En medio del Comité Civil de Convivencia, mesa de Policía y Derechos Humanos, que convocó la alcaldesa Claudia López para atender el caso de abuso policial contra Javier Ordóñez, se conoció que el caso del abogado no fue enviado a la Fiscalía sino a la Justicia Penal Militar.
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Así lo dio a conocer Alejandro Castro, jefe del área de derechos humanos de la Policía, quien aseguró que en la tarde de este miércoles 9 de septiembre “y el juzgado 143 de instrucción penal militar ya abocó conocimiento del caso”
Al respecto la mandataria mostró su preocupación porque este tipo de casos terminen en la Justicia Penal Militar o al procedimiento interno de la Inspección General de la Policía. “Desde la Alcaldía creemos que una de las razones que permite la ocurrencia recurrente de este tipo de hechos es que hay un clarísimo conflicto de interés entre la Policía y la investigación de los casos. Es importante que el país tenga una instancia distinta para definir si un caso que se denuncia es de uso o abuso, y eso no lo puede hacer la misma Policía”, dijo López.
Al respecto, también señaló que “El caso de Javier Ordóñez no es un caso aislado”, dado que en lo que va corrido del año se han registrado 137 casos de abuso policial y las autoridades solo han reconocido 38 “Hay un problema estructural”, indicó la alcaldesa porque lo que sugirió revisar la formación que reciben los uniformados de la institución.
El caso de Javier Ordóñez se conoció a través de un video difundido en redes sociales en el que se ve cómo dos Policías realizan descargas eléctricas con un teaser en contra del hombre que se encuentra en el piso y repite reiteradamente: “Ya, por favor, déjenme tranquilo, por favor”.
Pese a que se observa que el hombre fue trasladado con vida dentro de una patrulla al CAI del barrio Villa Luz, horas más tarde murió en una clínica, lo que causó la indignación de la ciudadanía, ante el evidente abuso policial.
Ante los hechos, la Policía de Bogotá anunció que retiraría del puesto de vigilancia a los Policías, quienes serían trasladados a un cargo administrativo, mientras que la Procuraduría anunció una investigación preliminar para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.
El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional aseguró que hubo un exceso de autoridad. “Se está investigando en estos momentos tanto disciplinaria como penalmente y vamos a dar en el menor tiempo posible toda la claridad necesaria y si hay funcionarios que tienen que responder de manera individual, tendrán que hacer”.