8 May 2019 - 8:53 p. m.

CAR suspende financiación de proyecto para descontaminar el río Bogotá

El director de la entidad anunció que, por ahora, no firmará el convenio de cofinanciación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. También se suspenden los convenios para las plantas de Suesca, Villapinzón, Girardot y Sopó, entre otras.

Redacción Bogotá - Bogota@elespectador.com

La decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por diez años al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco, traerá consecuencias no solo para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chía, sino para todo el proyecto de descontaminación del río Bogotá.

Así lo dejó claro este miércoles Franco, al anunciar que no firmará los convenios de cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban en camino, ni ejecutará los acuerdos ya firmados en el marco del cumplimiento del fallo judicial que ordena la recuperación del río Bogotá, hasta que no se resuelva la decisión de primera instancia emitida por la Procuraduría.

Uno de los acuerdos que estaba en proceso de suscribir la CAR, junto a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto de Bogotá, era el de la PTAR Canoas, que tenía un valor cercano a los 1.200 millones de dólares a valor presente, de los cuales 500 millones de dólares .

La decisión se tomó teniendo en cuenta la decisión de la Procuraduría, en la que indicó que, para celebrar cualquier convenio interadministrativo entre entidades públicas con el fin de ejecutar una obra, es indispensable que antes de cerrar el convenio se cuente con todos los estudios y diseños técnicos suficientes, completos y actualizados.

Esto porque, según la Procuraduría, los estudios para la construcción de la PTAR II de Chía estaban desactualizados e incompletos, lo que hizo que el valor del proyecto pasara de $35.000 millones a $62.876 millones, debido a que la Alcaldía y la empresa de acueducto de Chía firmaron un convenio con la CAR, pero luego se realizaron reajustes en los diseños, que hicieron que el valor aumentara. Por esta razón, para el ente de control se violó el principio de planeación, pues no estuvo dentro de los objetivos ejecutar las obras en el momento en el que se realizaron los estudios y diseños, sino que esperaron tres años para hacerlo.

De acuerdo con la CAR, hubo un criterio para cofinanciar convenios para la construcción de plantas de tratamiento y se basó en los diseños de detalles que se elaboraron para la mayoría de municipios en 2011, con la condición de que el contratista de la obra se revisara y ajustara dichos diseños. Sin embargo, tomando como referencia el criterio de la Procuraduría, la CAR decidió que debe dilucidar a cuál atender al momento de firmar nuevos convenios de cofinanciación, así que por ahora se abstendrá de firmar el acuerdo interadministrativo para la construcción de la PTAR Canoas.

Entre tanto, Franco apelará la decisión de la Procuraduría, por lo que continuará en la dirección de la CAR hasta que se resuelva la segunda instancia. También afirma que lo están acusando por una actividad que no realiza, ya que la entidad que encabeza se encarga de la cofinanciación de los proyectos y son las alcaldías y las empresas de servicios públicos las que adelantan los procesos de contratación, que en el caso de la PTAR II de Chía está en un 70 % de construcción y prevista para empezar operaciones a finales de este año. Además del convenio de Canoas, también se suspenden los de las plantas de Suesca, Villapinzón, Girardot y Sopó.

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