
En el parqueadero de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), en el barrio Nuevo Chile, de Bosa, ya sabían que los disparos podían volver. Desde el ataque del 25 de septiembre, cuando dos hombres en moto dispararon 16 veces contra una caseta y comenzaron las amenazas y exigencias de dinero contra sus dirigentes, el lugar permanecía bajo acompañamiento del Gaula. Tres personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en ese primer caso. Pero nada de eso impidió que los hombres armados regresaran.
En contexto: El nombre de los Satanás vuelve a intimidar en el sur de Bogotá
Ocurrió el 3 de noviembre, hacia las 6:18 de la tarde. Uno de los trabajadores del parqueadero estaba entregando un vehículo cuando recibió un disparo que le comprometió un pulmón. Cerca de él se encontraba una profesora que acababa de llegar con dos niños que estuvieron a centímetros de ser alcanzados por las balas. Esta vez, el ataque era más que una advertencia: dejó a un trabajador herido y volvió a poner en riesgo a quienes pasan por un espacio que hace parte de la vida comunitaria de Nuevo Chile.
Para Fernando Escobar, dirigente de Cenaprov, quién empezó a recibir amenazas, el regreso de los atacantes tiene un agravante: asegura que el acompañamiento policial permanente se interrumpió durante los días previos. Después del atentado, la custodia volvió a instalarse.
Las amenazas no se detuvieron
El primer ataque ocurrió el 25 de septiembre. En la denuncia publicada en este medio, advertimos que dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la caseta del parqueadero, donde había cinco personas que salieron ilesas. Escobar no estaba en el lugar y se enteró por llamadas. Cuando regresó encontró los impactos de bala. Después comenzaron las intimidaciones telefónicas.
Según su denuncia, una persona que se identificó como integrante de Los Satanás le exigió dinero y amenazó a su familia. Escobar sostiene que la exigencia fue de COP200 millones y que las llamadas continuaron después del atentado. También denunció amenazas contra su esposa, quien participa en procesos comunitarios en Nuevo Chile, y contra otros habitantes del sector.
Las denuncias dieron paso a una investigación que llevó a la captura y judicialización de tres personas señaladas de integrar Los Satanás y de participar en hechos de extorsión y ataques a comerciantes de Bosa y Kennedy, anunciada esta semana. En el caso del parqueadero, el boletín oficial señaló que dos hombres llegaron el 25 de septiembre y dispararon mientras decían actuar en nombre de la temida organización. Después, el administrador recibió llamadas en las que le exigían una millonada para no atentar contra su familia y sus empleados.
La investigación también documentó un caso en Kennedy. El propietario de una bodega de reciclaje habría recibido una exigencia de COP40 millones y, 15 minutos después, el establecimiento fue atacado. Un procedimiento del Gaula permitió capturar en flagrancia a dos hombres y una mujer. En el operativo fueron incautadas dos armas y panfletos alusivos a la organización.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego aunque ninguno aceptó cargos. La pregunta que nos queda es obvia: si ya capturaron a los responsables del primer ataque y tuvimos un nuevo atentado, ¿cómo podemos estar seguros de que no ocurrirá una tercera vez? Si ya capturaron a quienes dispararon contra nuestra sede, ¿por qué pasa de nuevo?", dice Escobar.
El segundo atentado ocurrió cuando las amenazas seguían activas. De acuerdo con la denuncia que la concejala Donka Attanassova presentó ante el Concejo de Bogotá, los atacantes dejaron un panfleto dirigido a Escobar y con amenazas contra su familia. El mensaje advertía “irían por él”. El documento, como las amenazas anteriores, estaba firmado con los nombres de Los Satanás, Pedrito y Moisés, y un número telefónico para hacer las consignaciones.,
Escobar asegura que el acompañamiento del Gaula, que inicialmente era permanente, se interrumpió durante varios días antes del atentado. Según su relato, los agentes dejaron de estar de manera continua en el parqueadero y el 3 de noviembre no habían regresado. El dirigente cree que los atacantes aprovecharon esa ausencia, pero no se conoce una explicación oficial sobre las razones por las que se modificó el esquema de protección.
Después del nuevo ataque, según Escobar, el Gaula y la Policía Metropolitana restablecieron la custodia permanente en el lugar. El dirigente también contó que presentó denuncias ante las autoridades y acudió a la Unidad Nacional de Protección, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo. Asegura que esperaba una evaluación de riesgo por parte de la UNP, pero que hasta el momento de la entrevista no se había concretado.
El nombre que sigue produciendo miedo
La persistencia de las amenazas tiene un elemento que inquieta a Escobar y su familia: el nombre de quienes las hacen. Después del primer ataque, las llamadas no cesaron y, según su denuncia, las exigencias de dinero continuaron. El 3 de noviembre, junto con los disparos, llegó un panfleto dirigido a él y a su familia. “Saludos cordiales, Fernando Escobar, te lo dije que no te iban a cuidar toda la vida”, dice el panfleto, haciendo referencia a la usencia de los uniformados.
Si bien cabecillas de la organización como José Manuel Vera, alias Satánas y Aderbiss Segundo Pirela, alias “Pedrito”, han debilitado su alcance, el nombre de la organización, y la sucesión de los alias sigue siendo una estrategia de control e intimidación esencial para quienes siguen delinquiendo. Para Andrés Nieto, investigador del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, ese uso de los nombres puede ser una señal de que las redes criminales encontraron una manera de prolongar el temor que dejaron sus antiguos cabecillas. Su lectura es que la estructura asociada con Los Satanás ya no depende de una sola persona ni funciona necesariamente bajo una jerarquía centralizada. En su lugar, habría desarrollado células dedicadas a distintas actividades ilegales, con capacidad para mantener algunos negocios pese a las capturas.

«Lo que están haciendo es continuarlo bajo el fantasma de aquellos que lograron atemorizar a diferentes poblaciones», explica Nieto. Según el investigador, mandos de niveles inferiores pueden aprovechar el reconocimiento y el miedo que produjeron figuras como alias Satanás y Pedrito para seguir operando o presentarse como parte de esa organización. Por eso, advierte, que un nombre aparezca en un panfleto no significa necesariamente que el antiguo jefe esté dando las órdenes.
Nieto describe una estructura que funciona como una «telaraña»: un núcleo se encargaría de las extorsiones, otro de los sicariatos y otros de actividades como el comercio de autopartes hurtadas o la explotación sexual. Esa división permitiría que las rentas criminales se mantengan activas en distintos barrios, incluso cuando las autoridades golpean a algunos de sus integrantes. El investigador también sostiene que la atención institucional puesta en el Tren de Aragua habría restado prioridad a las redes que prestan servicios criminales en Bogotá, entre ellas las relacionadas con Satanás.
La explicación de Nieto ayuda a entender cómo podrían continuar las amenazas después de las capturas, aunque no establece quién ordenó el segundo ataque ni demuestra que sus autores pertenezcan a la misma estructura investigada en septiembre.
El costo de abandonar el barrio
Para Escobar, las intimidaciones buscan que Cenaprov se marche de Nuevo Chile. “Nos lo dijeron muy claro: quieren abrirnos del barrio. El dinero parace ser el pretexto.”, resume al explicar lo que, a su juicio, pretenden quienes los amenazan. El parqueadero no es solo una actividad económica: sus ingresos contribuyen a sostener iniciativas como la Casa Cultural de Nuevo Chile y el Centro Provivienda No. 16. Para él, abandonar el lugar tendría consecuencias que van más allá de perder una fuente de ingresos.
El dirigente también relaciona la situación con las fracturas que se han presentado en los últimos años entre sectores de la organización comunitaria y la Junta de Acción Comunal. Habla de diferencias por el manejo de espacios y proyectos del barrio, pero no señala que la Junta participe en las amenazas o los ataques. Su preocupación es que esas disputas hayan debilitado la articulación entre los habitantes y las organizaciones, y que un tejido comunitario fragmentado tenga menos capacidad para responder a las presiones criminales.
La concejala Donka Attanassova también llevó al Concejo una denuncia más amplia sobre el alcance de las intimidaciones. Según su intervención, los cobros no estarían limitados a Cenaprov: vecinos, pequeños negocios y organizaciones del sector estarían recibiendo exigencias de dinero bajo la figura de una supuesta «cuota del barrio».
Y esta semana los temores se hicieron realidad. El jueves 5 de noviembre, un taxista de 26 años fue asesinado a tiros en Bosa Centro. Autoridades descartaron un caso de hurto y señalaron que la principal hipótesis era un ataque sicarial. La Fiscalía asumió la investigación. El crimen ocurrió en medio de denuncias de conductores sobre amenazas y cobros extorsivos, pero hasta ahora no se ha establecido que esas intimidaciones tengan relación con el homicidio ni que exista un vínculo con el caso de Cenaprov.
Ahora, buena parte de lo que ocurra con Cenaprov dependerá de dos respuestas que siguen pendientes. La primera es la investigación por el ataque del 3 de noviembre: establecer quiénes dispararon, quiénes lo ordenaron y determinar la conexión con las amenazas que comenzaron en septiembre, aun cuando los responsables ya fueron capturados. La segunda es la evaluación de riesgo de la Unidad Nacional de Protección y las medidas que se adopten para garantizar la protección de Escobar, su familia y los trabajadores del lugar. Mientras esas respuestas llegan, la organización sigue expuesta y su permanencia en Nuevo Chile está bajo presión.
Porque si los disparos se repiten sin que se esclarezca quién está detrás ni se garantice la protección de quienes denunciaron, la comunidad corre el riesgo de acostumbrarse a vivir bajo intimidación, como comenta Escobar. Que eso no ocurra también depende de que las respuestas institucionales lleguen antes de que la violencia vuelva a aparecer.
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Melmalo(21794)•07 de noviembre de 2026 – 10:18Necesitamos que el tigre se dé una pasadita por allá.
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Oscar(5340)•07 de noviembre de 2026 – 09:24Bajo la consigna presidencial "destripar la izquierda" actuará toda la derecha y una delincuencia que aprovecha cualquier oportunidad, venga de donde venga, para aumentar su poder y por ende, sus ganancias.
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Felipe(94028)•07 de noviembre de 2026 – 08:20Paz total, pais de la belleza, potencia mundial de la vida, patria milagro. Cualquier cantidad de sandeces que diga un gobierno no evita que este siga siendo un país de asesinos y gente mala. ¡orgullosamente colombianos!. Patriotas de excremento.
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Oscar(5340)•07 de noviembre de 2026 – 09:35Don Felipe tiene razón. Aunque no me gusta la forma de su comentario, estoy de acuerdo con usted.
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