Caño de la Carrera 30, refugio para habitantes de calle y nuevo expendio de droga

El Espectador / Óscar Pérez

Luego de que un grupo de habitantes de la calle se concentrara en el caño de la Calle sexta con Carrera 30, en el sector de Puente Aranda –tras la intervención al Bronx, en pleno centro de Bogotá– este martes la bancada del Movimiento Mira denunció que la zona se convirtió en un nuevo expendio de droga manejado por los mismo ganchos que en el pasado se hicieron al control de la olla.

Según la denuncia de la concejal Gloria Stella Díaz (Movimiento Mira) –quien con video en mano denunció la comercialización de estupefacientes en el sector, incluso en presencia de la Policía– los habitantes de calle hacen las veces no solo de escudos de seguridad y campaneros de los denominados ‘Sayayines’, sino que son los encargados de transportar y vender la droga en inmediaciones al caño, hasta donde acuden diversas personas en busca de estupefacientes.

“El caño y sus alrededores, a pesar de la presencia policial y de autoridades del Distrito, es una república independiente donde se distribuye droga en las esquinas de la calle sexta con carreras 30, 31, 31ª y 32, al interior del mismo caño e incluso, nuevos ganchos están surgiendo y tomando poder”, advirtió la cabildante, quien este martes participó de un debate de control en el Cabildo Distrital en el que se trató la problemática. (Lea: Denuncian supuesta campaña de 'limpieza social' contra habitantes de calle en Bogotá)

De acuerdo con la concejal, el caño estaría siendo manejado por un nuevo gancho que ya hasta marca las papeletas de bazuco con un sombrero verde como logo. Así –luego de que integrantes de su equipo se hicieran pasar por consumidores– logró determinar que llamada bicha de bazuco la están vendiendo a un precio que oscila entre los $2000 y $4.000.

“Las transacciones se dan a escasos pasos de los policías, hombres con bolsos pequeños entran y salen con la mercancía del caño, vendiendo las dosis. Los habitantes de calle siguen siendo utilizados como correos humanos o coyotes para trasladar y vender la droga en el sector a plena luz del día y en las narices de las autoridades que custodian la zona”, agregó la cabildante.

Díaz insistió en que la Administración Distrital no logró eliminar las redes de microtráfico que operaban en el Bronx, pese a que ese era el objetivo de la intervención. “El Distrito improvisó al no contar con un Plan Maestro de Equipamiento y un lugar de Reasentamiento que ordenaba la Política Pública de Habitantes de Calle antes de intervenir el Bronx”, precisó, al proponer que se establezca un pacto de convivencia entre la comunidad, habitantes de calle y autoridades, así como la instalación de refugios temporales “donde se dignifique, no se consuma y se generen acciones de cuidado”.

Apenas este lunes, durante un foro en el Congreso, el alcalde Enrique Peñalosa, manifestó: “Habitantes de calle siempre ha habido. Ahora a la gente le parece que en los últimos dos meses han aparecido. Es como cuando alguien compra un carro de cierta marca y color y de repente ve que hay cientos de carros iguales por toda la ciudad, solo que antes no los había visto”, dijo el alcalde Peñalosa, refiriéndose al revuelo que ha causado en la ciudad la diáspora de habitantes de calle. (Lea: “No hay que hacerle la vida fácil en la calle a los habitantes de calle”: alcalde Peñalosa) 

El mandatario, además, fue contundente al decir que no permitirá nuevas concentraciones del crimen en la ciudad, como sucedió en el Cartucho y en el Bronx, donde habitaban al menos 800 personas en solo 3 hectáreas. “El padre Nicoló me decía que no hay que permitir de ninguna manera esas repúblicas independientes del crimen, pero tampoco hay que hacerles la vida fácil en calle a los habitantes de calle. Por eso Integración Social les ha dicho a los ciudadanos de buen corazón que no les den comida, no les den apoyo, porque nosotros tenemos la infraestructura para hacerlo. Estamos invirtiendo $162.000 millones para atenderlos”.

Sin embargo, señaló el mandatario, que el fallo de la Corte Constitucional, que impide someter a los habitantes de calle a tratamientos en contra de su voluntad, dificulta las acciones sobre esa población. Por lo tanto, pidió al alto tribunal que modifique esa decisión. Una solicitud controversial, pues distintos sectores sociales y académicos, y la misma Corte, han señalado que la habitabilidad de calle es una forma válida de vida que responde a decisiones individuales que deben ser respetadas.

En la misma dirección del alcalde apuntó el procurador general Alejandro Ordóñez, al sostener que se debe propiciar que la Corte Constitucional profiera otra decisión que no solo proteja a los habitantes de la calle, sino a otros ciudadanos que pudieran verse afectados por esta decisión. “La oportunidad puede ser con la expedición del nuevo Código de Policía en las demandas que tendrá que decidir la Corte”, indicó el jefe del Ministerio Público.