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La Fiscalía General de la Nación identificó a un clan familiar autodenominado ‘Los Cubillos’ que estaría involucrado en actividades de producción, procesamiento, transporte y venta de cocaína y otras sustancias ilícitas en entornos educativos, parques y otras zonas públicas de recreación de la localidad de San Cristóbal.
Los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, apuntan a que esta organización delictiva disponía de sus propias zonas de cultivo de coca en Meta y Risaralda, “donde presuntamente sostenían alianzas con estructuras criminales como el ELN y La Cordillera para que les garantizaran su actuar ilegal”.
Para transportar los estupefacientes, indicaron, ‘Los Cubillos’ utilizaban métodos de camuflaje, además de redes de distribución y comercialización.
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En diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fueron capturados 13 de los señalados integrantes en Bogotá y municipios de Cundinamarca y Risaralda. “Uno más fue notificado en el centro carcelario donde permanece privado de la libertad por otro proceso”, detalló el ente acusador.
Entre los afectados con la decisión están Beatriz Helena Zapata, alias ‘La Señora’, una mujer de 71 años que sería la cabecilla y dinamizadora principal; asimismo, Alexander Salgado Salgado y Juan Ángel Ramírez, quienes habrían sido designados por la adulta mayor para controlar y supervisar las plantaciones de coca en Pueblo Rico (Risaralda) y Vista Hermosa (Meta). Los demás capturados, cumplirían diferentes roles relacionados con el traslado de los estupefacientes, su dosificación y venta.
Durante los procedimientos fueron incautados más de cuatro kilogramos de cocaína, 11 millones de pesos en efectivo, 15 celulares, un DVR y un cuaderno con apuntes de contabilidad.
Un fiscal de Seccional Bogotá presentó a estas 14 personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Cargos que no fueron aceptados, pero que un juez de control de garantías, decidió enviar a la cárcel como medida preventiva.
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La Secretaría de Educación contempla la intervención de un total de 92 entornos priorizados teniendo en cuenta variables de convivencia y conflictividad. Para ello, a través del programa ‘Entornos escolares inspiradores’, busca mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de las comunidades educativas mediante la transformación y resignificación.
“Su ejecución convoca esfuerzos de nueve secretarías distritales y entidades adscritas, comunidad y sector privado en torno a tres líneas de acción: La primera corresponde a Seguridad, prevención y contención de violencias; la segunda, mejoramiento del espacio público; y la tercera, promoción de procesos comunitarios”, explica la entidad distrital.
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Por Redacción Bogotá
