Bogotá

23 Sep 2020 - 2:56 p. m.

Claudia López a Gobierno Nacional: “Lamento que se pida perdón por orden y no por voluntad”

La alcaldesa celebró la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia, que, entre otras cosas, ordenó al Ministerio de Defensa pedir excusas por el exceso de la fuerza ejercido durante las protestas ciudadanas. Sin embargo, recordó cuando el presidente se negó a pedir perdón a las familias de las víctimas de los hechos violentos ocurridos el 9 y 10 de septiembre en Bogotá.

Este martes, la Corte Suprema de Justicia declaró que la Fuerza Pública de Colombia, en especial el Esmad, hace una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los marchantes en las protestas ciudadanas y señaló que los agentes estatales incurren en reiteradas y constantes agresiones, con uso desproporcionado de la fuerza, contra quienes ejercen su derecho fundamental a la manifestación.

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En ese sentido, el alto tribunal ordenó, entre otras cosas, que el Ministerio de Defensa, en 48 horas, haga un acto de excusas públicas por los excesos cometidos por los integrantes de dichos escuadrones en todo el país en el paro nacional de 2019, en el que murió el joven Dilan Cruz como resultado de graves heridas recibidas en la protesta.

La decisión fue celebrada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, catalogándola como admirable. “La Corte Suprema de Justicia ha defendido el derecho a la protesta social y ordenó al Gobierno Nacional pedir excusas por la sistemática estigmatización que hay de la movilización pacífica. Celebro y respaldo esta decisión”, expresó la mandataria.

Asimismo, recordó cuando se reunió con el presidente Iván Duque, para realizar la propuesta de reforma policial, a la cual se negó, pero sí recibió el respaldo de la Procuraduría.

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“Hace muy pocos días le pedimos al Gobierno Nacional que ofreciera excusas a las familias de las victimas de casos de evidente abuso policial, donde hubo más de 10 fallecidos, que reconociera la gravedad de los hechos, junto a una propuesta concreta de reforma a la institución. A las tres cosas nos dijo que no. Lamento que ahora lo tenga que hacer por orden de la Corte, qué bueno hubiera sido que lo hubiera hecho por voluntad propia", dijo López.

La alcaldesa aprovechó para reiterar el llamado a la Procuraduría y al Congreso para trabajar en la reforma a la Policía, que busca que se modifiquen sus patrones de entrenamiento, formación y operación.

“Necesitamos tener una Policía menos militarizada y más civil, más humana. Por ahora, seguimos trabajando en la asistencia psicosocial a las victimas de abuso policial, que es sistemático y su impunidad también es sistemática. La evidencia es reiterada, contundente y no lo dice la oposición, lo dice la Corte”, concluyó.

El alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional y al Presidente de la República que en un mes expida un acto administrativo que ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, a “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de guerra exterior; conmoción interior; o estado de emergencia”.

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Y es que según la Corte Suprema, “una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”. Esta orden y el pronunciamiento se dio luego de analizar varias manifestaciones que hicieron los Ministerios y el Ejército Nacional, en el marco de las manifestaciones de noviembre y diciembre de 2019, con el eslogan “no paramos, avanzamos”.

La orden incluye convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos de las organizaciones sociales y cualquier persona interesada en el tema. Con el agravante de que, si no se llega a un consenso, el gobierno tendrá 60 días para expedir una “reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas”.

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La idea, dice la Corte Suprema, es que dicha reglamentación haga énfasis en “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (la) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (el) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (las) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (los) ataques contra la libertad de expresión y de prensa”.

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