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Desde este viernes, 600 pequeños transportadores que entregaron sus vehículos a los operadores quebrados del Sitp Egobú y Coobús, por fin recibirán el pago por sus buses. El alcalde Enrique Peñalosa firmó el decreto con el que Transmilenio puede consignar los montos y darles el reconocimiento por haber sido los más afectados con la liquidación de estas empresas. (Lea: Lo que el Distrito les ofrece a los pequeños transportadores del Sitp)
De acuerdo con el Distrito, “para dicho reconocimiento se tomará como base el valor de venta del vehículo, el cual será indexado a 31 de diciembre de 2016, lo que preserva el patrimonio de los pequeños propietarios”. Se espera pagar durante todo el proceso 867 vehículos.
Transmilenio asegura que desarrolló una estrategia de intervención social para conocer las afectaciones de cada uno de los propietarios y estableció un trabajo interinstitucional en el que participaron las secretarias de Movilidad, Hacienda y Desarrollo Económico, “para brindarles un acompañamiento conjunto, no solo en la solicitud de su reconocimiento, sino en la orientación necesaria para el emprendimiento de nuevas ideas o la formalización de sus negocios actuales”.
¿Qué pasó con los pequeños transportadores?
El Sitp fue diseñado para que nueve operadores privados se encargaran del negocio del transporte de Bogotá. Como no querían que se monopolizara, llamaron a los pequeños transportadores para que crearan sus compañías y compitieran con los grandes. Así fue como se crearon Egobús y Coobús. (Lea: El fracaso de los pequeños transportadores)
Cuando a los pequeños transportadores los invitaron a sumarse a Coobús y Egobús parecía un negocio perfecto: los dueños de los buses tradicionales entregaban sus vehículos al nuevo Sistema Integrado de Transporte (SITP) y a cambio las empresas les pagarían una renta mensual que oscilaba entre $1,5 millones y $2,5 millones, por 24 años. Casi todos los propietarios pensaron que tenían la vida arreglada. A otros los obligaron a aceptar, cancelándoles la tarjeta de operación.
Pero eso no pasó. El modelo no funcionó. Los números jamás cuadraron y al final la Superintendencia de Sociedades declaró en quiebra a estas empresas. Sus inversionistas no recibieron un centavo por los buses que entregaron, a pesar de que en los contratos quedó estipulado que si los operadores no cumplían con su parte, Transmilenio debía asumir la deuda. Durante 38 meses, los afectados han reclamado que les paguen sus vehículos y la renta pactada desde un comienzo.
El alcalde Enrique Peñalosa anunció que los pequeños propietarios que se vincularon a las empresas fallidas Egobús y Coobús recibirán un reconocimiento por el valor actualizado de su vehículo a diciembre 31 de 2016, sin descuentos. El mandatario aclaró que no se trata de la compra del bus, ni el pago de las rentas, sino de un beneficio por haber sido los más perjudicados en el fracaso de los operadores.
Sin embargo, no todos están conformes con la firma de este decreto. Alrededor de 400 transportadores afectados aseguran que la propuesta es insuficiente y no cubre sus afectaciones. Consideran que es injusta, pues solo les quieren pagar un reconocimiento y no los 38 meses de renta que les deben desde el momento en que se la jugaron por hacer parte del sistema entregando su único patrimonio. (Lea: La disidencia de los pequeños transportadores que pertenecían al Sitp)
Jacobo Morales, representante del gremio, explica que se debe tener claro que los pequeños transportadores se dividen en dos grupos: los que confiaron en el sistema desde el principio y entregaron sus vehículos a cambio de las rentas, y los del SITP provisional, que hoy siguen operando con el modelo de colectivo anterior.
Morales insiste en que el acuerdo les sirve a quienes aún no han entregado sus buses. Ellos fueron los que aceptaron el decreto. Pero a los que les deben la renta, ese monto solo les serviría, si acaso, para pagar algunas deudas: “Como si fuera poco nos toca pagar las multas e intereses de cinco años y la chatarrización del vehículo. Eso debió ser responsabilidad de Egobús y Coobús. Y como si fuera poco, solo podemos acceder a la plata si no demandamos a Transmilenio”.
El argumento de la administración es que no puede asumir, con recursos públicos, compromisos contractuales entre terceros ajenos al Distrito. “Es lo que jurídicamente pueden hacer después de un estudio legal juicioso, porque en Colombia no existen esquemas de salvamento de transporte público”, dijo en su momento Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio.
El vocero de los trasportadores inconformes asegura que seguirán su lucha por vía judicial y que no descansarán hasta que el Distrito les responda por la implementación de un modelo mal diseñado.
Por Redacción Bogotá
