Por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, por interés indebido en la firma de esos contratos, por peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos e impondrá medida de aseguramiento contra el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi y los exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo Gaona e Inocencio Meléndez Julio, exdirectora y exsubdirector jurídico, respectivamente. Los tres, investigados dentro del escándalo del llamado cartel de la contratación en la capital.
A escasos cuatro días de haber asumido la investigación del caso por un relevo, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, solicitó una audiencia preliminar ante los jueces penales municipales con control de garantías para llevar a cabo ambas decisiones.
El anuncio lo hizo la propia fiscal general, Viviane Morales, quien reveló que el ente acusador también investiga la responsabilidad de otras 33 personas, entre funcionarios, contratistas y particulares, dentro del mismo caso.
El Espectador pudo establecer que al menos cinco de esos investigados por el llamado cartel de la contratación estarían buscando acercamientos con la Fiscalía para tramitar el beneficio del principio de oportunidad (que los declaren testigos estelares del caso).
Y en concreto, trascendió que asesores de Liliana Pardo se habrían comunicado ya con altos funcionarios de ese ente con miras a lograr ese acuerdo jurídico. La Fiscalía estaría especialmente interesada en constatar si el testimonio y las pruebas que pueda aportar la exfuncionaria determinarían alguna responsabilidad en el caso por parte del alcalde Samuel Moreno.
La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento a los tres investigados se realizará el próximo 23 de marzo a las 8:30 a.m. en los juzgados de Paloquemao.
A la investigación penal se suma el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra del contralor Moralesrussi y del exrepresentante Germán Olano, por el mismo caso. Ayer tuvo lugar un nuevo capítulo de audiencia pública en la sede del organismo de control, presidida por el procurador general Alejandro Ordóñez.
El procurador había imputado cargos a Olano y a Moralesrussi por concusión e incremento patrimonial injustificado y ayer les leyó el estudio técnico patrimonial con las pruebas que comprobarían esta última falta.
Sin embargo, la defensa de ambos disciplinados rechazó el informe y pidió plazo para estudiarlo hasta el próximo lunes, cuando se reanudará la audiencia pública en la Procuraduría.
La investigación del llamado cartel de la contratación corre por cuenta también de la Corte Suprema, en el caso del excongresista Olano y del senador Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno.
Puntualmente, las autoridades tienen bajo la lupa los contratos para la construcción de un tramo de la Fase III de Transmilenio por la calle 26, para la reparación de la malla vial de la ciudad y para obras de valorización.
El principal dedo acusador en el escándalo es el de los empresarios Miguel, Guido y Manuel Nule, (llamados por la Corte Suprema a declarar, según informó ayer Caracol Radio) quienes aseguran que tanto el contralor como Pardo y Meléndez hacen parte del cartel, en el que aparentemente se les pedían comisiones a los contratistas a cambio de un trato favorable.
En reiteradas oportunidades, Moralesrussi y Pardo han negado las acusaciones y aseguran que demostrarán su inocencia. Por ahora, la Fiscalía tiene muy claros los cargos en su contra.