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La historia del carril preferencial de la carrera Séptima, una de las arterias más congestionadas de Bogotá, ha sido una montaña rusa de anuncios, polémicas y rectificaciones. Todo comenzó el 13 de mayo, cuando la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció que todo vehículo distinto al SITP que transitara por el carril exclusivo sería sancionado con una multa de $604.100 y la inmovilización del automotor.
La decisión encendió las redes y provocó malestar entre los conductores. El Distrito argumentó que la infracción aplicaba bajo el código C14 (“transitar por sitios restringidos”), pero la medida no duró mucho.
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Pocos días después, el alcalde Carlos Fernando Galán corrigió el rumbo. En una declaración pública aseguró que no se quitaría un carril a la Séptima, y que la sanción solo aplicaría para quienes bloquearan el paso, no para quienes circularan. “Solo se multará a quienes se estacionen o impidan la fluidez del tránsito”, dijo.
Con esa aclaración, la infracción dejó de ser la C14 y pasó a ser la C02 (“estacionar en sitios prohibidos”) o la C03 (“bloquear una calzada o intersección”). En la práctica, se trataba de una corrección técnica, pero también de una señal política: el Distrito buscaba calmar los ánimos de los conductores sin renunciar al control del tráfico.
La confusión terminó oficialmente el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Movilidad expidió la Resolución 1815115 de 2025, que define de manera clara qué comportamientos están prohibidos en el carril preferencial de la carrera Séptima.
El documento establece que vehículos del SITP, taxis, transporte intermunicipal, transporte especial, ambulancias, bomberos, Policía, Ejército, ciclistas y particulares podrán usar el carril siempre que no lo bloqueen.
En el caso de los vehículos particulares, la resolución permite circular, girar a la derecha para ingresar o salir de predios, y hacer paradas breves para recoger o dejar pasajeros. La clave está en no obstaculizar el flujo vehicular.
La medida fue celebrada por varios sectores, entre ellos el concejal Fuchi, quien ha liderado un seguimiento al tema. “Este es un logro para los conductores de Bogotá, en especial para quienes fueron sancionados injustamente. La norma debe ser clara y justa”, afirmó el cabildante.
Fuchi también anunció que hará control político sobre los demás carriles preferenciales de la ciudad, y pedirá que cada uno tenga su propio acto administrativo, con reglas específicas. El objetivo, dijo, es evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica a los conductores.
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Por Redacción Bogotá
