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En una rueda de prensa en la que figuró junto con Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, el alcalde Enrique Peñalosa respondió al proceso de responsabilidad fiscal que acaba de abrirle la Contraloría Distrital por un presunto detrimento patrimonial, al no tener en cuenta los estudios que contrató la administración anterior para estructurar la primera línea del sistema. (Lea: Peñalosa, a responder por presunto detrimento en estudios del metro)
De acuerdo con el mandatario, quien se declaró tranquilo por las decisiones que se han adoptado para hacer realidad un metro elevado, con los estudios que se recibieron “no era posible hacer el sistema”. Peñalosa insistió en que el cambio del diseño obedece a un asunto presupuestal.
“Con los estudios recibidos no era posible hacer el metro de Bogotá. Financieramente, era imposible realizar un metro subterráneo, por eso tuvimos que realizar unos estudios nuevos para que fuera elevado. (Sin embargo), sí utilizamos parcialmente los anteriores estudios, como por ejemplo en el estado del subsuelo y en la trayectoria hacia el occidente de la ciudad”, declaró el mandatario.
“Estamos tranquilos con las decisiones que hemos tomado de manera conjunta con el Gobierno Nacional para la construcción del metro de Bogotá. Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que estamos trabajando correctamente para hacer realidad el sistema. Estamos haciendo lo que es técnicamente correcto, haciendo el mejor uso de los recursos públicos y los ciudadanos van a tener su metro”, agregó Peñalosa.
A su turno, Andrés Escobar manifestó extrañeza por el proceso que abrió el ente de control e indicó que el proyecto de metro planteado por la anterior administración no era viable “porque excedía en más de $3 billones y medio el presupuesto disponible” para el proyecto.
“No hubiéramos podido cumplir con nuestro mandato de realizar el metro si no buscábamos la optimización del proyecto para hacerlo viable y que su costo se ajustara al presupuesto. Es un poco extraño para nosotros que estemos en un cuestionamiento porque estamos cumpliendo con la obligación que tenemos que es sacar adelante el metro con el recurso que hay (…) Nos hubiéramos podido quedar dando vueltas soñando con un metro que no se podía hacer”, señaló el gerente del Metro.
El proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con un presunto detrimento patrimonial –que asciende a los $146 mil millones– en el que habrían incurrido Peñalosa y su funcionario al no tener en cuenta los estudios que elaboró la administración pasada.
De acuerdo con el contralor distrital, Juan Carlos Granados, se busca determinar si la decisión fue acertada en términos de eficiencia y eficacia, dado que se trata de estudios que fueron avalados por el Banco Mundial y las universidades Nacional y Los Andes, en los que se estructuró un sistema subterráneo, diferente al metro elevado que ha ideado la administración Peñalosa.
“Se trata de establecer si hubo un detrimento patrimonial al no utilizar o utilizar parcialmente los estudios. Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente y económica (…) Los recursos del Distrito son del Distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles, a menos de que se compruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia”, declaró Granados, alertando que en poco más de dos meses –según el cronograma de la obra– se debefirmar el convenio de cofinanciación que garantizará los recursos para el proyecto por parte del Gobierno Nacional.
Para la firma de tal convenio, el Distrito deberá tener listos los estudios de detalle, proceso en el que se trabaja actualmente y que había dejado listo la administración pasada. En ese sentido, Granados expresó preocupación porque no se alcance a cumplir con el cronograma y no se logre abrir la licitación del sistema, prevista para noviembre próximo.(Lea: El metro de Bogotá y su lucha contrarreloj)
“Estamos conminados a dos meses y 10 días de la firma de un convenio, circunstancia que, si no se diere en cumplimiento de los requisitos del Confis, se traduciría en que no tendríamos iniciación del metro, por lo menos no en los próximos años”, agregó el funcionario.
Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez entre en vigencia la Ley de Garantías en noviembre, por el inicio de las campañas electorales, no se podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. Para abrir la licitación del metro este año, el Gobierno y el Distrito deben firmar un convenio de cofinanciación con el que comprometen las vigencias futuras, es decir, el dinero que durante 30 años cada uno asignará a esta obra.
Tanto Peñalosa como el gerente del Metro deberán comparecer el próximo 29 de agosto a la Contraloría Distrital para que rindan versión libre y detallen las razones de la medida. El proceso de responsabilidad fiscal busca recuperar los dineros públicos que presuntamente hayan sido malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.