Este lunes se radicó ante la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de nulidad contra el artículo 5.° de la recién aprobada reforma tributaria de Bogotá, sancionada el pasado 8 de octubre. La demanda fue presentada por el activista Alejandro Palacio Restrepo en nombre propio, tras una convocatoria ciudadana abierta en redes sociales.
Esta disposición otorga una exención del Impuesto Predial Unificado para inmuebles destinados a proyectos de arrendamiento especializado —edificios de mínimo cincuenta unidades, bajo un único propietario y destinados exclusivamente al arriendo—, aplicando porcentajes decrecientes a lo largo de una década.
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El accionante argumenta que la medida fue tramitada de forma irregular al omitir la inclusión explícita del impacto fiscal exigido por la ley presupuestal, omitiendo también la debida justificación técnica requerida. Asimismo, sostiene que la normativa vulnera los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria al introducir un trato diferenciado carente de un sustento objetivo y verificable.
"En ese escenario, la reforma premia la vivienda construida para arrendar. Para quien compra para habitarla, no contempla ningún beneficio equivalente", cuestionó Alejandro Palacio.
La demanda también documenta tres advertencias formales durante el trámite: la ponencia de primer debate del concejal Julián Triana Vargas, la intervención del concejal Julián Espinoza en la sesión del 18 de septiembre y la plenaria del 28 de septiembre, donde los concejales Espinoza, Donka Atanasova y Quena Ribadeneira volvieron sobre lo mismo. Requerido ese día, el Secretario Jurídico del Distrito no presentó diagnóstico ni estudio de impacto.
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Como parte de las pretensiones, Palacios le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar la suspensión provisional de los efectos del artículo 5° desde la admisión de la acción y advierte que, de no frenarse cautelarmente la exención, el Distrito dejará de percibir millonarios ingresos tributarios durante el tiempo que tome el juicio, generando un perjuicio económico de difícil recuperación si el acto es finalmente anulado. La sección cuarta del alto tribunal evalúa si admite o no la demanda.