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28 Aug 2021 - 2:00 a. m.

Comandos de seguridad: ¿estrategia a largo plazo o medida efectista?

Desde el 13 de agosto se implementaron comandos operativos de seguridad ciudadana para combatir la inseguridad, cuyos resultados empezaron a anunciar recién diez días después de su creación. ¿Cuál podría ser el verdadero impacto en la seguridad y su percepción? Analistas y expertos responden.
El ministro de Defensa, Diego Molano (der.), dio los resultados del avance de los Cosec.
El ministro de Defensa, Diego Molano (der.), dio los resultados del avance de los Cosec.
Foto: Cortesía: Ministerio de Defensa

Las velas, los arreglos florales, las fotos y los mensajes de condolencia y solidaridad con el patrullero Humberto Sabogal y su familia revivieron en los bogotanos las escenas casi calcadas y en circunstancias parecidas de cinco meses atrás, cuando en el norte de Bogotá mataron al también patrullero Edwin Caro. Estos dos uniformados fueron la cara trágica del fenómeno de inseguridad que aqueja a la capital con inquina, luego del anormal año 2020, en el que por cinco meses sus habitantes estuvieron confinados en sus hogares por cuenta de la pandemia del COVID-19.

El 10 de marzo, un delincuente extranjero, que se hacía pasar como trabajador de una aplicación de entrega de domicilios e iba con un cómplice, asesinó a Caro tras propinarle un impacto de arma de fuego, cuando el uniformado y su compañero intentaron requisarlo, en el barrio El Nogal. El 11 de este mes, la escena se repitió en El Restrepo: dos patrulleros que, en cumplimiento de sus funciones, requirieron para una requisa a dos sujetos y terminaron siendo atacados a tiros, con la peor de las suertes para Sabogal, quien murió horas después en un centro asistencial.

Como si fuera un déjà vu, además de las biografías e historial de felicitaciones con los que la Policía recordó a estos dos miembros de sus filas, el impacto mediático y social que ocasionaron generó un cataclismo de determinaciones y acciones de las autoridades, sobre las que varios analistas y expertos en temas de seguridad ciudadana y nacional plantean la duda de si se trata de una estrategia consolidad y a largo plazo o, más bien, unas medidas efectistas que se toman por una coyuntura. Pues vale recordar que después del asesinato del patrullero Edwin Caro la Alcaldía de Claudia López respondió con un decreto en el que estableció una serie de restricciones a motocicletas, que trabajaran con domicilios y requerimientos para esas empresas. Ahora el plan se concentra en la creación de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (Cosec), para contrarrestar el delito en zonas específicas.

El Espectador habló con tres analistas y expertos en seguridad para analizar esta estrategia, que consiste en la implementación de cuatro grupos especializados y la llegada de 1.500 policías a Bogotá para reforzar las operaciones de investigación criminal e inteligencia. Todos utilizaron la misma palabra para describirla: “Reactiva”. Y la complementaban luego señalando que, además de eso, no era preventiva.

César Niño, experto en seguridad nacional y profesor de relaciones internacionales de la Universidad de la Salle, manifestó que para él hay una “distorsión” de lo que se entiende por seguridad, pues “hay una visión demasiado militarista; la presencia de efectivos de la Policía y del Ejército responde a un instrumento, y la presencia de pie de fuerza ayuda a monitorear la seguridad en la ciudad, pero no es directamente proporcional a que la inseguridad se reduzca en las calles”.

Incluso, fue más allá en su análisis y señaló que la institucionalidad se queda corto ante la volatilidad del crimen en las ciudades, dado que este “va mucho más rápido que las estrategias del Estado y son mucho más volátiles, por eso el crimen triunfa y está muy organizado, mientras que el Estado no tanto”, puntualizó.

Por otro lado, Miguel Andrés Silva, analista en asuntos de seguridad urbana, le dijo a este diario que no basta la sola presencia de más policías patrullando las calles de la ciudad para mantener la seguridad y su percepción en números positivos, sino que se tiene que sumar un “esfuerzo por mejorar la eficiencia judicial en el Distrito”.

A la hora de la verdad, es allí donde está el punto clave de la seguridad: la judicialización de las personas que son capturadas en flagrancia o con orden judicial por la comisión de un delito, porque, ¿de qué sirve anunciar capturar con el megáfono de las redes y los noticieros, si estos no terminarán inmersos en un proceso judicial que los procese?

“El Distrito sí aumentó el pie de fuerza, con los 1.500 policías, pero estos son distintos a los del Plan de Desarrollo. No es clara la estrategia. Es un plan reactivo y no es coherente con un plan a largo plazo”, dijo Silva, quien de paso planteó dudas sobre si esta táctica, que ha sido usada en otras ciudades, se mantendrá con el tiempo y qué podría pasar en caso de retirarla.

Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, aunque manifestó que esta estrategia es necesaria para la ciudad, cuestionó “la tardanza” con la que se implementó. “¿Cuántos muertos debimos tener para que tomaran una decisión?”, se preguntó. No obstante, declaró que el número de uniformados que llegarán a la capital se debe a “la lógica de que cuando hay una coyuntura se deben traer más policías” y que estos no llegan todos al mismo tiempo y no están 100 % en las calles.

“Más policías en moto dando vueltas por la calle no hace que las bandas se desarticulen, sino que causan el efecto globo: que cambian de localidad, hacen un repliegue de actividades y eso genera percepción de seguridad, pero la estructura del crimen sigue activa”, recalcó.

Las cifras del avance

Diez días después de anunciado el plan de choque para “recuperar la seguridad en Bogotá”, el lunes 23 de agosto el ministro de Defensa, Diego Monalo, en compañía del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Eliécer Camacho, y los oficiales responsables de los cuatro Cosec, anunciaron los avances en los resultados del Plan de Intervención y Acompañamiento a Bogotá.

En estos destacaron la realización de cinco grandes operaciones, 351 capturas (siete de ellas por homicidio), así como una reducción -comparada con el año 2019- del 19 % en los casos de homicidio, 19 % en los de lesiones personales, 56 % en los de hurto a personas y 52 % en los de hurto de bicicletas. “Avanzamos sin tregua, para que los bogotanos recuperen su seguridad, como se ha visto en los últimos días”, dijo Molano.

A su turno, el general Vargas anunció que 500 funcionarios de esa institución se graduarán en investigación criminal e inteligencia para realizar dichas funciones en Bogotá. Asimismo, el brigadier general Camacho señaló que con 87 casos de lesiones personales y 65 de delitos sexuales, hubo una reducción del 19 y 88 %, respectivamente. “De manera general, ha sido satisfactoria la actividad en la intervención, por lo menos un 53 % de todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana”, manifestó Camacho.

Estas llamativas cifras, sin embargo, son vistas con incredulidad por los tres expertos que dialogaron con El Espectador, porque, para ellos, no explicaron la metodología que usaron para llegar a ellas.

Para el profesor César Niño, esos datos “sueltos” y sin explicación metodológica “no tienen ninguna relevancia” y permiten concluir que la estrategia de los Comandos de Policía son políticas de seguridad diseñadas en “dar golpes a (…)”. “Incautamos y capturamos, eso es lo que venden las fuerzas de seguridad del Estado, pero, en últimas, eso no es hacer seguridad. Lo que me preocupa es que tiene un aroma a trampa de indicadores y no sé hasta qué punto mejore la percepción de inseguridad. Estamos acostumbrados a los golpes policiales y militares, pero eso no es directamente proporcional a la seguridad”, expresó.

Según Miguel Silva, no es responsable dar esos anuncios, ya que “genera una falsa expectativa, no refleja lo que pasa con el fenómeno y la ciudadanía puede sentirse más frustrada”. También expresó que deben explicar los indicadores que usan para sacar esas conclusiones, pues “una captura no significa una judicialización” y, a veces, por errores o problemas de procedimiento las capturas no son legalizadas y así “las capturas dejan de ser disuasivas”. “Me preocupa que midamos la seguridad con número de capturas, y ese tipo de anuncios terminan siendo anuncios inmediatistas. Hay que mirar si están sucediendo como uno creería”, puntualizó.

Por su parte, Néstor Rosanía también manifestó sus dudas sobre cuál fue la metodología para establecer esos avances y advirtió que a niveles local y nacional hay un alto nivel de subregistro de la criminalidad, pues algunos delitos no son puestos en conocimiento de las autoridades competentes, y “las autoridades se quedan con estadísticas muy bajitas versus la realidad de las calles”. “Esa cifra del 19 % en 10 días, y sin saber la metodología, genera mucha desconfianza”, mencionó.

La Policía Metropolitana de Bogotá le indicó a este diario que de los 1.500 uniformados que llegarán, 500 serán destinados a la seccional de investigación criminal (400) y para la seccional de inteligencia (100), y que los restantes llegarán entre septiembre y fin de año para ser distribuidos en las zonas de la capital que más requieren presencia, según las dinámicas delictivas, en cuanto a su ubicación y posterior migración. Igualmente, esa institución explicó que las cifras entregadas sobre el avance de la estrategia fueron realizadas a partir de las denuncias registradas en el Sistema Penal Oral Acusatoria (SPOA), de la Fiscalía General de la Nación.

Lo cierto es que para académicos, analistas y autoridades la capacidad y efectividad de la inteligencia para desmantelar bandas dedicadas al crimen y, luego, lograr su adecuada judicialización serán las claves para que la percepción de seguridad de los ciudadanos en las calles y en sus hogares por fin pueda estar en sincronía con las estadísticas y cifras que las administraciones y las autoridades entregan mensualmente.

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