Más allá de lo técnico, la palabra que más se repite en el debate sobre los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá es concertación. Hoy se libran intensos debates, cuyo resultado debe terminar en la expedición de una norma que mitigue el impacto de la expansión urbana sobre ecosistemas estratégicos de la región.
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En este punto es clave recordar que dichos lineamientos no son más que una serie de directrices, elaboradas por el Ministerio de Ambiente, para delimitar las áreas protegidas y dónde se podría construir. Desde que el Ministerio hizo público el documento, como antesala a la expedición de una norma nacional, varios actores la cuestionaron al sentirse excluidos.
El choque llegó a tal nivel que mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que se había enterado de los planes de la Nación por la prensa; el Ministerio sostuvo que convocó 30 reuniones, pero que el Distrito solo envió delegados “sin poder de decisión”.
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Los reparos a la norma y el cruce de señalamientos en este proceso desembocaron, por orden judicial, en la suspensión del trámite de la norma, hasta tanto no se diera una amplia concertación. El Consejo de Estado delegó esa tarea en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), organismo que nació en 2014, con la misión de coordinar los esfuerzos institucionales para descontaminar y proteger el afluente.
Y, en sintonía con su misión, fue que mismo Alto Tribunal le delegó la misión de concertar los lineamientos de la Sabana. En esta tarea llevan dos semanas y, con la última sesión, que se dio este miércoles, le organismos parece estar ad portas de tomar decisiones,
El proceso no fue sencillo. previo al inicio de las sesiones, hubo denuncias de dilaciones en el proceso, reparos que persiste en algunos de los interesados en la norma. Pese a todo, el organismo finalmente se reunió y realizó siete sesiones en las últimas dos semanas, en las que los equipos técnicos del Distrito —desde las secretarías de Hábitat, Ambiente, Planeación, Movilidad, Metro y Acueducto—, junto a 51 intervenciones de gremios y organizaciones ambientales, manifestaron sus observaciones a los lineamientos.
El CECH ahora debe elaborar un documento que recoja todos los comentarios y que, según el auto del Consejo de Estado, servirá para producir una tercera versión de los lineamientos. Esta nueva versión, además de ser concertada y contar con la participación de todos los interesados, debe ante todo armonizarse con la sentencia sobre el Río Bogotá.
La metodología para aglutinar los comentarios consistió en una matriz en la cual se fue incorporando, punto por punto, las objeciones de los distintos participantes a los artículos de la segunda versión de los lineamientos. Porque ese es otro aspecto clave: el documento original de lineamientos, divulgado el 3 de marzo, ya habría pasado una segunda edición.
Estos cambios responden a ciertos avances en mesas de trabajo conjuntas, entre el Ministerio de Ambiente y los demás actores. Con todo y lo anterior, todavía persisten brechas importantes que analizará el CECH. Al finalizar este ejercicio, con base en toda la información procesada, el CECH entregará un documento con conclusiones y recomendaciones. cuya entrega podría darse el 26 de noviembre.
Los argumentos del Distrito y los defensores de la Sabana
El transcurso de las sesiones, salvo la del 18, que contó con un componente participativo, ha sido un recuento de los motivos por los cuales gremios de la construcción, floricultor y minero se oponen a la formulación actual de los lineamientos.
Mientras que los defensores de la Sabana han denunciado que estas maniobras se dan para dilatar y evitar el verdadero debate alrededor de la pérdida de humedales, la expansión urbana descontrolada y el deterioro de ecosistemas clave, el Distrito difiere en los posibles aspectos de aplicación de los lineamientos.
Desde el Distrito objetan que la cartografía desde la cual se concibieron los lineamientos originales comete de errores de delimitación territorial que harían más complejo la puesta en marcha de proyectos como la extensión del metro a la calle 100, la segunda línea del metro, la PTAR Canoas, entre otras iniciativas inmobiliarias y de vivienda.
Pero los defensores del medioambiente rechazan que esto sea un obstáculo al desarrollo; al contrario, aseguran que la resolución no derogaría los POT ni los PBOT, sino que impondría requisitos ambientales más altos en futuros desarrollos, con lo cual se reducirían los altos impactos ambientales en la Sabana.
Argumentan que es una medida necesaria para corregir una “deuda histórica” con el ecosistema sabanero y reiteran que, sin reglas claras, la Sabana continuará perdiendo recursos hídricos, biodiversidad y suelo agrícola
Para dar un marco técnico a estos debates, también preocupa la deficiente regulación ambiental actual: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reporta sanciones frecuentes por daño en suelos sabaneros, lo que refleja que las normas vigentes no bastan para proteger el territorio. Dicho factor es importante, ya que una de las dudas más frecuentes en las sesiones era si los lineamientos complementaban o reemplazar del todo los actuales instrumentos de manejo ambiental, como los POMCA.
Todas las consideraciones ya están en manos del CECH. La coyuntura actual plantea un escenario público y evidente de escucha, a fin de lograr, de sesión en sesión, concretar ese concepto tan necesario, pero a veces tan furtivo en este tipo de casos, como la concertación.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
