a cambio de que les entregaran detalles de las investigaciones que lideraban. “Ustedes (los procesados) ofrecieron y dieron dinero a servidores públicos que estaban asignados o apoyando actividades investigativas”, señaló la Fiscal.

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La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones, y cohecho para dar u ofrecer. Por estos hechos los procesados recibieron medidas aseguramiento, cuatro de estas privativas de la libertad.

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