Después de controladas las protestas, que se registraron en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, contra el desalojo de un inmueble, que estaría siendo usado por bandas delincuenciales para delinquir, se confirmó que el edificio será demolido y su predio usado para obras, a cargo de la Empresa Metro. Puntualmente, esperan que hasta ese punto llegue el Regiotram.
En contexto: Protesta por desalojo en casa en el centro de Bogotá, que usaban para delinquir.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hizo presencia en el lugar, expresó que la casa era “uno de los ocho bienes a los que la Fiscalía le declaró extinción de dominio, porque lo usaba la organización criminal ‘Los Maracuchos’, para cometer sus crímenes, como narcotráfico, extorsiones y asesinatos”.
“‘Los Maracuchos’ instrumentalizaban a la población vulnerable. Estaba operando bajo una óptica, que parecía un paga diario, pero no lo era. Vamos a sacar con oferta social a los habitantes vulnerables de este predio, para proceder a tumbar y demoler este edificio, porque aquí llegará el Regiotram de Occidente”, aseguró el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel.
De la misma manera, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, aseguró que el edificio hace parte del tipo de inmuebles que se deben intervenir, para poder llevar a cabo las obras del Metro de Bogotá. Adicionalmente, dijo que se requiere intervenir la zona, con el objetivo de mejorar el espacio público y recuperar la confianza de los residentes.
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Según las autoridades, a la casa se le aplicó extinción de dominio el 29 de marzo de 2017, por orden de la Fiscalía 23. Sin embargo, posteriormente pasó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que entregó la responsabilidad del inmueble a la empresa Metro.
Al respecto, la Alcaldesa Mayor hizo algunas críticas en contra de la SAE: “¿Cómo es que un bien, estando a cargo de una entidad del Gobierno Nacional, termina otra vez usado por una banda criminal? Pues, porque la SAE no es responsable con el manejo de sus bienes, no les presta vigilancia ni les da un uso. Y ese abandono lo aprovechan organizaciones criminales que se toman los predios”.
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Así las cosas, el desalojo se llevará a cabo entre este 23 y 24 de septiembre y será vigilado por la Policía Metropolitana, para después, llevarse a cabo la demolición. Los habitantes del inmueble, que fueron los protagonistas de las protestas, serán reubicados en sitios habilitados por el Distrito o beneficiados con un auxilio de arrendamiento.
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Por Redacción Bogotá
