Bogotá, a través de los canales de atención que disponen las secretarias y entidades, recibió 290.776 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes entre abril y julio de 2026, un promedio cercano a 2.400 requerimientos diarios. Una de cada tres estuvo relacionada con el sector Movilidad, donde la prescripción de comparendos se convirtió en el trámite más reiterado por la ciudadanía.
El nuevo boletín de la Veeduría Distrital muestra que Movilidad acumuló 98.093 PQRS, equivalentes al 33,7 % del total. Le siguieron Salud, con 19.875; Integración Social, con 18.761; Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con 10.080, y Gobierno, con 9.683.
Estos cinco sectores reunieron 156.492 solicitudes, el 53,8 % de todas las registradas durante el periodo. Sin embargo, las cifras requieren una precisión: una PQRS puede corresponder a una petición de información, un trámite, una consulta o una queja. Su registro no demuestra automáticamente una falla de la entidad señalada.
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Las prescripciones superaron todas las solicitudes de Salud
La Secretaría Distrital de Movilidad recibió 22.976 solicitudes relacionadas con la prescripción de comparendos. Esta temática representó el 23,4 % de las PQRS del sector y, por sí sola, superó las 19.875 registradas en todo el sector Salud.
La prescripción ocurre cuando transcurre el plazo legal para cobrar una obligación sin que la administración complete las actuaciones correspondientes. La persona interesada debe solicitar su reconocimiento y la autoridad debe verificar el expediente, las fechas, las notificaciones y la existencia de actuaciones que hayan interrumpido el término.
El elevado número no equivale a 22.976 comparendos prescritos. La cifra identifica solicitudes presentadas por ciudadanos que buscaban una revisión o una decisión administrativa sobre sus casos.
Otras 4.757 PQRS estuvieron relacionadas con embargos y desembargos, mientras 1.452 pidieron actualizar información en plataformas como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, las placas vehiculares o los datos del infractor.
También se registraron 972 solicitudes de operativos para controlar el tránsito y recuperar el espacio público.
Veeduría revisó las notificaciones y la plataforma Fénix
Ante la concentración de solicitudes, la Veeduría realizó una visita administrativa a la Secretaría de Movilidad para examinar la gestión de las PQRS, el funcionamiento de la plataforma Fénix y los procedimientos utilizados para notificar las actuaciones relacionadas con comparendos.
La revisión incluyó la coordinación con el operador de correspondencia y el manejo de datos procedentes del RUNT, el Registro Único Empresarial y Social, Orfeo y el SIMIT.
Los funcionarios también verificaron los controles de trazabilidad e integridad de la información dentro de Fénix-Contravenciones. La Veeduría encontró asuntos que requerían acciones de mejora en la generación de avisos web, el seguimiento al contrato de correspondencia y la atención de las solicitudes ciudadanas.
El boletín no cuantifica cuántos expedientes presentaron errores de notificación ni establece que todos los reclamos fueran favorables a los ciudadanos. La visita tuvo un carácter preventivo y derivó en solicitudes de información y mejoramiento dirigidas a Movilidad.
Negación de citas lideró las solicitudes en Salud
El sector Salud ocupó el segundo lugar, con 19.875 PQRS. Las negativas para asignar citas médicas concentraron 8.244 solicitudes, equivalentes al 41,5 % del total sectorial.
Otras 5.316 estuvieron relacionadas con fallas en la prestación del servicio y 2.148 con la negación de medicamentos. En conjunto, las tres temáticas reunieron 15.708 registros, cerca del 79 % de las PQRS del sector.
Para contrastar estas solicitudes, la Veeduría visitó 12 hospitales pertenecientes a las cuatro subredes integradas de servicios de salud. Durante las primeras inspecciones encontró dificultades en la orientación a los usuarios, asociadas con la ausencia o baja disponibilidad de personal encargado de resolver inquietudes.
También observó limitaciones en los espacios y elementos destinados a los pacientes y acompañantes durante los tiempos de espera.
En visitas posteriores, el organismo reportó avances en la disponibilidad de personal, la adquisición de elementos para la atención y la planeación de mejoras tecnológicas. Los hospitales de Meissen, Suba y Fontibón fueron destacados por sus prácticas de humanización, seguimiento y gestión del servicio.
Las asociaciones de usuarios de las EPS también comunicaron preocupaciones sobre las demoras en las citas con especialistas, las barreras administrativas, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos durante una jornada de Diálogos por la Salud.
Pagos y actualización de datos concentraron las PQRS sobre subsidios
La Secretaría Distrital de Integración Social recibió 18.761 solicitudes. El Ingreso Mínimo Garantizado originó 4.629 registros relacionados principalmente con fechas de pago, valores girados y actualización de información.
Esta categoría representó el 24,7 % de las PQRS recibidas por el sector. Otras 2.673 estuvieron vinculadas con la activación o reactivación del subsidio de transporte.
La atención a personas mayores, los Centros Día y las comisarías de familia aparecieron dentro de un grupo de 2.665 solicitudes, mientras la habitabilidad en calle reunió 553.
La Veeduría revisó los convenios suscritos entre Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local para dar continuidad a las transferencias monetarias. El seguimiento se concentró en la preparación de nuevos acuerdos una vez terminara la Ley de Garantías.
El boletín no señala una suspensión generalizada del Ingreso Mínimo Garantizado. Las solicitudes reflejan dudas, novedades de pago y trámites de actualización que deben ser examinados individualmente.
Basuras, espacio público y ruido también llegaron a las entidades
Hábitat y la UAESP acumularon 10.080 registros. Entre las temáticas identificadas estuvieron la recolección de residuos ordinarios, con 1.567 solicitudes, y el retiro de escombros, residuos voluminosos y materiales de construcción, con 338.
También se presentaron 212 solicitudes sobre mantenimiento del alumbrado público y 101 relacionadas con corte de césped o poda de árboles.
La Veeduría concentró parte de su seguimiento territorial en Rafael Uribe Uribe, donde revisó puntos persistentes de acumulación de residuos. Las entidades identificaron factores asociados con prácticas inadecuadas de disposición, actividades de carreteros y dinámicas de microtráfico.
El organismo pidió fortalecer la coordinación entre la Alcaldía Local y la UAESP, así como unificar los protocolos entre la Línea 110, la Línea 195, los operadores de aseo y las entidades distritales. La desarticulación puede producir respuestas incompletas y llevar a que los ciudadanos radiquen varias veces una misma solicitud.
El sector Gobierno recibió 9.683 PQRS. De ellas, 3.386 correspondieron a ocupaciones o intervenciones en el espacio público y 1.235 a ruido producido por establecimientos comerciales.
La Veeduría revisó las respuestas de las autoridades, los operativos desarrollados junto con la Policía y el Instituto para la Economía Social, además de las actuaciones de inspección, vigilancia y control.
Mayo registró la mayor cantidad de solicitudes
Mayo fue el mes con más PQRS, al alcanzar 77.521. Le siguieron julio, con 74.105; abril, con 73.774, y junio, con 65.376.
Entre mayo y junio se presentó una reducción del 15,7 %, seguida de un repunte del 13,4 % en julio. El boletín no explica si estas variaciones obedecieron a cambios estacionales, campañas de información, acumulación de trámites o modificaciones en los canales de recepción.
Más del 80 % de las personas utilizó medios virtuales y escritos. Asimismo, más del 13 % de los registros correspondió a derechos de petición de interés general.
Los datos proceden de la plataforma Bogotá Te Escucha y de las quejas recibidas directamente por la Veeduría. La plataforma distribuye los requerimientos entre las entidades distritales responsables y permite consultar el estado de su trámite.
¿Cuánto tiempo tiene una entidad para responder?
La Ley 1755 de 2015 establece como regla general un plazo de 15 días para responder una petición. Las solicitudes de documentos e información deben resolverse dentro de los diez días siguientes, mientras las consultas dirigidas a las autoridades tienen un término de 30 días.
Cuando una entidad no es competente, debe trasladar la solicitud a la autoridad correspondiente e informar al ciudadano. La respuesta también debe resolver de fondo el asunto planteado; remitir una comunicación genérica no satisface necesariamente el derecho de petición.
Los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes mediante Bogotá Te Escucha. La Veeduría recomienda describir los hechos de forma ordenada, diligenciar la información solicitada e indicar la dirección, el barrio y la localidad cuando el caso esté asociado con un lugar específico.
El nuevo balance muestra qué asuntos llevan con mayor frecuencia a la ciudadanía a buscar una respuesta institucional. También deja una tarea pendiente: determinar cuántas solicitudes fueron resueltas dentro del plazo, cuántas resultaron favorables y cuántas tuvieron que presentarse nuevamente porque la primera respuesta no solucionó el problema.
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Por Redacción Bogotá
