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En pocos años, el teléfono celular pasó de servir para llamar a casa a concentrar buena parte de la vida, incluso en entornos escolares. En una misma pantalla conviven los grupos del curso, las tareas, las redes sociales, los videojuegos y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial capaces de resolver ejercicios o producir textos en segundos. Esa transformación encontró a los colegios tratando de contener las distracciones mientras incorporaban la tecnología a sus métodos de enseñanza.
Bogotá se prepara ahora para ordenar ese escenario. La Secretaría de Educación, en la misma vía que autoridades de países como Francia, alista una resolución que regulará el uso de celulares y otros dispositivos en los 412 colegios oficiales durante toda la jornada, incluidos los descansos. Las reglas variarían según la edad y permitirían utilizar los equipos cuando exista un propósito pedagógico y acompañamiento docente.
Sin embargo, el núcleo de la discusión supera la conveniencia de guardar los teléfonos, dado que la ciudad deberá definir cómo aplicará una orientación general sin desconocer la autonomía de las comunidades educativas, pues la legislación nacional reserva algunas decisiones a los comités de convivencia y consejos directivos de cada colegio. Además, la consulta adelantada por el propio Distrito concluyó que las restricciones solo serán efectivas si incluyen formación, acuerdos colectivos y participación de las familias.
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Una discusión con más de 77.000 participantes
Entre el 11 de mayo y el 17 de julio de 2026, un total de 77.217 estudiantes, docentes, directivos y familiares participó en 366 foros institucionales sobre el uso de dispositivos y su relación con el aprendizaje.
Las comunidades educativas elaboraron 266 rutas de aprendizaje y registraron 287 prácticas implementadas en los colegios. Algunas instituciones apartan los teléfonos antes de comenzar las clases, mientras otras los incorporan a proyectos de investigación, actividades STEM y ejercicios de ciudadanía digital.
El primer consenso fue que el problema comprende todo el ecosistema digital. El teléfono funciona como puerta de entrada a redes sociales, plataformas educativas, videojuegos, contenidos audiovisuales e inteligencia artificial. Por eso, sus efectos continúan después de la jornada y no dependen únicamente de que el dispositivo permanezca encendido dentro del aula.
Más de la mitad de las instituciones reportó simultáneamente oportunidades para el aprendizaje y riesgos para la atención, la convivencia y el bienestar. Los participantes concluyeron que las reglas necesitan formación, mediación docente y acuerdos colectivos para modificar los hábitos.
Asimismo, pidieron fortalecer la participación de las familias y la capacidad de los profesores para integrar las tecnologías. Los resultados divulgados por la Alcaldía señalan que los acuerdos deberán reflejarse en manuales de convivencia, pactos de aula y normas propias de las instituciones.
La ley entrega parte de la decisión a los colegios
La regulación distrital deberá ajustarse a la Ley 2170 de 2021, que distribuye responsabilidades entre el Estado, las instituciones educativas y las familias. La norma ordena establecer mecanismos para que los dispositivos faciliten el aprendizaje, la participación y la protección de los menores.
La ley también autoriza restricciones excepcionales en determinados horarios o lugares. Para adoptarlas exige el aval previo del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo Directivo de cada institución, además de garantizar el derecho a la comunicación.
Bogotá puede expedir lineamientos complementarios para su sistema educativo. No obstante, el alcance jurídico de una regla que cubra toda la jornada dependerá de la redacción definitiva y del margen que conserve cada colegio para deliberar, aprobar y adaptar las disposiciones.
Hasta ahora, la Secretaría no ha publicado el proyecto de resolución. La información disponible permite anticipar una regulación diferenciada por edades, con una exposición mínima a pantallas durante la primera infancia y usos académicos autorizados en los niveles superiores.
Sin el documento, resulta prematuro hablar de una prohibición absoluta o asegurar que existe una contradicción con la ley. Queda pendiente establecer si el Distrito impondrá una restricción uniforme o entregará un marco general para que cada comunidad defina los horarios, excepciones y procedimientos.
Los lineamientos nacionales
Bajo esta misma línea, en marzo de 2026, el Ministerio de Educación presentó las orientaciones de Entornos Seguros de Aprendizaje para desarrollar la Ley 2170. Estas directrices buscan equilibrar el aprovechamiento de la tecnología con la prevención del ciberacoso, la difusión de contenidos íntimos y las distracciones.
El documento establece que los manuales de convivencia deben actualizarse de manera participativa e involucrar a los estudiantes en la definición de cuándo y cómo se utilizarán los dispositivos. También asigna responsabilidades a las familias frente al tiempo de exposición a pantallas, especialmente entre menores de 13 años.
El Ministerio recomienda combinar actividades digitales y analógicas, además de formar a los estudiantes para interpretar contenidos, reconocer riesgos y relacionarse de manera crítica con la inteligencia artificial. Las orientaciones nacionales conciben la regulación como parte de un proceso pedagógico y de corresponsabilidad.
La cartera ya había advertido en 2024 que los colegios públicos enfrentaban condiciones diferentes a las de las instituciones privadas dotadas con tabletas, computadores y laboratorios, puesto que, en algunas comunidades, el celular personal continúa siendo el principal medio disponible para consultar información y desarrollar actividades digitales.
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Por Redacción Bogotá
