Bogotá

1 Sep 2015 - 3:44 a. m.

Cerramientos en Bogotá, otra vez a debate

Un proyecto de ley pretende que, para mejorar la seguridad en conjuntos o grupos de vivienda, las alcaldías permitan a los vecinos cerrar bienes de uso público como vías.

Carlos Hernández Osorio

“Le pongo un ejemplo: hay algunas vías públicas cuyo entorno son solo edificios, y no tienen salida. Son calles cerradas. ¿Qué quiere hacer una persona que no viva allá en un espacio como esos, que no es el suyo y tampoco es un sitio de recreo?”. El comentario lo hace Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá (CAPH), para explicar en qué caso se podría construir el cerramiento de un tramo de espacio público y entregarle su “administración” a los vecinos para que estos se sientan más seguros.

Molano ilustra así su posición a favor de un proyecto de ley (el 099 de 2015) que comenzó su curso en el Congreso y revive el debate sobre la pertinencia y funcionalidad de esos cerramientos. Hoy a las 2:00 de la tarde se realizará una audiencia pública en el Capitolio para discutir el tema.

La autora es la representante a la Cámara por Bogotá Olga Lucía Velásquez, del Partido Liberal, que también fue secretaria de Gobierno. El texto propone que “las agrupaciones de vivienda, conjuntos residenciales o multifamiliares que actualmente no cuentan con espacio privado para implementar la seguridad de los mismos” puedan solicitarle un permiso a la Alcaldía “para que ceda de forma transitoria parte del espacio público tendiente a hacer los cerramientos del caso”.

El proyecto está justificado en función de mejorar la seguridad de los vecinos, por lo que estos deberán sustentar su solicitud en “estudios que puedan demostrar peligro potencial sobre la vida y bienes de los residentes”. Si se los aprueban, deberán firmar un convenio con la administración municipal o distrital que los comprometa, por ejemplo, a asumir el mantenimiento del lugar.

Velásquez precisa que, aunque está pensando en que se instalen mallas o rejas en esos espacios, cualquier ciudadano podría ingresar allí, por ejemplo, entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m., pero sí quedarían cerrados totalmente durante la noche. “¿Qué tiene que hacer alguien a las 11:00 p.m. en un parque?”, se pregunta. Al cuestionarle si está probado que eso eralmente mejora la seguridad, responde que todo está ligado al mantenimiento adecuado del espacio: si los vecinos lo mantienen bien, será un punto más seguro a que si lo descuidan.

La iniciativa también prevé el papel de los constructores: en los diseños de las urbanizaciones deberán incluir una zona de aislamiento destinada a los cerramientos.

El proyecto se incrusta en un debate que tomó relieve a finales de los 90. Dos leyes, desde entonces, han intentado darles vía libre a los cerramientos, pero se han ido abajo. Y la Corte Constitucional, en 2002, le dio prelación al espacio público. En Bogotá ha habido una fuerte discusión al respecto: a pesar de que en la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) el POT prohibió, por ejemplo, el cerramiento de los parques vecinales y de bolsillo (de menos de 10.000 metros cuadrados), el Concejo lo permitió mediante un acuerdo en 2010, que firmó Samuel Moreno. Entre uno y otro episodio se recuerda un punto álgido de la discusión, cuando en diciembre de 2000 murieron Irma Prieto y William Villalobos, habitantes del barrio Luna Park (localidad Antonio Nariño) durante la demolición de un muro que los residentes habían levantado en la ronda del río Fucha.

Las autoridades han seguido actuando. Estadísticas de la Secretaría de Gobierno que cita la representante Velásquez para sustentar su proyecto indican que entre 2005 y el 13 de julio de 2015 “se han adelantado en 10 localidades de Bogotá 1.540 actuaciones por restitución de espacio público”, con sus consecuentes problemas de orden público.

El Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público (DADEP), en diferentes conceptos, ha sido claro al ponerse en contra de la medida: “El legislador no puede permitir, así sea indirectamente, la afectación permanente del espacio público por vía de cerramientos que equivalgan a una apropiación privada de lo destinado al uso común”.

La representante afirma que no se trata de concesiones permanentes, sino transitorias, “por un tiempo razonable” (algunos años, por ejemplo) y condicionadas a que los vecinos cumplan sus compromisos. En caso de que el Estado llegue a solicitar el espacio, podrá pedirlo de inmediato.

La discusión vuelve a abrirse, no solo para Bogotá, sino para todo el país. Mientras unos sectores justifican la medida en la disminución de sus miedos, desde otros consideran que debe prevalecer el espacio público a cualquier día y hora.

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